Febrer era tesorero de otra firma 'offshore' en Panamá sospechosa de pagar comisiones de Azud

VALÈNCIA. El empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en el caso Azud junto al exvicealcalde de València Alfonso Grau, figuraba como tesorero en otra firma offshore en Panamá sospechosa de pagar comisiones en la citada trama. Así consta en una de las partes del sumario conocida este miércoles y referida en concreto a las actividades desarrolladas por los implicados a través de sociedades panameñas con el objetivo de sortear los controles legales.

Cabe recordar que la titular del juzgado número 13 de Valencia señala en uno de los autos del sumario que Grau participó en "al menos ocho tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas" para beneficiar "al empresario Febrer y sus empresas (Grupo Axis) desde 2003 a 2013". Una década en la que, señala la jueza, el exvicealcalde cobró hasta un millón de euros en mordidas a cambio de favores urbanísticos al citado grupo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, a través del Ministerio de Justicia, cursó una solicitud de auxilio judicial en marzo de 2023 a la procuradoría general de Panamá para pedir la activación de diversas diligencias, al haberse podido "corroborar la existencia de una sociedad radicada en Panamá denominada Construcciones Tritom SA  en cuyos órganos de administración se encuentran, al igual que en el caso de la matriz del grupo empresarial Axis, Jaime Maria Febrer Rovira y Juan Vicente Hermosilla Tro".

El citado grupo Axis es un conglomerado empresarial que, para los investigadores, se sitúa en el epicentro de la trama, siendo la matriz Construcciones Valencia Constitución SL (CVC), cuyos socios eran los investigados Febrer (que ostentaba un 50% del capital social de la misma), y Hermosilla, consejero delegado con un 40% del capital, mientras que la mercantil Grupo CVC Axis -propiedad también de Febrer en su mayoría- ostentaba el 10% restante de las acciones.

En el escrito de la jueza remitido a las autoridades panameñas, se refleja que durante el periodo objeto de la investigación, los implicados mantuvieron "activa" una sociedad offshore radicada en Panamá -Tritom- que no ejercía "actividad comercial en dicho país" y tenía como agente residente al despacho Del Obaldía y García de Paredes.

"Dicha sociedad presumiblemente sirve para efectuar pagos a funcionarios públicos y autoridades del Ayuntamiento de Valencia para cometer hechos delictivos y favorecer al grupo Axis, o a las mercantiles participadas por el grupo Axis en la adjudicación o contratación de obra pública del citado ayuntamiento", subraya la jueza a este respecto.

Además, recuerda que en la causa se han revelado indicios de que el citado grupo, a través de la sociedad CVC, formó parte de la sociedad mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas SL, junto con otras, una de las cuales controlaba la también sociedad panameña 'offshore' Edimboro, a través de la cual se canalizaron parte de los pagos efectuados por el ahora exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau, "en pago por la intermediación de éste en conseguir, a favor de Mediterránea de Actuaciones Integradas, una serie de obra pública que reportaba grandes beneficios".

No obstante, las gestiones realizadas por las autoridades de Panamá, según la comunicación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la jueza en diciembre de 2023, revelan que no se ha obtenido "información adicional" de la que ya se disponía sobre Construcciones Tritom. La mercantil se encontraba suspendida desde 2016 y desde el despacho de abogados De Obaldía y García Paredes se especificó que en 1996 (dos años después del registro de la empresa) dejaron de tener "comunicación con los representantes y personas de contacto de esta sociedad", por lo que la mercantil fue catalogada de inactiva desde 1999. 

"En cumplimiento de las normativas que regulan los Agentes Residentes; toda vez que no existía comunicación con los representantes de ésta sociedad ni se recibía los pagos correspondientes a honorarios como Agente Residente, por un término superior a tres años, se procedió a destruir los archivos y documentos relativos a la sociedad", señalaron desde el despacho.