Pobla Marina denuncia a la Marina Real por competencia desleal ante Bruselas

VALENCIA. Explotaciones Marítimas de Levante SL, la empresa que gestiona el puerto deportivo de la Pobla de Farnals - Pobla Marina-, ha presentado una denuncia a la Marina Real de Valencia ante la Comisión Europea por competencia desleal. Fuentes de la Generalitat confirman que la Comisión Europea les ha requerido información después de que una "empresa gestora de un puerto deportivo de la provincia de Valencia" fuera a quejarse a Bruselas al desestimar su contenido Competencia de la Generalitat, según publicaba este miércoles el diario Levante.

El puerto deportivo de la Pobla de Farnals dispone de 640 amarres, varadero, tiendas y talleres náuticos, entre otros servicios, mientras que la Marina Real tiene 800 amarres. De la empresa gestora de la Pobla de Farnals fue consejero delegado el ex conseller popular Carlos González Cepeda hasta 2015 y de la que ahora ha tomado la portavocía su hijo, Pablo González.

Bruselas ha notificado la apertura de expediente al Consorcio Valencia 2007, gestor de la Marina, y del que forman parte Generalitat, Ayuntamiento y Estado. Todas las partes que realizan transferencias al organismo deben de enviar la información pertinente al consorcio con el fin de esclarecer si el asunto planteado por la empresa se trata de competencia desleal. En la denuncia, la compañía plantea que las ayudas recibidas por la dársena permiten que sus precios sean más reducidos y con los que iría a la quiebra si no las recibiera. 

El Consorcio ingresa estas transferencias para costear el mantenimiento de las instalaciones aunque debería hacer frente a al préstamo que mantiene con el Instituto Oficial de Crédito (ICO) de 400 millones por la inversión realizada para la America's Cup y que el Consorcio pide que asuma el Estado. Sus deudas con entidades bancarias ya le valieron el embargo de algunas rentas, como la que pagaba Lanzadera y EDEM.

El delegado del Consell para la Unión Europea, Joan Calabuig, señala que se trata de un caso diferente al de Ciudad de la Luz, donde se usaron fondos públicos para construir un estudio de grabación cuando había otros abiertos. "Es una inversión que se hace para celebrar un gran evento, no se hace para alterar el mercado", explica. "No se trata de una iniciativa que se hiciera para crear un negocio o para hacer competencia".

También señala que el proceso actualmente se encuentra en una fase "extremadamente" preliminar, por lo que es difícil entrar en más detalle. "La alternativa a celebrar un evento no puede ser demoler las instalaciones", insiste Calabuig. Las tres administraciones representadas en el Consorcio han creado un grupo de trabajo para estudiar la denuncia interpuesta mientras que las instituciones preparan las alegaciones al expediente.