Los investigadores trazan el rastro del dinero del principal pelotazo de Azud en València 

VALÈNCIA. El caso Azud investiga una presunta trama de comisiones ilegales que empresarios habrían pagado al que fuera vicealcalde de València, Alfonso Grau, y otros responsables públicos y funcionarios a cambio de favores urbanísticos. Uno de ellos, considerado desde el inicio como el principal pelotazo urbanístico de la causa en València, recibe el nombre del 'asunto colegios'. Conforme ha avanzado la instrucción, los investigadores han trazado la pista del dinero de las comisiones que supuestamente habría percibido el el 'número dos' de Rita Barberá por facilitar la operación.

En ella, el Ayuntamiento recalificó varias parcelas y aprobó una permuta a favor de una mercantil del empresario Jaime Febrer, el presunto corruptor y cabecilla de la trama, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas. Un intercambio que, según el juzgado de Instrucción número 13, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos por un valor mucho menor del real, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales, lo que habría reportado a la trama 19 millones de euros de beneficio, y por lo que se habrían pagado a varias personas comisiones de 2,2 millones en total.

Pues bien, tal como refleja el sumario, los investigadores vinculan esta operación con las transferencias que la trama envió a la cuenta bancaria de una de las hijas de Grau, María Ángeles Grau, radicada en Estados Unidos. "Dicha cuenta fue la utilizada por el empresario investigado Jaime Febrer para pagar a Alfonso Grau parte de una comisión por importe de 1 millón de euros que habían pactado y por la que Alfonso Grau propició una de las ocho operaciones urbanísticas" investigadas en el Ayuntamiento de València, en referencia precisamente a la 'operación colegios'.

Del millón de euros que supuestamente habrían pactado como comisión, dice el juzgado, se han detectado tres transferencias entre 2006 y 2008 por un valor total de 282.094,64 dólares. Así pues, los investigadores tiran del hilo de esos envíos de dinero, realizados desde dos cuentas de Suiza y Reino Unido, pero cuyo "ordenante o pagador en todos los casos fue la sociedad mercantil panameña Edimboro Investment SL", una sociedad offshore "instrumental de las que se utilizan tradicionalmente en estas operativas de lavado de dinero", apunta el juzgado.

Es precisamente la empresa panameña que dirigía el promotor Miguel Montoro Tarazona. Y es aquí donde se habría cerrado el círculo, volviendo a la 'operación colegios'. En ella, la beneficiada fue una empresa que pertenecía al 25% a Febrer y en otro 25% a Montoro (el restante 50% a otras dos firmas también investigadas). De manera que los investigadores apuntan a Montoro, por una parte, como beneficiario de la permuta municipal, y por otra parte, vinculado a la empresa que ordenó las transferencias a la cuenta de la hija de Grau, Edimboro Investment.

Esa firma offshore, de hecho, "se considera como instrumento del delito al carecer de actividad comercial alguna, está vigente durante el periodo de tiempo que se producen de manera constante los sobornos y pagos por el amaño de contrataciones públicas, siendo particularmente relevante la actividad que se realiza en la ciudad de Valencia durante los - años 2006 a 2009 como consecuencia de los eventos de la Formula 1 y de la Copa", señala el juzgado.

Esta es una de las comisiones que las pesquisas habrían permitido trazar, junto a otra transferencia de 600.000 euros que tenía como beneficiario el exconseller Rafael Blasco en una cuenta, también radicada en Panamá, en la que aparecía como "socio" de Montoro. Sin embargo, las pesquisas de la causa Azud no ahondan en el posible origen y motivación de este envío de dinero y que vincula a Blasco cuando ostentaba el cargo en el Consell.