¿Política educativa?

VALENCIA. La pregunta es clara, directa y sin miramientos, como se merece la ocasión, ¿existe política educativa en España y por cercanía, en la Comunidad Valenciana? Y mi respuesta es igual de clara, directa y sin miramientos, no. Y, además, debería ponerlo en mayúsculas. Y si me permiten, me explicaré.

Por política educativa no ha de entenderse el conjunto de normas, leyes, decretos, órdenes y demás textos legislativos. Porque si fuera así, disfrutaríamos de una política educativa en mayúsculas, porque si algo sobra, precisamente, es esta manía de nuestra administración de inundar con normativa nuestra educación. Y si quieren un chascarrillo de café, les contaré que, es tanta la normativa vigente entre Comunidades Autónomas que, incluso, se contradicen unas con otras.

En cambio, por política educativa, ha de entenderse el cumplimiento de un plan determinado que venga a cumplir unos objetivos y que contemple las estrategias a utilizar, alejándose de ideas brillantes que un ministro o un conseller, en nuestro caso, el domingo por la mañana, hayan podido tener. La educación, y no me cansaré de repetirlo, es el corazón de un país. Cuanta más y mejor educación recibe, más próspero es, más eficiente y su sociedad, en definitiva, más feliz. 

Pero cuando me refiero a un plan, quiero decir un documento técnico, entiéndanme, pedagógico, que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras, una memoria económica que ofrezca la cobertura suficiente y una administración que, sabiamente, dirija el rumbo.  Necesitamos un diagnóstico claro de la situación educativa, ponernos de acuerdo qué sociedad queremos construir, qué docentes queremos y ofrecerles para ello la formación suficiente, tanto de acceso como permanente, simplificar los currículum, directores formados para ello, y unos padres en contacto permanente con sus colegios y con la  propositividad  para ir madurando con sus hijos como padres. Necesitamos centros con verdadera capacidad de innovar, de competir digna y honestamente entre ellos. Es absolutamente fundamental que nuestros alumnos comprendan e interioricen que tiene derechos, pero también obligaciones, que deben ser competentes y conocer y valorar el esfuerzo como un medio de vida, y saber que, todos los medios que disponemos para su educación, un día, felizmente, lo deberán retornar a la sociedad. Y la ciencia capaz de todo esto se llama pedagogía. Hace más de treinta años, los países punteros se dieron cuenta y aquí seguimos viéndolas pasar.

Por el contrario, nuestra política educativa es de partido político, es decir, ideológica. Y los efectos son demoledores. Las plantillas educativas están absolutamente desequilibradas y no podemos garantizar la adecuada atención a nuestros alumnos. Y como muestra, un botón. Nuestros alumnos abandonan los estudios universitarios, los que han elegido, cerca de un 45%. Y en muchas ocasiones porque su elección no fue dirigida por el orientador. Mas del 20% de los alumnos fracasan y nuestros niveles educativos no son los que nos merecemos. Sucede que, en nuestra Comunidad Autónoma, los orientadores están desbordados. Y nadie pone solución. Ahora la Conselleria de Educación acaba de publicar la oferta de empleo público, donde las plazas de orientación convocadas suponen únicamente cubrir vacantes, es decir, no habrá más orientadores. Y estos deben atender a una ratio de 750 alumnos. Pero la concertada está peor, mucho peor. Tan sólo disponen de una hora por grupo. Y la orientación en primaria, tan necesaria, ni está ni se le espera. Y no les hablo de la atención de las necesidades educativas especiales para que no entren en depresión. Pero comparados con cualquier país europeo del nivel español, somos el hazmerreir. Sin embargo, se focaliza la presión en la discusión infértil de si públicos o concertados, que si este u otro gobierno lo hizo mal, argumentando medias verdades que en ocasiones suelen ser más peligrosas que las propias mentiras. Si la ley de 1970 de educación vino a garantizar la educación obligatoria hasta los catorce años y particularmente hasta los dieciséis para aquellos alumnos que cursaban la FP, la LODE, 1985, vino a garantizar los puestos escolares, es decir, los poderes públicos se obligaban a garantizar que ningún alumno se quedase sin colegio. Y nació la concertada, con un gobierno socialista. Por tanto, la red pública de centros escolares son aquellos de titularidad pública y los privados que se conciertan, dando así también, cumplimiento a la propia Constitución. Y todos deben cumplir la normativa vigente con rigor y excelencia, sin discusión, pero no es el problema.

Es urgente una Ley de Educación que nazca de un gran pacto. Pero una ley sencilla, directa y clara, sin que sea objeto de cambio cada vez que un partido de uno u otro color gana las elecciones. Y sobre todo, y es casi una súplica, no necesitamos más ideología educativa.

Sin embargo, la diosa fortuna nos sonríe. Existen colegios que hacen verdaderas maravillas, iniciativas colosales que permiten que nuestra educación, pese a todo, siga adelante. Gracias a esos pedagogos y psicopedagogos que atienden los servicios de orientación y las necesidades educativas especiales, sin medios, a los profesores, directores que con su esfuerzo diario hacen posible el milagro, que nuestros hijos sean mejor que nosotros.