Parafraseando lo que Paul Krugman escribiera sobre la importancia de la productividad, la creación de un mercado global no lo cambia todo, pero sí cambia casi todo. Uno de sus rasgos es la producción segmentada a través de las cadenas de valor globales. La reducción del coste de transporte y las transformaciones tecnológicas han dado paso a la producción de bienes y servicios formados por componentes procedentes de una multiplicidad de países; bienes multinacionales. Un aspecto sobre cuya importancia la Organización Mundial del Comercio viene insistiendo desde hace años.
La combinación de este proceso con la ausencia de regulación del avance de la globalización en estos decenios pasados ha provocado el ascenso de las empresas multinacionales a nuevos líderes mundiales. Frente a la disociación entre aquellos países en dónde idean y diseñan un bien (o un servicio), dónde producen sus componentes (o de dónde los adquieren), dónde lo ensamblan, dónde lo venden y dónde declaran los beneficios, los gobiernos de los países siguen anclados en estructuras organizativas nacionales. Aferrados, como una parte creciente de sus ciudadanos, a un mundo ya desaparecido en el cual el conjunto de la actividad (menos las importaciones) tenía lugar en el territorio bajo su autoridad. El resultado es que los gobiernos no pueden hacer frente con eficacia a las prácticas de las grandes empresas para reducir, sin violentar la legalidad, el pago de impuestos.
Si a ello se suman las distorsiones provocadas por los acuerdos para evitar la doble imposición (que un mismo hecho imponible tribute en dos países diferentes) y las posibilidades de la ingeniería contable y societaria, el resultado ha sido una ingente elusión fiscal, definida como la actuación de una empresa para pagar menos impuestos sobre beneficios de lo que una interpretación razonable de las leyes de su país exigiría, y hacerlo en uno diferente a aquel en el cual se realizan las transacciones que originan las bases imponibles.
Su cuantía exacta no es sólo desconocida, quizá sea, incluso, imposible de calcular. Estas empresas utilizan, además de lo anterior, es precios contables sin relación con los reales en las relaciones entre sus filiales. De esta forma los beneficios afloran donde la presión fiscal es menor. Pero si hay algunos hechos que apuntan a que las grandes multinacionales tienen localizada el grueso de sus ventas en unos países y declaran los beneficios (y pagan impuestos) en otros.
La transparencia de la administración estadounidense, impensable en la UE y todavía más en España, permite mostrar uno de ellos recogido en el gráfico. Las cifras del IRS (la Agencia tributaria de Estados Unidos) muestran cómo entre 2004 y el último año publicado, sus beneficios declarados en paraísos fiscales han aumentado de manera espectacular. Entendiendo por éstos, los países, o simples territorios, en los cuales existe un marco normativo para ayudar a los no residentes a evitar sus obligaciones tributarias en los países de residencia. Baste señalar que la posición por encima del 300% en Irlanda y Luxemburgo en el gráfico significa que se han más que triplicado. Por el contrario, en el mismo período en los principales mercados de estas empresas han disminuido. Y así, por ejemplo, en el último de esos años, el importe declarado en Irlanda represente el 57 % de su PIB y los declarados en Luxemburgo el 87% del Gran Ducado.
Como es obvio, esas cifras no corresponden a su actividad en esas dos economías. Es la consecuencia del privilegiado marco fiscal establecido por sus gobiernos para favorecer la localización en su territorio. A pesar de ser miembros de la UE, tanto Irlanda como Luxemburgo tienen un marco tributario favorable a la elusión por las multinacionales del pago de impuestos en los países en donde realizan la mayor parte de sus transacciones. En la definición enunciada más arriba, son paraísos fiscales. Y las multinacionales lo aprovechan.
La elusión fiscal no es nueva pero sí lo es su espectacular expansión. Basta comparar las cifras mencionadas con las del año 1999 recogidas en un informe del Congressional Research Service: entonces los % sobre PIB de esos dos países eran del 14% y el 19% respectivamente. Este aumento se explica por dos motivos. De un lado, por la adaptación de estas empresas a las posibilidades ya comentadas del mercado global. De otro, por la negativa de los gobiernos nacionales, y de buena parte de los ciudadanos, a aceptar que las consecuencias de la nueva geografía económica de la producción exige de nuevas formas de cooperación supranacional. De manera aislada la mayoría de los países, los que son economías abiertas pequeñas, no tienen capacidad para combatir esas prácticas.
En el caso de España, lo anterior debiera tenerse en cuenta cuando se lanzan proclamas contra el marco natural de esa cooperación que es la UE contraponiéndola a una reivindicación de la soberanía nacional nunca concretada. No se trata de defender cómo ha venido actuando su Comisión. Pero sí de apuntar que la desaparición de los paraísos fiscales, en España impulsada por las ONGD como ahora Intermon Oxfam y no, por desgracia, por las formaciones políticas, exige avances en esa delegación de soberanía. De otra manera se hace imposible avanzar en la armonización fiscal, paso previo para evitar este tipo de prácticas no solo realizadas por minúsculos territorios como Bermudas u otras islas caribeñas.
Tras el fracaso de poner coto a estas prácticas en 2011, el plan actual del comisario Moscovici las moderará, de tener éxito, como muy pronto dentro de una década. Mientras tanto, las empresas van a seguir actuando como hasta ahora porque así se lo permiten la ausencia de instituciones supranacionales con capacidad de decisión ante la negativa de los gobiernos de los países afectados a aumentar su cooperación, creando, como ocurriera tras la Segunda Guerra Mundial, nuevas instituciones para hacer frente a una estructura de la economía mundial también nueva. Pero conviene no engañarse: los gobiernos nacionales actúan así porque sus ciudadanos tampoco son favorables a cesiones de soberanía. Sin embargo, a mayor exigencia de mantener el status quo actual de Estados-nación, más difícil será acabar con la elusión fiscal y los paraísos fiscales.
