Ordoliberalismo o barbarie

El sector de entidades de crédito en España bulle en la preparación de varias fusiones bancarias anunciadas: la de Bankia y Caixabank (que permitiría alcanzar a la entidad resultante la primera posición del ránking de bancos españoles) y, en segundo lugar, la de Liberbank y Unicaja (con la que se obtendría una nada desdeñable quinta posición). 

Esta intensa política de concentraciones, que no es nueva, sino una continuación de una oleada previa exigida por la crisis financiera de 2007, se ha defendido como necesaria desde ciertos sectores con dos argumentos centrales: la consecución de mayor eficiencia, de la mano de una conveniente restructuración y consolidación del sector dirigida a reducir el impacto de una posible crisis (el Consejo de supervisión del BCE ya ha advertido, como escenario posible, del aumento de la debilidad de los bancos por los préstamos de dudosa devolución resultado del covid-19) y, eventualmente, una mayor probabilidad de recuperar las cuantiosas ayudas públicas recibidas por estas entidades durante la última década (circunstancia que, de todas formas, se ha calificado recientemente como “limitada o escasa” por parte del Presidente del FROB). 

Siendo la concentración bancaria una posible fórmula para alcanzar tales resultados, conviene no perder de vista los graves problemas que también presenta, que aconsejarían explorar vías alternativas, sin renunciar a tratar de alcanzar los objetivos apuntados. 

Las concentraciones, desde una perspectiva de Derecho de la competencia, están supeditadas, superados determinados umbrales, a la autorización previa de las autoridades de competencia. Y esta condición administrativa no es caprichosa. Se exige porque la consecuencia directa de la operación es una disminución del número de competidores en el mercado, aunque no necesariamente de la competencia. La reducción de esta última dependerá de la estructura de mercado post-concentración y del comportamiento de las empresas restantes en el mismo. Así, las operaciones de concentración sólo se autorizarán si, como consecuencia de las mismas, no se elimina o restringe gravemente la competencia. 

Para poder llevar a cabo este análisis, debe prestarse atención al elevado índice de concentración ya existente en el sector bancario en nuestro país. El Banco de España ponía de manifiesto la tendencia proclive a la concentración que llevaba fraguándose en el mercado español durante los últimos años, en los que los 5 grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) habían reforzado su representación relativa en el mismo (conjuntamente, acumulaban un 70% de cuota del mercado a finales de 2018, con una tendencia alcista, que nos aleja de distribuciones mucho más repartidas en otros países de la Unión Europea). 

Esta estructura oligopolística es un peligro para el propio mercado, para la economía en general y para los consumidores, especialmente si la misma se ha logrado no por una lucha competitiva por los propios méritos de cada una de las entidades bancarias, sino que ha sido resultado de una política muy activa de concentraciones. La configuración futura del mercado, de autorizarse las fusiones solicitadas, dibuja un escenario en el que los operadores tendrán escasos incentivos para competir y muchos, en cambio, para coludir o ejercer el dominio de forma poco equitativa. 

Si la escena anterior no era suficientemente disuasoria de esta fórmula concentrativa como panacea contra los males expuestos, la utilidad de tales operaciones a los efectos de recuperar las ayudas de estado y la mejora de la eficiencia y la seguridad frente a una posible nueva crisis financiera es, como mínimo, cuestionable. Proyectada sobre el actual proceso de concentración, la probabilidad de recuperar ayudas públicas, razón estrella alegada por el FROB para entrar de cabeza en la fusión con CaixaBank, ha de matizarse apuntando varias cuestiones previas. Actualmente, el 62% de capital en Bankia es público, porcentaje que disminuirá al 16% en la entidad absorbente. Y esta reducción se produce por varios motivos: porque evidentemente, se diluye en un capital social superior, pero también, y más importante, porque el tipo de canje no es el más beneficioso. El FROB tiene contabilizada su participación en Bankia por valor de 9.500 millones, mientras que, a precio de mercado, se estima en un tercio, haciendo de la operación poco menos que una venta ruinosa, y poniendo de relieve que, quizás, desde una perspectiva de interés público, no es el mejor momento para la fusión. Adicionalmente, tampoco parece una estrategia muy indicada en general si el fin es recuperar la ayuda pública, pero es especialmente poco recomendable si se pretende hacerlo a través de la venta de acciones “en pequeños paquetes diarios”, que ni siquiera garantizarían el control de la sociedad, inspirada en la estrategia británica. 

Pero es que, para culminar esta composición de lugar, que se diluya el porcentaje de capital social disuelve el poder de decisión en el consejo. Las escasas capacidades de influir en defensa del interés público las decisiones del banco en los potenciales albores de otra crisis debería preocuparnos mucho, si no fuera porque, actualmente, ya se había renunciado a tal posibilidad: como confiesa el Presidente del FROB, la política rectora de su actividad es de no injerencia. 

En segundo lugar, merece la pena refrescar la memoria: los bancos grandes no siempre son mejores ni más seguros, sino más bien a la inversa: más propensos a asumir riesgos innecesarios y más impermeables al control. Amén de que, cuanto más grandes, mayor es el riesgo sistémico que suponen para la economía y la inevitabilidad de que, llegado lo peor, no exista alternativa al rescate, otra vez, con dinero público. De hecho, actualmente, y para prevenir ese desenlace, ya se están implementando medidas dirigidas a aumentar la solvencia de las entidades de crédito (curiosamente batalladas por las propias entidades), como, por ejemplo, la prohibición temporal de repartir dividendos.   

Podemos y debemos explorar alternativas distintas a las tradicionales y al cómodo expediente de concentrar entidades para “ganar músculo” para reforzar el sector financiero y prepararlo para enfrentar más solventemente las crisis, como han hecho y están haciendo otros países europeos. 

Carmen Rodilla Martí. Profesora Ayudante Doctor de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia)