Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). Miembros del comité de empresa del personal laboral del departamento de salud de la Ribera, en Alzira, han denunciado ante la Conselleria de Sanidad el "incumplimiento" del acuerdo suscrito en marzo de 2023 entre la Administración y los representantes de los trabajadores y que supuso la desconvocatoria de una huelga.
El acuerdo firmado el 27 de marzo sirvió para desconvocar la huelga prevista para el día 30 de ese mes y, según ha explicado este martes a EFE el presidente del comité de empresa, Enrique Martínez (CSIF), trataba de homogeneizar las condiciones de trabajo entre el personal laboral subrogado y el resto de personal de la sanidad pública valenciana.
Entre otros aspectos, reclaman tener la misma jornada anual de horas de trabajo, complementar al 100 % las situaciones de baja laborales derivadas de enfermedad común, así como así como acogerse al mismo sistema de productividad de la Conselleria si no se perciben incentivos.
El comité de empresa ya llevó a cabo el pasado 15 de diciembre una protesta del personal laboral subrogado de la Ribera, en la que rompieron planillas de trabajo en el puerta del Hospital de la Ribera, y continúa con sus movilizaciones con la concentración de este martes y la que realizará el próximo martes, a las 11:00 horas, ante el Palau de la Generalitat.
"Seguiremos hasta que nos hagan caso", ha indicado a EFE Martínez, quien denuncia que en abril se cumplirá el sexto aniversario de la reversión a la gestión pública del departamento de la Ribera.
Enrique Martínez ha asegurado que aunque haya habido un cambio de gobierno no entiende por qué no se cumple un acuerdo que se firmó ante el Tribunal de Arbitraje Laboral "con todas las garantías".
"Nosotros firmamos con la administración, que para nosotros es la que tiene que ser garante. Los acuerdos no se firman con los partidos políticos, se firman con las administraciones, pero hasta el día de hoy no tenemos una repuesta oficial de por qué no se cumple el acuerdo".
Explica que hay alrededor de 1.350 trabajadores laborales del departamento afectados por esta "situación inconcebible" que arrastran desde que la concesión pasó a la gestión directa en abril de 2018: "Nos seguimos rigiendo por un convenio de una empresa firmada, que se firmó en 2016, y nos consideramos y nos consideran trabajadores de segunda categoría".
