VALÈNCIA. (EP) Casa Caridad ha advertido este martes que la pandemia de la COVID-19 está agravando la situación de las personas más vulnerables y sumando nuevas. Tras la crisis sanitaria llega la crisis económica, que está "acrecentando las desigualdades": nuevos perfiles de usuarios, mayor dificultad para acceder a recursos sociales o la brecha digital son algunas de las consecuencias de esta situación.
De hecho, a lo largo de 2020, a las personas en situación de vulnerabilidad que habitualmente acuden a Casa Caridad en busca de ayuda, se han sumado personas que lo han hecho por primera vez. Familias con algún miembro en ERTE o que ha perdido el empleo, autónomos que han reducido sus ingresos, trabajadores en precario o personas mayores son los "nuevos perfiles que se están generalizando". Además, 4 de cada 10 son mujeres y el 14% menores.
Así lo ha advertido este martes el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, durante la presentación de su Memoria Anual de Actividad de 2020, un año marcado por la pandemia que, según ha dicho, ha marcado "un antes y un después" en la entidad.
Durante el confinamiento, Casa Caridad se vio obligada a cerrar el comedor social y pasar a distribuir los alimentos y productos de higiene, tuvo que enviar a casa a 252 voluntarios y tuvo que cambiar protocolos, reorganizar horarios y crear servicios nuevos para a "adaptarse" a la situación.
El 2020 ha sido un año excepcional que ha marcado al conjunto de la sociedad, pero que, especialmente "ha aumentado la precariedad de las personas que ya estaban en riesgo de exclusión social, cronificando su estado y, otras que se encontraban en una situación estable, se sitúan ahora en la delgada línea de caer en un escenario de sin hogar", ha apuntado Miralles.
En este escenario, Casa Caridad ha puesto en marcha nuevos servicios, como ayudas económicas directas por primera vez, para evitar que pierdan los recursos que tienen. Solo en 2020, ha destinado 120.000 euros entre sus usuarios para que puedan hacer frente a alquileres, facturas o servicios médicos, entre otros.
La situación lejos de mejorar, va "a peor" este año, ha alertado. Si Casa Caridad cerró 2020 con 600 personas que acudían al servicio de distribución de alimentos que se puso en marcha tras el confinamiento de los comedores, ahora esta cifra supera ya las 1.200 personas solo en lo que va de 2021.
"Son familias que si alguno de sus miembros tenía empleo entró en situación de ERTE, autónomos que perdieron gran parte de sus ingresos o personas que reciben alguna ayuda pública que es insuficiente para cubrir gastos", ha incidido el presidente de la Asociación.
La ONG atendió el año pasado a un total de 2.504 personas, de las que 4 de cada 10 son mujeres y un 14% menores. Miralles ha recordado que con la declaración del Estado de Alarma, Casa Caridad tuvo que adaptar las instalaciones, el equipo de profesionales y las atenciones a la nueva situación.
"Fueron momentos complicados pero que también sacaron lo mejor de nuestros usuarios y trabajadores. Tuvimos que suprimir muchos de nuestros servicios y poner otras actividades en marcha para seguir trabajando de forma colectiva e individual con nuestros usuarios en habilidades y talleres que favorezcan su integración en la sociedad", ha apuntado la directora-gerente de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer.
A lo largo del ejercicio de 2020, el gasto diario medio de Casa Caridad ascendió a 12.843 euros, se repartieron 174.902 raciones de alimentos en los comedores sociales a los que hay que añadir la distribución de 5.912 kits de alimentos y productos de higiene a las 600 personas con algún recurso habitacional tras el cierre del comedor de Pechina y se realizaron 25.406 atenciones personalizadas por parte del equipo de Trabajo Social.
Entre los nuevos recursos que inauguró Casa Caridad el año pasado está el edificio Fénix Pechina con ocho viviendas supervisadas que entró en funcionamiento en octubre. El 40% de las personas que pasaron por él han salido con una solución ya sea con trabajo, una habitación de alquiler o una plaza en residencia de la tercera edad, entre otros.
En este contexto, la sociedad valenciana se ha "volcado" con Casa Caridad. En 2020 superó los 4.000 socios y cerró el ejercicio con 4.146, un 8% más que el año anterior, mientras que las donaciones aumentaron un 45%, y "la respuesta de empresas e instituciones fue fundamental para seguir prestando nuestra labor", ha subrayado el presidente de la entidad.
Parte del equipo de trabajo social de la Asociación ha intervenido también para explicar el funcionamiento y las nuevas necesidades detectadas durante este periodo. Así, tras la declaración del Estado de Alarma, la ONG tuvo que cerrar el comedor social de Pechina donde acudían una media de 350 comensales que permaneció solo activo para los albergados.
En un principio, las personas que dormían en la calle recibieron un kit diario hasta que el Ayuntamiento de València habilitó recursos específicos, mientras que con las personas con domicilio se comenzó con la distribución semanal de alimentos, frescos y no perecederos.
En diciembre, Casa Caridad realizó obras en su comedor para diferenciar dos partes, una para personas alojadas, y otra, con un itinerario de entrada diferenciado, para personas en situación de calle por el que diariamente acuden unas 25 personas, ha explicado Cristina Sánchez, responsable de Trabajo Social.
Casa Caridad tuvo también que adaptar sus albergues a los protocolos de la Generalitat y reservar el 5% de plazas a casos compatibles con COVID-19. Durante el confinamiento no se admitieron entradas nuevas y posteriormente se han realizado según las indicaciones de las autoridades.
Según ha explicado, José Diego, técnico de Trabajo Social de Benicalap, durante la pandemia se acrecentó la necesidad de mejorar los recursos sociales. "En nuestros albergues tenemos a personas con problemas de salud física o mental, o a gente mayor, que precisan de otros medios donde puedan recibir una atención adecuada a sus necesidades".
Por ello, la ONG señala que hay que trabajar de forma conjunta entre todos los agentes implicados, en el acceso de viviendas sociales para estos colectivos.
En este sentido, la entidad insta a las administraciones a dar "mayor celeridad" a las listas de espera para obtener plazas en recursos específicos (residencias de tercera edad, diversidad funcional, enfermedad mental, maternos) para evitar estancias prolongadas en los albergues.
Desde el Departamento de Trabajo social también se ha detectado la necesidad de programas de "apoyo psicológico" por parte de las instituciones con este colectivo.
Por su parte, los Centros de Educación Infantil de Pechina, Benicalap y Torrent, tuvieron que cerrar durante el confinamiento, seguir en contacto con las familias de los 162 niños de estas escuelas y posteriormente crear grupos burbuja cuando pudieron volver a los centros.
"En el marco del Programa Escuela-Familia, tuvimos que poner en marcha ayudas extraordinarias para apoyar a muchas de las familias de nuestras escuelas a cubrir sus gastos y potenciar la interacción online para seguir trabajando en la educación y la parte emocional", ha explicado Pablo Yániz, responsable de Trabajo Social de las Escuelas Infantiles.
A pesar de ello, en momentos en que tramitaciones y gestiones se resuelven en su mayoría de una manera telemática "es urgente resolver la brecha digital que presentan los colectivos más vulnerables", ha remarcado.
