Podemos pide a Alcaraz que retire todas las placas de condenados por corrupción de las instituciones

VALÈNCIA. Este jueves se aplicó por primera vez el artículo 26q de la Ley de Transparencia valenciana aprobada al final de la pasada legislatura. Una cláusula que determina que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos recaigan sobre personas que tengan "un compromiso público relevante", pero no en aquellas que hayan "sido condenadas penalmente mediante sentencia firme". Una condición que, después de la ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia de la pieza de Fitur del caso Gürtel, ya no cumplía la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez. 

Así, este jueves, mientras en el Congreso de los Diputados comenzaba el pleno de la moción de censura a Mariano Rajoy, en Les Corts Valencianes el personal de mantenimiento  procedía a retirar la placa conmemorativa de la también expresidenta del parlamento valenciano del edificio de grupos parlamentarios que se inauguró en 2011, durante su mandato. Minutos más tarde se descolgó además el cuadro de Martínez que estaba en la galería donde se encuentran los lienzos de todos aquellos que fueron presidentes de la cámara.

La decisión fue aprobada por la Mesa de Les Corts por unanimidad –con el voto favorable del PP– este martes, después de que Podemos registrara un escrito para pedir que se diera cumplimiento a la ley autonómica validada por el PP en 2015. No obstante, los morados quieren que esta decisión se haga extensiva y no sólo se quede en Martínez. 

En este sentido, el partido que lidera Antonio Estañ ha remitido a la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz otro escrito para que se dé cumplimiento a este artículo de la ley y se retiren todas las placas y cuadros honoríficos de cargos que hayan sido condenados por corrupción bajo sentencia firme y estén en edificios públicos o en cualquier institución.

Un supuesto que podría afectar, por ejemplo, a las residencias que inauguró el conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, que también fue condenado en 2014 a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por la primera pieza del llamado caso Cooperación. 

Para vigilar que se da cumplimiento a este requerimiento, la formación morada planea llamar a comparecer a Alcaraz próximamente para que entregue "un listado con las actuaciones realizadas" así como "un inventario de todas estas placas o reconocimientos que se hicieron en su día", indican desde el grupo parlamentario a Valencia Plaza.