VALÈNCIA (EP). El Síndic de Greuges ha recomendado a la conselleria de Igualdad que responda de forma "expresa, motivada y congruente" al recurso interpuesto por una funcionaria de Castelló por la cuantía del descuento en la nómina que se le aplicó por participar en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 al no tener en cuenta que esa jornada los empleados públicos tenían una reducción horaria por coincidir con la semana festiva de la Magdalena.
Asimismo, el síndic, ante la falta de respuesta de la conselleria a sus requerimientos, le recuerda que los poderes públicos están "obligados legalmente a colaborar con el Síndic de Greuges en sus investigaciones".
La mujer presentó un escrito de queja al síndic el pasado mes de abril explicando que, como funcionaria interina de la Generalitat del grupo A2 en la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castelló, tiene asignada una carga diaria de 7 horas y 15 minutos.
La funcionaria se sumó a la huelga feminista en 2018 pero señala que el 8 de marzo de ese año, al coincidir con la semana festiva de Magdalena, los empleados públicos tenían una reducción de jornada a 5 horas. Sin embargo, cuando se le aplicó la deducción de nómina por haberse sumado a la huelga se le calculó sobre una jornada de 7 horas y 15 minutos.
Ante esta situación, la afectada interpuso un recurso con las explicaciones el día 22 de junio dirigido a Subsecretaría, al secretario Territorial e incluso a la consellera Mónica Oltra, pero "sin obtener respuesta".
El síndic requirió el 17 de abril a la Conselleria información para contrastar las alegaciones formuladas, que fue reiterada, ante la falta de respuesta, mediante escritos el 20 de mayo y el 27 de junio, "sin que a los mismos haya respondido la administración requerida en forma alguna".
La institución requirió a la conselleria por última vez el 31 de julio para que diera cumplimiento a lo preceptuado en la Ley, en lo que se refiere a la colaboración que deben prestar los poderes públicos al Síndic de Greuges en sus investigaciones.
No obstante, "hasta el día de hoy no ha tenido entrada en esta institución el informe de referencia, ni ninguna comunicación que justifique tal retraso". Al respecto, ha recriminado que "el silencio, como ficción jurídica, no resulta una opción aceptable para la administración, que obligatoriamente ha de resolver expresamente todas las cuestiones que se le plantean".
Por ello, además de recomendar a la Conselleria que dé una respuesta "expresa" a la funcionaria, le recuerda que los poderes públicos están "obligados legalmente a colaborar con el Síndic de Greuges en sus investigaciones".
