La política de vivienda en Europa: límites al alquiler y ayudas directas

VALÈNCIA (EFE). Al igual que en España, la carestía de la vivienda es un problema generalizado en las grandes ciudades de Europa, donde sigue teniendo más peso la propiedad que el alquiler, salvo excepciones, y donde se tiende a limitar las rentas y a ofrecer ayudas directas a los colectivos más vulnerables.

En España, para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler (al que en España se dedica una media del 40 % del sueldo), los socios de Gobierno también han acordado limitar los precios de alquiler para grandes tenedores en las zonas tensionadas.

Además, se ha anunciado un bono de 250 euros mensuales para ayudar a los jóvenes con salarios bajos a pagar el alquiler y se busca llegar esta década a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible.

En otros países europeos las ayudas directas, tanto para la compra como para el alquiler, ya prevalecen sobre las desgravaciones fiscales, al tiempo que por lo general no se establecen obligaciones de construir pisos sociales.

Alemania, límites de alquiler y ayudas directas

En Alemania el acceso a la vivienda constituye un problema sobre todo en las grandes ciudades y para las personas con ingresos bajos.

Según la Fundación Hans Böckler, cercana a los sindicatos, en 77 ciudades (con el 31 % de la población alemana) hacen falta al menos 1,7 millones de viviendas para satisfacer las necesidades de los hogares con bajos ingresos.

Con el ritmo actual de construcción (300.000 viviendas en 2020) se necesitarían diez años para llenar la brecha existente, siempre que fueran viviendas asequibles, aunque en la actualidad se tiende a construir para sectores con ingresos altos, entre otros motivos por el precio del suelo.

El 42,1 % de los alemanes vive en régimen de propiedad y el 57,9 % en alquiler, según la Oficina Federal de Estadística, y en promedio dedican un 26 % de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Se calcula que hay entre 600.000 y 2 millones de viviendas vacías y desde 2015 existe una ley que determina que un piso no puede alquilarse por más de un 10 % por encima de los alquileres habituales en la zona, con ciertas excepciones, como alquileres antiguos o viviendas reformadas.

Existen ayudas a través por ejemplo de aportes estatales a un plan de ahorro dedicado a financiar la compra de vivienda de forma vinculante, que pueden alcanzar los 2.100 euros al año.

También hay una ayuda estatal al alquiler para personas con menos de 1.010 euros de ingreso mensual y familias con menos de 2.166 euros mensuales en el caso de que tenga 4 miembros.

El monto de la ayuda máxima oscila entre los 352 euros mensuales, para una persona sola que viva en una zona de alquileres considerados bajos y los 1.246 euros para una familia de cinco personas. Por cada miembro de familia adicional la ayuda sube 81 y 157 euros, según la zona de la vivienda.

En Alemania, después de un tiempo determinado, normalmente 15 años, las viviendas sociales pierden ese carácter y los propietarios pueden ofrecerlas en el mercado libre.

Francia, límites al alquiler y subir la vivienda social

El Gobierno francés cifra en 2 millones los ciudadanos a la espera de una vivienda, lo que genera tensiones, sobre todo en las grandes ciudades, como París, donde los precios de compra han subido un 61 % desde 2007.

El 60 % de los hogares tiene su vivienda en propiedad y el Ejecutivo trata sin éxito desde hace años de incrementar el ritmo de construcción de viviendas hasta el medio millón anual, pero la crisis sanitaria supuso un freno importante. En 2020 se construyeron 390.000 viviendas, 60.000 menos que el año anterior.

La situación no es mejor en los alquileres, donde los precios han crecido una media del 30 % en los últimos 30 años, pero con subidas mucho más importantes en las grandes ciudades, como París, donde casi dos tercios de los habitantes no son propietarios.

La ley francesa limita los precios de alquiler en las zonas más tensionadas, a lo que se suman otras regulaciones municipales en las ciudades más caras, como París y su área metropolitana o Lille.

También existen ayudas a la compra, como créditos al 0 %, pero los incentivos fiscales desaparecieron hace una década.

La presión inmobiliaria sobre los particulares ha ido creciendo. En 1960 se dedicaba el 12 % del salario a la vivienda y en 2019 el 29 %.

El Gobierno apuesta por incrementar las viviendas sociales para reducir el alquiler, y para ello incentiva que los ayuntamientos cumplan la ley que les exige dedicar, al menos, un 20 % del suelo a ese tipo de viviendas. En Francia hay 5,1 millones de viviendas sociales.

Reino Unido, ayudas al alquiler

La mayoría de las viviendas en Inglaterra están ocupadas por sus propietarios (65 % del total), mientras que los alquileres privados representan el 17 % del mercado y los alquileres sociales el 18 % , según datos gubernamentales.

De entre los propietarios, el 45 % paga una hipoteca por su vivienda, mientras que el 1 % posee el inmueble en régimen de propiedad compartida.

Los inquilinos dedican el 32 % de los ingresos al alquiler -incluidas ayudas públicas-, mientras que los ocupantes de viviendas sociales destinan el 27 %. En Londres, cada hogar dedica de media el 42 % de los ingresos a pagar un alquiler privado y el 30 % en caso de viviendas sociales.

El alquiler medio de una vivienda de dos habitaciones en el área metropolitana de Londres es de 1.700 euros, mientras que en zonas como Westminster la media es de 3.130 euros, según datos del Ayuntamiento.

En función de los ingresos familiares existen ayudas al alquiler privado y social. En Londres las ayudas para alquilar un piso de dos habitaciones pueden alcanzar 430 euros semanales.

Los inquilinos pueden comprar la vivienda por un precio por debajo del mercado después de tres años pagando un alquiler social.

La compra de una vivienda en el mercado privado está gravada a partir de los 147.000 euros, o bien 353.000 euros en caso de la primera vivienda.

Entre julio de 2020 y junio de 2021 el Gobierno británico eliminó el impuesto a la compra de viviendas por menos de 588.000 euros para impulsar el mercado inmobiliario durante la pandemia de la covid-19.

Italia, avales del estado para compra

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat), el 18,4 % de las familias italianas paga un alquiler, mientras que el resto vive en casa en propiedad. El gasto medio de los hogares en alquiler es de 412 euros mensuales, mientras que el 19,7 % de los propietarios paga una hipoteca media de unos 545 euros al mes.

Según el portal inmobiliario Idealista, las familias dedican alrededor de un tercio de sus salarios a pagar el alquiler o la hipoteca, aunque en algunas localidades como Vicenza el porcentaje para el alquiler puede llegar a ser de hasta el 40 %.

Con la crisis del coronavirus el Gobierno italiano aprobó medidas de alivio como la suspensión temporal del pago de las hipotecas para familias, autónomos y empresas, que se ha prorrogado hasta finales de 2021 para los colectivos con más dificultades económicas.

En Italia existe el llamado "bono primera vivienda": una garantía estatal del 50 % para el primer préstamo hipotecario por valor de hasta 250.000 euros. En mayo de 2021 se mejoró esta medida para los jóvenes y aprobó que hasta 2022 las personas hasta 36 años con ingresos inferiores a 40.000 euros pueden contar con una garantía estatal del 80 %.

También hay un "bono de alquiler" dirigido a los propietarios, que consiste en una ayuda de hasta 1.200 euros a los dueños que reduzcan el alquiler durante este año.

A los jóvenes de hasta 30 años y una renta de hasta 15.493,71 euros al año se les ayuda con deducciones fiscales al alquiler, que pueden alcanzar hasta los 991,60 euros en los tres primeros años.

Según el Istat (datos de 2011), hay en Italia unas 35,3 millones de viviendas, de las que aproximadamente el 22 % están vacías.

Portugal, beneficios fiscales

En 2019 el Gobierno portugués puso en marcha el Programa de Arrendamiento Accesible para promover la oferta de viviendas a precios inferiores a los del mercado, sobre todo para familias con rentas más bajas.

Los dueños de las viviendas pueden inscribir sus casas en el mercado de alquileres reducidos y se benefician de bonificados en el IRS, el equivalente al IRPF de España.

Por su parte, los demandantes de viviendas, incluido los estudiantes, se pueden registrar y tienen acceso prioritario en función de su renta.

El acceso a la adquisición de vivienda es un problema cada vez más acentuado en Portugal, donde el salario mínimo es de 740 euros y el precio medio por metro cuadrado de 2.266 euros (en Lisboa, 3.601 euros).

Para la adquisición de la primera vivienda, en Portugal se conceden algunos beneficios fiscales como la exención del IMT (Impuesto Municipal sobre Transmisiones) o la exención durante los primeros tres años del IMI (Impuesto Municipal de Inmuebles).

Además, se han ofrecido en los últimos años beneficios fiscales y visados de residencia especiales para extranjeros que compraran una propiedad en el territorio portugués.