VALÈNCIA (EFE). El exresponsable de las finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña forma parte de la lista de trece investigados que deberán comparecer a partir del martes para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga la supuesta trama de corrupción conocida como caso Azud.
Esta nueva ronda de declaraciones judiciales contempla tres jornadas, 13, 14 y 15 de diciembre, durante las cuales han sido citados, entre otros, un cargo político de la empresa pública Acuamed, responsables de firmas constructoras y otros empresarios de diversos sectores con intereses en la Comunitat Valenciana.
Aunque el foco informativo estará puesto sobre Pepe Cataluña, citado el martes a las 13.30, fuentes del caso han informado a EFE de que es muy probable que se acoja a su derecho a no declarar.
En la lista de investigados citados a declarar está también la mujer del ex subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Rafael Rubio, acusada de blanqueo de capitales; dos directivas de Secopsa o los responsables de varias firmas que Anticorrupción considera "instrumentales" (sin personal ni capacidad operativa) a través de las cuales supuestamente el empresario Jaime María Febrer pudo sacar fondos del circuito legal para pagar sobornos.
El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.
No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa), según el sumario de la causa.
Los últimos registros que se produjeron el pasado mes de octubre tienen su origen en la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.
El objetivo principal de esos registros, según apuntaron a EFE fuentes judiciales, era averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba.
El caso se ha desarrollado en varias operaciones policiales desde abril de 2019, cuando fue detenido el abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a empresarios adjudicatarios de obra pública.
En mayo de 2021 fueron detenidos también el que fue vicealcalde de València con Barberá, Alfonso Grau (PP), y quien ejerció la oposición socialista a la alcaldesa y ocupaba el cargo subdelegado del Gobierno (en el momento de la detención), Rafael Rubio, además del constructor Jaime María Febrer o el expresponsable jurídico de Divalterra José Luis Vera.