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el ayuntamiento rechazará el viernes el recurso de la promotora

Paellas Universitarias pidió una declaración responsable que era inviable

15/04/2019 - 

VALÈNCIA. Los organizadores de las Paellas Universitarias pidieron una declaración responsable el mismo día -dos horas antes- de la celebración del festival para poder celebrarlo. Sin embargo, esta era absolutamente inviable porque su petición no cumplía con los requisitos legales. Así lo recoge la resolución que deniega dicha declaración y que saldrá adelante en el Ayuntamiento de València.

Tal como avanzó Valencia Plaza el pasado viernes, el consistorio desestimará mediante esta resolución el recurso de reposición interpuesto por la promotora y se inadmitirá la declaración responsable presentada in extremis para abrir el recinto al público. No podrá ser rechazado oficialmente hasta el viernes, puesto que la competencia para hacerlo es propia de la Junta de Gobierno Local, que no se reunirá hasta entonces.

"En el recurso interpuesto el interesado afirma que el evento no exige autorización, sino declaración responsable", explica el documento, que detalla a continuación los argumentos en contra. Entre ellos, se explica que la declaración responsable se debe presentar ante el ayuntamiento con un mes de antelación y que, además, no se puede tramitar en espectáculos organizados en espacio abierto con un aforo superior a 1.000 personas. El espacio elegido por la organización se trata de un espacio abierto, detallan los técnicos, al tratarse de una explanada, independientemente de estar delimitada por vallas o no.

Por todo ello, esta declaración era inviable, si bien sirvió a los organizadores para poder celebrar el festival, que ya había vendido miles de entradas pese a no tener autorizado ningún recinto. Al haberse presentado a última hora tanto la declaración responsable como el recurso, el consistorio no tuvo tiempo para estudiarlo con tanta celeridad, por lo que su denegación se aprobará más tarde y el festival no pudo ser clausurado el pasado viernes. Con esta denegación por parte del consistorio, basada en el incumplimiento de la legislación autonómica de espectaculos, se caminaría hacia poner a posteriori una multa económica de entre 30.000 y 300.000 euros.

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