Panorámica de una calle del Ensanche de València. Foto: KIKE TABERNERLa consecuencia más grave de la crisis en España ha sido el aumento de la pobreza. Sin embargo, faltan esfuerzos para medirla con rigor y los realizados para erradicar sus raíces son también modestos.
La Ley Valenciana de Renta de Inclusión, incorpora a la Comunidad Valenciana, a pesar de su infrafinanciación, al grupo de las regiones españolas que realizan esfuerzos reseñables para combatir la pobreza y la exclusión social, un aspecto desatendido hasta ahora. La ley ha sido valorada como la medida estrella de Mónica Oltra y a diferencia de lo ocurrido en otros terrenos, ha habido un esfuerzo para explicar el alcance su alcance. Su insuficiencia no reduce la trascendencia del mismo, cuando la pedagogía política de los actuales gestores de la Generalitat es escasa.
Pero aun así, su aprobación puede considerarse una oportunidad perdida en promover un debate urgente: los límites de este tipo de medidas para combatir la pobreza y la exclusión social. O, expresado desde su opuesta: cuáles son las estrategias más eficaces para reducirlas/ eliminarlas. Un debate que incluye dimensiones fundamentales de la organización de una sociedad según cada ideología, en tanto que concepción del mundo.
La más sobresaliente de entre ellas es la opción de promover unos ingresos mínimos como derecho universal desvinculados de una contraprestación mediante el esfuerzo (históricamente el trabajo). Que se le denomine renta básica, mínima de inserción o garantizada de ciudadanía es irrelevante. La propuesta, incluso en sus versiones de ayuda temporal como el ingreso mínimo vital, supone una ruptura histórica. Su justificación estaría en lo elevado del desempleo y de la precariedad laboral, considerados parámetros por los defensores de estas medidas; esto es, inmodificables.
Entre otras cuestiones, es probable que sus partidarios infravaloren las causas de la drástica caída de apoyo, social y electoral, en los años ochenta del siglo XX a las generosas prestaciones por desempleo entonces existentes en los países escandinavos. Entre ellas, la adaptación perversa de algunos segmentos sociales desincentivados para la búsqueda activa de empleo. Que estas actitudes sean minoritarias hoy en España, no implica que no existan ya.
Perspectiva de una calle del barrio de L'Olivereta de València. Foto: KIKE TABERNERAndreu Más Colell publicaba en prensa hace poco unas breves reflexiones sobre una medida cuya defensa avanza por la vía de los hechos: ante la incapacidad de la economía española –que no de otras- para generar empleo y salarios compatibles con un desarrollo personal autónomo, la alternativa sería la renta garantizada. Nadie, por desgracia, ha proseguido una reflexión que rompe el nexo entre trabajo/esfuerzo y retribución (sea salarial o asistencial).
Pero aun dejando de lado este punto fundamental, hay, dos elementos también relevantes a constatar. Por un lado, cómo se mide hoy la pobreza y la exclusión social. Y por otro, cuál es la eficacia de cómo se está abordando la lucha contra ellas, cuestión a tratar en la segunda parte de este comentario.
La pobreza en los países de la UE se analiza junto a la desigualdad cuando son conceptos muy diferentes. De ahí la sustitución, siguiendo la estrategia Europa 2020, del concepto de pobreza por el de riesgo de pobreza. Ser pobre (estar en riesgo de pobreza en sentido estricto) equivale a tener ingresos muy inferiores a los medios en el país del que se trate. Por eso, el umbral de pobreza se define respecto a la renta mediana (aquella con la mitad de las observaciones por debajo y la otra mitad por encima). Pobres/personas en riesgo de pobreza, en España son aquellas con ingresos (incluyendo transferencias sociales) por debajo del 60% de la renta mediana.
El rigor de esta opción, por más que sea general en la UE, es dudoso y su utilidad para articular medidas de renta de inclusión nula. Su debilidad puede ser mostrada con muchos ejemplos, pero basten tres. Primero: los umbrales de pobreza en los diferentes países corresponden a ingresos muy diferentes. Individuos en riesgo de pobreza en los de mayor renta, Suiza o Noruega de los del cuadro siguiente, se corresponden con ingresos de ciudadanos más que acomodados en los de menor PIB por habitante como Grecia, Polonia, Hungría y no digamos Rumanía.
Segundo. Dentro de un mismo país, es compatible un aumento de los ingresos de un individuo con pasar a ser pobre desde no serlo. Y tercero, puede producirse una disminución de la pobreza en un país con la inmensa mayoría de sus habitantes viendo reducidos sus ingresos. Basta, tanto en un caso como en otro, con que los aumentos (descensos) de la mediana sean mayores que los ingresos de los individuos considerados. Hay que reconocer que son paradojas muy relevantes.
Frente a esas constataciones, la corrección de Eurostat, ha sido establecer el concepto de riesgo de exclusión social formado por los tres apartados resumidos en el cuadro incluido a continuación, uno de ellos el riesgo de pobreza. En esta nueva versión, la carencia material es definida como estar afectado por tres ítems (cuatro en la severa) cualesquiera de un listado heterogéneo donde se equiparan situaciones de coste muy dispar y, por ejemplo, la pobreza energética con no poder irse de vacaciones. A su vez, la intensidad laboral se establece en el 20% de la potencial, sin justificación alguna ni referencia a los ingresos obtenidos.
Esta aproximación tiene efectos desastrosos en la cuantificación, y no digamos en la identificación, de los más necesitados (fuera de aquellos sin ingresos). Pero no es la única posible. En Estados Unidos, y otros países, el umbral de pobreza es calculado para cada año en términos absolutos. A partir de la definición de pobreza establecida por diversas agencias federales, la Oficina del Censo calcula la cuantía monetaria del umbral.
Aplicar este criterio absoluto precisaría la magnitud del problema. Evitaría, de entrada, la incoherencia de aceptar como guía el indicador AROPE (el explicado en el cuadro) y en la práctica ignorarlo para considerar el salario mínimo interprofesional como referencia del umbral de pobreza, cuando éste es fijado por el gobierno en función de otros criterios como se ha demostrado hace pocos días. También sortearía la discordancia de justificar la necesidad de legislar en este terreno basándose en los muchos informes sobre la pobreza elaborados a partir del indicador y elaborar luego las normas sin referencias a su contenido.
Sería además y sobre todo, el camino para soslayar la contradicción de presentar como solución la Ley Valenciana de Renta de Inclusión con el cálculo de que va a beneficiar a 95.000 valencianos en 2020, cuando según el INE la tasa de riesgo de pobreza roza el 25% (1,25 millones de valencianos) y uno de cada cinco de ellos, esto es un millón, no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. A pesar de todo lo anterior, hasta ahora nadie ha exigido la elaboración de un umbral de pobreza absoluto, única manera de conocer cuál es, realmente, la gravedad del problema entre nosotros. Y, a pesar de que, en tal caso, es seguro que los apóstoles de la actual recuperación económica en España se llevarían una gran sorpresa acerca de las modestas bondades sociales de la misma.
