El PAI del Golf de Torreblanca echa a andar y fija en casi 80 millones las cargas de la urbanización

CASTELLÓ. Las obras de urbanización para hacer realidad el PAI del Golf de Torreblanca proyectado en 2003 sobre casi dos millones de metros cuadrados y reactivado este 2024 con la nueva corporación ascienden a casi 80 millones de euros que tendrán que asumir los propietarios de los terrenos. El acuerdo plenario de abril de este año que aprobó de forma provisional la adjudicación del PAI a la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Azahar Sea Torreblanca ya es definitivo. La AIU está impulsada por Fomento Urbano de Castellón, que compró a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) el suelo que poseía en el PAI (contaba con el 78%). 

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes el convenio urbanístico del proyecto que, tal y como recoge el texto, solo podía realizarse cuando la aprobación y adjudicación del PAI fuese definitiva. Para ello, se han debido dar antes dos pasos imprescindibles: la resolución definitiva de la disponibilidad hídrica para el proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la remisión a la Dirección General de Urbanismo del cumplimiento de los condicionantes impuestos por el departamento autonómico.  El PAI fue inscrito oficialmente el pasado 16 de octubre. 

De un aval de 15,6 millones a sólo 3

El convenio urbanístico confirma que la AIU no tendrá que prestar un aval de 15,6 millones como condición a la adjudicación tal y como se estableció en el acuerdo plenario de abril de este año, puesto que el consistorio ha acordado eximir de los 12,26 millones de euros de la garantía correspondiente a la obra para la conexión con la desaladora de Oropesa que debe garantizar el suministro de agua al megaproyecto urbanístico. El convenio establece que "no será necesario" el depósito de esta garantía, "ya que la financiación de dichas infraestructuras corre a cargo de Acuamed". 

Cabe recordar que el acuerdo con Acuamed que el Ayuntamiento de Torreblanca aprobó para garantizar el abastecimiento de agua al futuro PAI contó con un informe previo de la intervención municipal que ponía en duda su sostenibilidad financiera al apuntar que carece de datos relevantes como el coste que asume el consistorio ni consta ningún plan de financiación para explicar cómo hará frente al pago de las infraestructuras necesarias.

En la proposición jurídico-económica del PAI publicada ayer se recoge además que el agente urbanizador únicamente se hará cargo del 49,8% del coste de las obras de la conexión hídrica: 6,1 millones de euros y no los 12,26 del total, en base al suministro necesario para el proyecto urbanístico. 

Con todo, la garantía a depositar ante el Ayuntamiento antes de la firma del convenio ha pasado de los más de 15 millones de euros a 2,5 millones correspondientes al 5% de las cargas de urbanización delas obras internas. El otro 5% correspondiente a las obras externas y de conexión (sin tener en cuenta la desaladora) asciende a medio millón de euros y se depositará antes de la licitación de las obras. En total, un garantía de unos tres millones.

El de Torreblanca se trata de un proyecto urbanístico ideado hace más de veinte años sobre una superficie de casi dos millones de metros cuadrados junto a la costa. El PAI se concibió entonces como un complejo con 4.400 viviendas, cuatro parcelas para uso hotelero, áreas comerciales y un campo de golf de más de 600.000 metros cuadrados.

Pago de cargas en metálico... o en terreno

La proposición jurídico económica del proyecto publicada ahora establece en casi 80 millones de euros las cargas de urbanización a asumir por los propietarios. Estas cargas se reparten en 51,55 millones de euros correspondiente a las obras internas (presupuesto de licitación de las obras, sin contar IVA); 10,6 millones de euros de obras externas de conexión (suministro eléctrico y ampliación de la depuradora); 1,27 millones de honorarios; 3,17 millones de gastos de gestión y otros 3,17 millones de beneficio empresarial (un 5%). En total, 69,8 millones de cargas de urbanización fijas. A ellas hay que sumar las cargas de urbanización variables estimadas en 9,2 millones de euros: tres millones por las obras del parque litoral y segunda fase de la Carrassa y 6,1 millones del coste de la conexión hídrica. 

El importe a que ascienden las cargas de urbanización que todos los propietarios deben retribuir al agente urbanizador asciende a 79 millones de euros. El convenio establece además que se dará un plazo para que los propietarios de los terrenos puedan optar por modificar el sistema de retribución de las cagas de urbanización y cambiar del pago en metálico (aprobado en su día) a un pago en terrenos. 

Una vez firmado el convenio urbanístico, la AIU deberá presentar el texto refundido del PAI adaptado a la legislación vigente y, posteriormente, llevar a cabo la contratación de las obras.