En la Comunidad Valenciana, 76.978 personas están siendo atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Con una reducción de la lista de espera de aproximadamente 25.000 expedientes desde el comienzo de la legislatura, con las valoraciones de dependencia en los servicios sociales de los ayuntamientos y un tiempo de resolución del procedimiento de unos 14-18 meses en función del municipio, la situación está mejor de lo que estaba. Pero no es para tirar cohetes al cielo. Solo en 2018 hubo 24.838 nuevos expedientes. En lo que va del año 2019 llevamos 12.111 nuevas solicitudes. Se valora más que antes pero no hay recursos nuevos. Hace más de diez años que se inauguró la última residencia de personas mayores en la Comunidad Valenciana.
¿Quién cuida a las personas mayores en situación de dependencia? La mayor parte de las personas con necesidad de ayuda están siendo atendidas por cuidadores no profesionales con escasa formación. Como dato para el lector, decir que somos la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de cuidadores no profesionales con un 55.38% del total y estamos a punto de superar a Navarra. 16.000 nuevos cuidadores familiares (no profesionales) podrán ser homologados próximamente. ¿Cómo? ¿Quién supervisa esto? ¿Qué formación se ofrece? ¿Quién imparte actualmente los certificados de profesionalización? Academias montadas solo para lucrarse, pagando míseros sueldos a los docentes, que suelen ser personas sin formación específica o recién titulados.
Pocas personas mayores en situación de dependencia están viviendo en residencias. ¿Por qué? ¿Será quizás porque no hay plazas? La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera adecuada una ratio de 5 plazas de residencia por cada 100 personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta que muchas de las personas mayores quieren y pueden vivir en su propio domicilio, o se deciden por otras alternativas de convivencia como el cohousing o cohabitatge. La media nacional está actualmente en 4,3 plazas por cada 100 personas. La media en la Comunidad Valenciana está en 2,91. Un suspenso.
En concreto, son 27.716 plazas las que hay en estos momentos en 327 residencias, siendo el 80% privadas, por lo que faltan unas 12.761 plazas para alcanzar el ratio de la media española 19.187 plazas para alcanzar el ratio de la OMS.
Mirando las proyecciones demográficas del INE, para los próximos años vemos un número cada vez mayor de personas mayores, mayor número de personas muy mayores (aumento de los nonagenarios y centenarios), con más años de vivir en situación de dependencia. Con el aumento del número de personas mayores de 65 años necesitaríamos 25.182 nuevas plazas en los próximos diez años . Si cada centro es de 125 plazas (aunque la tendencia es la de hacer unidades más pequeñas para vivir como en casa), en la Comunidad Valencia sería necesario construir unos 200 nuevos centros y si a eso le unimos los gastos de mantenimiento y los vinculados al servicio, los recursos necesarios ascenderían a unos mil millones de euros.
Foto: KIKE TABERNER
No es posible abordar este reto social sin contar con la colaboración público privada y sin generar un territorio atractivo para la inversión con un marco jurídico estable que trate por igual a todas las entidades, con independencia de si son o no entidades mercantiles. De otra manera, los recursos se derivarán a otras comunidades autónomas y el objetivo de creación de plazas será inalcanzable.
Y eso solo en residencias que es el tema de este artículo. Si pensamos en otros recursos como los Centros de Día (faltan 2.200 plazas), Servicio de Ayuda a Domicilio (33.000 plazas y más horas de cobertura), nos faltan muchos recursos aún y esto no ha hecho más que empezar.
Algunas personas simplemente no quieren ir a una residencia pues son varios los mitos en torno a ellas, como que es un lugar donde se abandona a las personas mayores, la antesala de la muerte, la única opción cuando una persona se encuentra en situación de dependencia, o cuando está sola o no puede recibir ayuda de los hijos, o que uno entra y nunca podrá volver a salir, como si de una prisión se tratase.
La adaptación de la normativa a los nuevos tiempos es también una tarea pendiente en la Comunidad Valenciana pues la que rige en estos momentos es la Orden de 4 de febrero de 2005, que necesita ser revisada y modificada urgentemente. No se ha cumplido adecuadamente (¿Dónde está el derecho a la intimidad, elección y participación? ¿Dónde queda la atención personalizada? ¿Y la estimulación para el desarrollo de la autonomía personal?) y ni siquiera está adaptada al nuevo modelo de cuidados ni a las nuevas personas mayores que llegan. Y por otro lado, a menudo se exigen unas condiciones arquitectónicas estrictas, exigencias de personal, registros, protocolos y programas… pero nadie mira el buen trato o evalúa los diferentes programas en marcha. La normativa en Cataluña es de 2015. En País Vasco de 2017. En Castilla León, de 2017.
Cuando hablamos de centros residenciales para personas mayores (ya no les llamamos “geriátricos” ni “asilos”, por cierto, ni tampoco hablamos de “nuestros mayores”, “usuarios” o “tercera edad”) nos referimos tanto a aquellos de titularidad pública que cuentan con funcionarios como los que son de titularidad pública y gestión privada, de titularidad pública con o sin ánimos de lucro y que cuentan con plazas concertadas y los de titularidad privada con o sin ánimo de lucro. En este último grupo entran todas aquellas fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones voluntarias o cooperativas que están gestionando centros.
Atender a una persona en situación de dependencia en una residencia para personas mayores es costoso por los grandes requisitos que se exigen a nivel arquitectónico y de accesibilidad, precisa de espacios adaptados, y el elevado equipo de profesionales especializados. Aún así, no existe un precio único ni mucho menos. Según el tipo de residencia y la zona en que se encuentre varían las tarifas. También según los servicios que ofrece y si la persona tiene dependencia moderada o grave. Las residencias públicas y las plazas concertadas tienen unos precios establecidos por la Administración.
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Las diferencias de precios entre comunidades autónomas llega al 40%, siendo el precio más alto en el País Vasco y el más bajo en Castilla la Mancha. En España, el precio medio por mes de una plaza en residencia se sitúa en torno a 1.777 euros, con una diferencia entre 1.388 euros como media en Alicante, 1.361 en Castellón y 1.560 en Valencia. Si la pensión media de jubilación está en 1.036 euros al mes en la Comunidad…. ¿Quién puede pagar una residencia? Si la mayor parte de las personas que están en las residencia son mayores de 85 años y son mujeres, muchas de ellas con pensión de viudedad (667 euros por mes) ¿Quién puede pagar una residencia?
Nos encontramos ante un grave problema de financiación en donde es cada día más necesario que aumente la inversión pública porque cada día va a haber más personas mayores. Aumentan las necesidades y no hay suficientes plazas para atender correctamente a estas personas. ¿Cuántas residencias especializadas en enfermedad de Alzheimer y otras demencias hay en la Comunidad Valenciana? Cero. En España hay 800.000 personas diagnosticadas y cada año hay 40.000 nuevos casos de enfermedad de Alzheimer.
Un cambio de modelo de cuidados, una mejora de la formación de los profesionales
Tot està per fer i tot és possible. Algunas ideas que creemos posibles y ayudarían a la mejora de los cuidados serían las siguientes. La Administración valenciana debería dotar de los recursos necesarios, apostar por la profesionalización de los servicios, generar un marco jurídico seguro, estable y actualizado a los tiempos, establecer claramente los criterios de calidad y trabajar codo con codo con los centros que trabajan bien, debería invertir recursos para formar y acompañar a los centros en el proceso de cambio, debería aumentar los presupuestos para la dependencia. Y sobre todo, pensar en el largo plazo y la atención a las personas por encima de todo, asegurando la protección a las personas más vulnerables.
Por su parte, las entidades privadas deberían aportar su conocimiento, invertir en la formación continuada de los profesionales, generar grupos de trabajo motivados y orientados a la tarea, ofrecer servicios de excelencia. La supervisión de los planes de formación debería ser realizada y validada por expertos.
Recientemente hemos podido leer con horror el caso de malos tratos recibidos por una persona mayor en una residencia de Madrid. Hace un tiempo vimos también fotografías de la residencia de Carlet (Valencia). Quizás hay más y no lo sabemos. Con una mejor formación de los profesionales, una ratio adecuada, y un modelo de cuidados y atención integral centrada en la persona se evitarían muchas de estas situaciones. Programas de fomento del buen trato y respeto son necesarios en los centros residenciales. Hace falta una formación especifica, un control del burnout, retirada de sujeciones físicas y farmacológicas. Cuidados dignos.
La doctora Sacramento Pinazo-Hernandis es presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatria y Gerontologia, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia, y profesora titular en la Facultad de Psicologia de la Universidad de Valencia
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