VALÈNCIA. Imagino que han oído ustedes hablar en alguna ocasión de las Comisiones de Investigación que se constituyen en las Cámaras. Es frecuente que los Parlamentos Autonómicos pongan en marcha durante la legislatura una, dos o hasta tres Comisiones de Investigación sobre asuntos que afectan a la gestión del ejecutivo o cuestiones de interés general.
Estas comisiones se proponen generalmente argumentando la necesidad de analizar las responsabilidades políticas de determinados acontecimientos, puesto que (y esto conviene recordarlo) las responsabilidades jurídicas solo se dirimen en sede judicial.
Pasados de frenada, como acostumbran, los “botánicos” han puesto en marcha hasta siete de estas Comisiones de Investigación durante esta legislatura en Les Corts Valencianes, convirtiendo el nuestro en el parlamento autonómico con más Comisiones de Investigación de la historia del parlamentarismo autonómico en España. Sus señorías botánicas, tan desenvueltas entre flashes y shows mediáticos, han hecho del nuestro el parlamento autonómico más cercano a un plató de la Sexta que a la sede de la soberanía del pueblo.
Dirán (imagino) que este frenesí revisionista de los ejecutivos anteriores al suyo deriva de la cantidad de casos de corrupción que se han conocido en nuestra tierra. La verdad es que un repaso a la actividad de otros parlamentos autonómicos (con sonoros debates sobre asuntos de corrupción que les afectan) aporta una visión aproximada de la desmesura del asunto.
El Parlament de Catalunya aprobó dos Comisiones de Investigación: la Comisión de Investigación sobre los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 y la Comisión de Investigación sobre el Proyecto Castor. La Asamblea de Madrid aprobó una Comisión de Investigación sobre corrupción en la Comunidad de Madrid y una Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el Metro de Madrid. El Parlamento de Galicia, aprobó una Comisión de Investigación sobre responsabilidades de la situación de las antiguas cajas de ahorro. Finalmente, el Parlamento de Andalucía, con macrocausas con más de 500 imputados y casi 1.000 millones de euros supuestamente defraudados, sólo ha constituido dos de estas comisiones: la Comisión de Investigación subvenciones Formación Profesional Empleo y la Comisión de Investigación Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
A mi entender, el objetivo de tanta Comisión de Investigación va desde el ánimo de vendetta por los veinte años del gobierno PP hasta la intención maliciosa de mantener a la “muchachada” de las Cortes entretenida (diputados propios, oposición, periodistas etc.) mientras el gobierno del mestizaje avanzaba por la legislatura entre zancadillas, tweets, ceses, nombramientos y otras cosas del querer en política.
No obstante, si me lo permiten, dudo que haya sido interesante para ellos puesto algunas de estas comisiones han dejado en entredicho al actual ejecutivo dejando en el aire reflexiones como por qué Compromís sigue construyendo colegios a través de Ciegsa o la misma Mónica Oltra se ha convertido en la principal valedora de la gestión residencial a través del mal llamado “Modelo Cotino”.
Creo que la política de baja calidad y el revanchismo ha cegado tanto a sus señorías botánicas que se han dejado el eslogan en casa y eso de “rescatar personas” se ha convertido en una bonita frase de azucarillo. Al final, han puesto tantas Comisiones de Investigación en marcha que no les ha quedado otra que dejar en “lista de espera” comisiones sobre la pobreza, la desigualdad, la discapacidad o el acoso escolar.
La Comisión de Estudio sobre pobreza y desigualdad social en la Comunidad Valenciana; la Comisión de Estudio sobre políticas de discapacidad y la Comisión de Estudio sobre prevención de casos de acoso en el ámbito educativo permanecen más de dos años en esa bochornosa “sala de espera”, relegadas permanentemente por otros asuntos de más titulares en prensa.
Como ejemplo, les diré que la Comisión de Estudio sobre pobreza y desigualdad fue propuesta en febrero de 2016 y acaba de constituirse, a meses de disolver la Cámara. Ello contrasta con la realidad social de nuestra Comunitat: un 31% de población en la Comunidad Valenciana vive al límite de la pobreza o la exclusión social y se nos sitúa como la segunda autonomía con mayor tasa de pobreza severa de España. La comisión sobre discapacidad y la de acoso escolar ya no verán la luz.
No sé al resto de mis compañeros, pero a mí, dos años después me abochorna no haber podido tratar estos temas con expertos, no haber elaborado informes y propuestas al ejecutivo, no haber diseñado protocolos de prevención, erradicación o mejora de situaciones como el bullying, las dificultades del colectivo de personas con discapacidad o la pobreza y desigualdad social. Y, por descontado, me provoca contrariedad haber perdido este valioso tiempo con personajes del calado moral del “Yonki del dinero” y otros que, por ganas que les tengamos todos, sólo responden ante la Justicia y no en una Comisión de Investigación de un Parlamento, por mucho que le ponga a algunos el show mediático en Les Corts.
María José Catalá es portavoz adjunta del PP en Les Corts
Panorámica de Les Corts Valencianas. Foto: EVA MÁÑEZ
