VALÈNCIA. Además de gestionar la recaudación de tributos, la concejalía de Hacienda es también la encargada, en el Ayuntamiento de València, de investigar el incumplimiento de las obligaciones tributarias. El año pasado, sin ir más lejos, recuperó 7,3 millones de euros de dinero no abonado por diversos gravámenes municipales. Es el trabajo del servicio de inspección municipal, cuyo Plan de Control Tributario para 2024 aprobó el gobierno municipal recientemente, y que centra sus actuaciones en los principales tributos locales más allá del IBI.
De esta manera, el plan municipal del área que dirige la edil María José Ferrer San Segundo contempla diferentes actuaciones de investigación, especialmente en cuanto a las plusvalías, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el impuesto de obras y el gravamen por la ocupación del espacio público, que en total suponen cerca de los 100 millones de recaudación en los presupuestos municipales, en torno al 9% de los ingresos del Ayuntamiento de València para este ejercicio.
En ese sentido, el plan recoge estrategias generales y directrices para las actuaciones inspectoras por ejemplo en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías), del que el Ayuntamiento espera recaudar 22,3 millones de euros. Los inspectores se dedicarán a comprobar las transmisiones de inmuebles y detectar en cuáles falta la autoliquidación del impuesto en el plazo marcado por la normativa, así como aquellas en las que también se haya hecho la autoliquidación para comprobar los posibles beneficios fiscales. Y los casos en los que se haya pedido la rectificación o la devolución del dinero.
El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) también será objeto de especial atención para los inspectores municipales. Con una previsión de 28,8 millones de euros para las arcas municipales este año, el impuesto lo pagan aquellos negocios que facturan más de un millón de euros anuales. Así, la inspección investigará las omisiones de matrículas o las variaciones de las mismas para detectar posibles evasiones tributarias en comercios, restaurantes, alojamientos, bancos, seguros, servicios empresariales y otros servicios.
Además, la inspección municipal revisará el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que comprobará "toda obra, construcción e instalación finalizada" en València en la que "no haya sido abonada la autoliquidación del impuesto". Y en los que sí, se verificarán las declaraciones presentadas por los promotores para que las bases imponibles previstas para el pago del impuesto se corresponda con los elementos incluidos en las actuaciones, y para comprobar que los beneficios fiscales son los adecuados a cada caso. En este caso, el consistorio augura una recaudación de 17,8 millones por este tributo.
Y en cuanto a las tasas por ocupación del dominio público, que suman en torno a los 30 millones de euros, se incluyen tanto las tasas por estacionamiento (ORA) y por entrada de vehículos, o la tasa de terrazas, las actuaciones de investigación perseguirán especialmente aquellos casos donde se esté haciendo un uso del espacio público "sin haber obtenido la previa autorización", y en los que se tenga, se revisarán las autoliquidaciones presentadas por los titulares para, en caso de que no sean correctas, proceder a su regularización. Y según explicó la edil de Hacienda, se centrará la atención en la tasa de aprovechamientos especiales de las empresas de gas y electricidad.
Según explica la resolución del Ayuntamiento, la lucha contra el fraude fiscal genera "importantes beneficios a la sociedad" al garantizar el pago de los impuestos "y la distribución equitativa de las cargas públicas de acuerdo a la capacidad contributiva de cada ciudadano, logrando la minoración de la presión fiscal individual al ser más los que contribuyen a sustentar las arcas del Ayuntamiento". Una actividad, subraya el consistorio, que debe hacerse con "la mayor eficacia" posible, con "responsabilidad", manteniendo un "equilibrio entre los diversos tipos de actuaciones" y optimizando los recursos.
El pasado ejercicio, la Inspección Tributaria del Ayuntamiento recuperó 7,3 millones de euros en concepto de regularizaciones tributarias por los distintos impuestos y tasas municipales: 1,2 millones por las plusvalías, 2,3 millones por el IAE y otros 2,3 millones por el ICIO, mientras que la inspección de las tasas de ocupación de dominio público reportaron al consistorio 1,3 millones adicionales. En ese sentido, San Segundo sostuvo que la labor de la inspección es "vital para conseguir que quienes no pagan correctamente sus impuestos, lo hagan y no perjudiquen a la mayor parte" de los ciudadanos "que cumplen de manera intachable".