El pasado 11 de marzo representantes de la Associació de Juristes Valencians teníamos programadas reuniones en el Congreso con diputados cualificados de varios grupos políticos para informarles de la modificación constitucional propuesta por les Corts Valencianes para recuperar el derecho civil de forma efectiva mediante la inclusión de un nuevo párrafo en la Disposición Adicional Segunda de la Constitución (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 28 de febrero de 2020).
La reforma técnica que está dando los primeros pasos de su tramitación en el Congreso pretende superar la contradicción de disponer de una competencia nominalmente amplia pero con eficacia real tan limitada (la contratación agraria) que se convierte en inútil para dar solución jurídico-civil a problemas actuales de la sociedad valenciana, por ejemplo en el ámbito familiar o sucesorio, con implicaciones directas en la gestión y pervivencia de la empresa familiar, motor del empleo en nuestra nacionalidad histórica.
Pese a nuestra escasez de recursos y modesta estructura organizativa, los socios de la AJV hemos decidido monitorizar todo el complejo proceso de reforma constitucional, y el espejo en que nos miramos en esta tarea es el incansable seguimiento que la Asociación Valenciana de Empresarios realiza de la construcción del Corredor Mediterráneo.
En esa labor de lobby hemos recurrido a la influyente pero dispersa diáspora valenciana en la Villa y Corte, y D. Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas tiene previsto trasladar a las ilustres diputadas y diputados la necesidad urgente de aprobación de esta reforma técnica de la Constitución para corregir el mayor fracaso de los políticos valencianos durante el proceso constituyente: la confusa redacción del art. 149-1-8 de la Constitución, que propicia que 40 años después se nos niegue una competencia reclamada históricamente e íntimamente vinculada a la recuperación de la autonomía, y claramente prevista en el Estatuto de 1982 y su reforma del año 2006.
Lamentablemente, el Tribunal Constitucional en sus Sentencias del año 2016 respecto a las leyes valencianas de familia, que estuvieron en vigor casi ocho años, banalizó nuestro Estatuto de Autonomía, en palabras del magistrado Xiol, autor de un voto particular a las Sentencias. Esta actitud contrasta, al tiempo que sonroja a cualquier demócrata, con el esfuerzo del máximo intérprete de la Constitución para legitimar las leyes civiles de otras nacionalidades históricas, que, no se olvide, gracias al pacto de sus elites con el franquismo disponían de un Derecho Foral vigente a la entrada en vigor de la Constitución.
Quiero llamar la atención sobre el hecho histórico de plantear una reforma constitucional en defensa de nuestro autogobierno por los democráticos representantes de los valencianos. Es extraordinario que cuatro grupos parlamentarios del legislativo de una CCAA promuevan conjuntamente una reforma constitucional y que además se realice con un gran consenso civil y municipal, con la finalidad de hacer realidad lo que dice el Estatuto no impugnado por órgano del Estado alguno.
Personalmente he aprovechado este largo y necesario confinamiento para consultar en la web del Congreso toda la discusión parlamentaria de la parcialmente exitosa reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006, sobre todo en lo relativo a la competencia para dictar leyes civiles. He constatado que los parlamentarios españoles eran conscientes de la autonomía legislativa civil que se confería a les Corts, y, especialmente, me ha sorprendido la vehemencia de los nacionalistas vascos para negar la importancia de nuestro histórico derecho foral.
En efecto, el PNV, paradójicamente aliado del Bloc y de Unió Valenciana en diferentes elecciones europeas y socio alternativo del PSOE y del PP durante años y años, tuvo un comportamiento denigrante con el autogobierno valenciano, al intentar vía enmienda minusvalorar la propuesta de reforma estatutaria del año 2006 en lo relativo al Derecho Foral Valenciano. Vox y los jefes de Toni Cantó coinciden en la actualidad con los soberanistas vascos de derechas en esta posición que reduce nuestro derecho civil al ámbito agrario y que banaliza nuestra autonomía.
Los jetzales tuvieron el atrevimiento en sede parlamentaria (Diario de Sesiones del Congreso 20-9-2005) de cuestionar el fundamento histórico del autogobierno, precisamente basado en nuestra historia foral. Sólo vascos, catalanes y los gallegos a ojos de ese PNV debían ser nacionalidad histórica. Cuando acabe el Estado de Alarma intentaremos explicar a los nacionalistas vascos que nuestros derechos históricos tienen un fundamento jurídico territorial en Els Furs del siglo XIII con instituciones propias singulares hasta su abrupta e injusta abolición por derecho de conquista en 1707, y que se reclama su restauración desde Gregori Mayans, el gigante ilustrado que acuñó el concepto de Derecho Foral en pleno siglo XVIII.
El partido entonces liderado por Ibarretxe defendió en la Comisión Constitucional que se modificara el Proyecto de Estatuto presentado por les Corts para calificar nuestro Derecho Foral de Derecho Civil Consuetudinario (enmienda nº 130 BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 196-7, de 16/11/2005), es decir limitado en la práctica a la regulación de costumbres agrarias teóricamente subsistentes desde la época foral, lo que fue duramente criticado por Soraya Sáenz de Santamaría, que sugirió el carácter territorialmente residual y materialmente limitado del Derecho Foral de los territorios vascos. Lástima que siendo vicepresidenta no fuera coherente y consiguiera la retirada de los recursos de inconstitucionalidad planteados por Rodríguez Zapatero y Rajoy contra las leyes valencianas de uniones de hecho, custodia compartida o régimen económico matrimonial.
Los valencianos autonomistas no podemos tolerar actitudes paternalistas o chulescas contra nuestro autogobierno, ni consentir discriminaciones injustificadas, vengan de quien vengan, ya sea del PNV, Vox o los mandamases catalanes o madrileños de Ciudadanos.
Tenemos que ser capaces de actuar de manera coordinada, y hacer lobby por encima de presiones de partido o egoístas cobardías personales para dar solución definitiva a lo que nuestra sociedad democráticamente pide, ya que ningún pueblo en España ha reivindicado y trabajado tanto como el valenciano por procedimientos democráticos para disponer de leyes civiles propias, y no por la actuación de elites cercanas a una dictadura militar, sino con el impulso transversal de la sociedad civil y la práctica unanimidad del municipalismo (hasta la fecha, 480 municipios de 542).
En realidad, con esta modificación técnica de la Constitución, nuestros diputados reclaman el grado de autogobierno pactado conjuntamente por Congreso, Senado y les Corts al reformar el Estatuto en el año 2006, que abarca disponer de un Derecho privado como el de los ciudadanos de otras 6 Comunidades. Como prueba de ese pacto, y de que los diputados y senadores eran conscientes de que se reconocía a los valencianos esa capacidad de dictar leyes civiles con similar alcance al de otros territorios forales, baste recordar que la enmienda peneuvista no fue secundada por el resto de los grupos.
Con esta reforma mínima el municipalismo y la sociedad civil valenciana apremiamos constitucionalizar nuestro Estatuto y acabar con la mutilación al que está sometido una parte relevante del autogobierno valenciano desde mayo del 2016, porque los diputados y senadores –salvo los del PNV– en el ya lejano 2006 acordaron políticamente con los democráticos representantes de los valencianos disponer de autonomía legislativa en el ámbito civil como navarros, gallegos, vascos, aragoneses, catalanes y baleares.
José Ramón Chirivella es presidente de la Associació de Juristes Valencians
