SAN MIGUEL (EFE).- Entre 55 y 60 familias que viven de la agricultura podrían verse afectadas directamente tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir una planta fotovoltaica sobre unas 200 hectáreas de suelo agrícola de San Miguel de Salinas para abastecer de energía la desalinizadora de Torrevieja, una vez que se ejecute la ampliación.
En concreto esta planta tendría una potencia de 70 megavatios y se ubicaría en los parajes de la Almazarica y Lo Fernando, una de las mejores zonas agrícolas en términos de producción con una facturación anual de unos 4,5 millones de euros, según ha calculado a EFE el presidente de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, Manuel Gómez.
María Conchita Marín, de 35 años, ha incidido en que, además, muchos de los pequeños productores del pueblo tienen su primera y única vivienda en esos terrenos por lo que, de llevarse a cabo este proyecto, quedarían sin ningún tipo de sustento.
"Para nosotros es devastador", ha confesado Marín, quien durante los últimos cuatro años ha invertido "en un saco roto" en infraestructuras de regadío para edificar balsas y plantar árboles con el objetivo de "un futuro mejor" que "ahora nos quieren quitar".
En la misma situación se encuentra otro agricultor de toda la vida como su familia, Jesús Pérez, de 36 años: "Toda la vida trabajando esas tierras; soy la cuarta generación de la familia y ése es el mayor orgullo que puede tener una persona".
"Hemos pasado toda clase de calamidades y desastres para encontrarnos ahora con esto", ha achacado Pérez para después relatar que "el esfuerzo y sacrificio de una familia, generación tras generación" parece irse a pique porque "vienen unos señores de Madrid que nos roban y quitan toda esa dedicación de un plumazo".
"Se trata de proteger al pequeño agricultor", ha insistido el presidente de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel. "Nos sacrifican a nosotros para beneficiar con agua a grandes exportadores, y desatienden la red que nutre a la economía de los pueblos".
Desde la asociación argumentan que es un "jaque mate" para el comercio de cercanía, la venta directa y el pequeño productor, sobre todo en un pueblo agrícola como es San Miguel, donde quieren que "la agricultura como sector económico se conserve".
La ubicación de la posible futura planta no solo está planteada en un suelo de gran valor económico y social sino también ambiental y paisajístico.
Esas tierras, además de ser los primeros cultivos regables que tuvo el municipio, albergan desde hace más de un siglo (1918) un tipo de cultivo de regadío tradicional único que en 1975 fue declarado como una zona regable de interés nacional, según Gómez.
La planta solar supondría la eliminación de miles de árboles con el objetivo de "descarbonizar" mediante una desalinizadora cuyo fin es proveer de agua a otras plantaciones, un "contrasentido" que los vecinos de San Miguel consideran como "un disparate".
Desde la Asociación han advertido de que el espacio donde se prevé instalar la planta solar se encuentra entre dos zonas protegidas como son el parque natural de las Salinas de Torrevieja y La Mata y el paisaje protegido de la sierra de Escalona y su entorno, este último, por añadidura, se halla en trámite para su declaración como parque natural, figura de mayor protección.
El anuncio de la ampliación de la desalinizadora que realizó el presidente el pasado 14 de febrero incluía la planta solar pero no detallaba su ubicación y sólo fue unos días más tarde, según el presidente de la asociación de vecinos de San Miguel, cuando desde el ayuntamiento de la localidad trasladaron a los vecinos el proceso de participación pública como parte del Estudio de Integración Paisajística de la elaboración del proyecto.
Este anuncio provocó un estupor general en la población del municipio del sur de la Comunitat Valenciana que, como respuesta, convocó una manifestación de repulsa a esta iniciativa el pasado 3 de marzo que contó con una participación total de 3.000 personas en un municipio de 6.700 vecinos. "Todo se ha hecho a escondidas porque el anteproyecto ya está en vigordesde hace más de un año", ha sostenido Marín.
Desde la Asociación de vecinos han instado al Ministerio de Transición Ecológica a buscar alternativas que no dañen el paisaje, la economía o el medio ambiente de la zona, y para ello piden que no se haga en suelo agrícola y que se estudien otras soluciones como las torres verticales que ya se utilizan en Estados Unidos o Canadá.
Los vecinos, según ha anunciado el presidente de la asociación a EFE, barajan plantear alegaciones al Tribunal Contencioso Administrativo o al Tribunal Supremo para que "por los menos se pueda bloquea
