Pagar las facturas de otros (y dejar a deber las tuyas)

Es hora que lo reconozcamos. El problema de la infrafinanciación no cala entre la sociedad valenciana. Más allá de ciertas élites académicas, sociales (patronales y sindicales), periodísticas y políticas, la inmensa mayoría de la ciudadanía valenciana continua ajena a una problemática que condiciona, y mucho, el bienestar y la prosperidad presente y futura de todos nosotros y todas nosotras.

Igual que lo ha condicionado en los últimos (al menos) 40 años, que son lo que llevamos de autogobierno. Los datos objetivos están ahí. Las valencianas y los valencianos hemos recibido durante décadas, peores servicios públicos que el resto de los españoles (bienestar), pues no ha sido hasta 2018-2019 cuando nos hemos acercado por primera vez a la media de gasto público por habitante. Pero también nos hemos empobrecido por la falta de recursos económicos de nuestro gobierno autonómico para llevar a cabo inversiones y políticas públicas (prosperidad), que tampoco han sido suplidas con un mayor gasto en territorio valenciano por el Gobierno Central, sino todo lo contrario, los Presupuestos Generales del Estado han ahondado en la brecha entre la Comunitat Valenciana y el resto. Todo ello mientras otros gobiernos autonómicos (y la propia Administración General del Estado) disponían de más dinero para desarrollar sus competencias y, por tanto, prestar mejores servicios, inversiones y políticas públicas en favor de su población. Una población que, además, y para rematar la injusticia, disponía de mayor renta que la valenciana ("La Comunitat Valenciana pierde un puesto en el ranking y ya es la sexta más pobre", Valencia Plaza 30/04/2019).

El recurso fácil sería atribuir esta indiferencia a la poca conciencia valenciana/ista (nacional o regional, como cada uno prefiera) de nuestros conciudadanos. Una poca conciencia autóctona que, sumada al tópico del meninfotisme (que suele acabar siendo "la profecía que se cumple a sí misma"), sería una justificación tranquilizadora y exculpatoria para todos los que hemos asumido en este momento de la historia de nuestro Reino/País/Comunitat una responsabilidad social (ya sea pública, desde las administraciones; o privada, desde las organizaciones de la sociedad civil).

Pero no. Creo que lo más honesto es que las personas que hemos asumido dicha responsabilidad, que lo hemos hecho voluntariamente, y que tenemos un compromiso con el resto de la sociedad valenciana que confía en nosotros (cada uno en su ámbito: los periodistas con sus lectores, los sindicatos y la patronal con sus afiliados/asociados, etc.), es hacer autocrítica y preguntarnos en qué estamos fallando. Y para mí, estamos fallando en la "explicación" del problema. Y sin una buena "explicación", la "comunicación" funciona mal y la "concienciación" sobre la existencia de tal problema no es posible.

Hemos explicado la "infrafinanciación" en términos muy técnicos y abstractos, como si fuera un tema de “macroeconomía” o más concretamente de teoría de la “hacienda pública”, y no un problema que afecta directa y diariamente a la vida de las personas, entidades y empresas valencianas. Empezando por el propio término de "infrafinanciación" (que el corrector del procesador de textos marca como error ortográfico, seguramente porque no existe en el diccionario). Para la ciudadana o el ciudadano medio "financiación" alude a los préstamos: al consumo o hipotecarios. Y si ya le añadimos el prefijo "infra" el concepto de lo que queremos expresar queda aún más confuso.

Entiendo que lo hemos hecho así para ser rigurosos técnicamente y "políticamente correctos". Pero hemos olvidado dos cosas. Por un lado, que la buena comunicación distingue entre registros: formal e informal, y que si queremos convencer de nuestros argumentos, los que trabajamos para concienciar de este problema, tendremos que hacernos entender y no esperar que los demás hagan el esfuerzo por entendernos. Y por otro lado, que la situación está llegado ya a un punto insostenible, a la vez que, sin embargo, se ha abierto un horizonte de perspectivas de solución a medio plazo (o compensación a corto), que hacen preciso abandonar el lenguaje aséptico de la "corrección política", en favor de otro mucho menos sutil y elevado, y más directo y cotidiano. Es el momento de la verdad (en ambos sentidos de la expresión).

Habrá, por tanto, que empezar a hablar en otros términos, más explícitos y claros. Más apegados a la realidad del día a día de las personas, pues necesitamos generar un potente movimiento social de apoyo para conseguirlo. Y esta Secretaría Autonómica de Hacienda se compromete a partir de hoy, a hacerlo. Vamos a ello.

Pasamos todo el verano y parte del otoño pasado "a vueltas" con la actualización de las "entregas a cuenta" de la financiación autonómica del ejercicio 2018. Una financiación que aún no nos han pagado en su totalidad (liquidado), porque lo hacen con dos años de diferencia, pese a que la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) ya tiene cobrados todos nuestros impuestos de un año a fecha 30 de junio del siguiente (el IRPF es el último que se paga). Mientras tanto, cada mes nos realizan una serie de "entregas a cuenta", sobre una previsión de recaudación que, en los años de crecimiento económico como 2018, puede quedar desfasada en positivo (recaudándose más de lo previsto). Finalmente, y tras mucho recorrido, el Gobierno estatal aprobó por Real Decreto-Ley dicha actualización, y las entregas a cuenta que recibimos los pasados meses de noviembre y diciembre, y las que hemos ido recibiendo en enero y febrero, ya están revalorizadas (e incluyeron los "atrasos": la diferencia entre lo que recibimos de enero a octubre de 2019, y lo que debimos de recibir).

Estas transferencias, teniendo en cuenta que los tributos recaudados directamente por la Generalitat a través de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) representan una parte muy minoritaria de nuestros ingresos (sobre un 10 %), son el grueso del dinero con el que la Generalitat paga sus (nuestras) facturas de la Sanidad, la Educación, las Políticas Inclusivas y el resto de políticas públicas autonómicas. La sorpresa es que, pese a que somos más pobres que la media de territorios y los que recibimos menos transferencias por habitante (según FEDEA, en 2017, 198 €/habitante por debajo de la media y 641 €/habitante menos que Cantabria), aportamos recursos a un "Fondo de Suficiencia Global" ("La Comunitat recibe 170 millones de las entregas a cuenta, pero aporta 140 al Fondo de Suficiencia", Valencia Plaza 29/11/2019), dinero que reciben otras comunidades autónomas, en muchos casos, con una renta per cápita superior a la nuestra. Unos mayores fondos que les permiten, ya no presupuestar más gasto (que también) sino pagar mejor y más rápido a sus proveedores, mientras la Generalitat tiene mayores dificultades (lo cual perjudica a las empresas que trabajan con la misma, básicamente valencianas, y a la propia Administración valenciana, pues afecta a su crédito); y pese a una gestión profesional y rigurosa a la vez que social de nuestra Tesorería (los datos del Periodo Medio de Pago a Proveedores -PMP- así lo demuestra), no nos queda otro remedio que pagar en gran parte mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es decir, asumiendo más deuda.

Por tanto, podemos afirmar que las valencianas y los valencianos estamos pagando las facturas de los servicios públicos de otras ciudadanas y ciudadanos, y dejando a deber las nuestras (ya sea porque pagamos con menor rapidez o porque las pagamos a través de deuda). Y si, según hemos apuntado, seguimos teniendo un gasto público por debajo de la media autonómica, pero en cambio, nuestros ingresos no nos dan para hacer frente al mismo, es fácil llegar a la conclusión lógica que nuestro problema es de ingresos y no de gastos, ¿no?

Francesc Gamero Lluna es Secretario Autonómico de Hacienda de la Generalitat valenciana