Por si estabas de vacaciones

Estas fiestas ha caído en mis manos Ahora comemos nosotros, libro de la periodista británica Michela Wrong editado por Intermon Oxfam en 2011, subtitulado "La historia de un luchador contra la corrupción en Kenia". El luchador es el periodista John Githongo, uno de los que con más empeño denunció la corrupción generalizada en el Gobierno de la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU) después de casi cuatro décadas en el poder. Gracias a las denuncias de Githongo y de otros, la indignación de la población fue en aumento y la oposición acabó uniéndose en una Coalición Arco Iris para echar a los corruptos del poder, cosa que ocurrió en las elecciones celebradas a finales de 2002.

El nuevo presidente, Mwai Kibaki, había hecho de la lucha contra la corrupción su principal argumento para echar al KANU, apoyado por Transparencia Internacional en Kenia, de la que Githongo fue director. Animado por otros socios de esa organización, Kibaki nombró a Githongo secretario de Gobernanza y Ética de su Gobierno, es decir, lo puso al frente de la lucha contra la corrupción, pero el periodista no tardó en descubrir que su nombramiento era una tapadera para ocultar que lo único que había cambiado tras el relevo en el Ejecutivo eran los comensales de una fiesta que parecía tener como lema "ahora comemos nosotros".

Los nuevos gobernantes esperaban que Githongo se integrara en el sistema, se viera envuelto en los excesos y se contagiara. Que callara, como ocurre tantas veces cuando gobiernan 'los nuestros'. Pero no fue así. Githongo dimitió después de dos años, no sin antes recoger pruebas documentales y sonoras de lo que allí se cocinaba para denunciar, una vez más, la corrupción, esta vez desde Londres, adonde huyó después de recibir amenazas y acusaciones de espionaje. De poco sirvieron sus denuncias, ya que Kibaki continuó en el poder hasta 2013 y solo hizo dimitir a uno de los ministros pillados in fraganti –quien para arreglarlo afirmó que criticar la corrupción en Kenia era como "violar a una mujer que está dispuesta a ello"–, ministro que fue repuesto en el cargo pocos meses después.

Se preguntará el lector qué tiene que ver esto con España y con la Comunitat Valenciana. Nada, obviamente. Aquí no hay gobiernos donde se haya generalizado la corrupción después de décadas en el poder, ni coaliciones formadas para derrocarlos, ni políticos que se apunten al "ahora comemos nosotros", ni adalides contra la corrupción que sean designados en puestos oficiales para luego no hacerles caso o incluso atacarlos, ni ministros que dimitan por corrupción y luego sean recolocados… Por fortuna, esto no es Kenia.

Tampoco queremos parecernos y Githongo es un buen ejemplo para no bajar la guardia. Para evitar parecernos a Kenia, tenemos una ley de transparencia y unos organismos de fiscalización como la Sindicatura de Comptes, cuyo informe anual sobre las cuentas de la Generalitat llega siempre en plenas Navidades aunque Les Corts estén ya de vacaciones. Esto no es de ahora. Las Navidades son fechas propicias para que los gobiernos saquen la basura –igual que el 14 de agosto o el Jueves Santo– sin que la mayoría de la población perciba el olor.

El informe es un catálogo de cosas mal hechas en el año anterior –en este caso 2020– y, como ocurre con los de la Agencia Antifraude, está empezando a convertirse en una parte más de demasiados expedientes de contratación –cuando hay expediente–, un rutinario tirón de orejas que se queda en nada porque la Justicia está harta y en esas menudencias ya no entra. Se queda en nada para los autores del abuso y se queda en nada de nada para las empresas que no pueden optar a los concursos porque no tienen amigos –en el mejor de los casos– ni forma de acceder a los contratos otorgados a dedo.

La rutina es la siguiente: un servidor público contrata incumpliendo la ley, sale a la luz el contrato, se denuncia por parte la prensa o de la oposición –sin más repercusión– y queda en el olvido para, meses después, recibir la censura por parte de la Intervención, Antifraude o la Sindicatura de Comptes, o de todos ellos. Sale entonces el asunto en algún periódico por última vez y aquí no ha pasado nada. Ya ni se les colorea la cara de tanto que ha llovido. Antes había un último trámite, que era la Justicia, pero "no hay que judicializar la política" –proclaman siempre quienes gobiernan– y jueces y fiscales ya no quiere más líos después de los últimos revolcones y de que les hayan quitado un fiscal Anticorrupción en València. 

La mayor pero todavía incompleta transparencia ha ayudado a atajar la corrupción, pero con la transparencia ocurre como con el VAR, que también ha servido para visibilizar la impunidad con la que algunos actúan. Total, si alguien los señala, la tormenta durará 24 horas.

Y así, te encuentras que se siguen troceando contratos para darlos a dedo, se licitan concursos el 14 de agosto, se multiplica el importe de una licitación y se adjudica a una empresa con cero puntos en la valoración técnica, se anulan concursos porque el ganador designado por la mesa de contratación no es el esperado, se eternizan las contratas caducadas en beneficio de unas empresas y en perjuicio de todas las de la competencia, se dan subvenciones que no pasan ningún filtro a sospechosos habituales que resulta que han montado una fundación... Todo con apariencia de legalidad porque las irregularidades se achacan a errores técnicos y omisiones involuntarias.

No son la mayoría, esto no es Kenia. Son una inmensa minoría, pero el problema es que a esa inmensa minoría no le pasa nada. No hay reproche político, social ni judicial.

Así que, por si los lectores estaban de vacaciones, procedo en esta columna a recordar algunas de las informaciones sobre el contenido del informe de la Sindicatura de Comptes entregado en Les Corts el pasado 30 de diciembre, que hemos publicado durante estas entrañables fiestas. Por dar dar visibilidad al ímprobo trabajo del equipo que dirige Vicent Cucarella, que merece más atención por parte del gran público.

Por ejemplo, que la Conselleria de Sanidad omitió el control en contratos verbales por valor de 82 millones de euros, que se abusó de los contratos de emergencia, que la subvención de 120.000 euros otorgada a la Fundación Ellis en 2020 tenía agujeros por todas partes –ojo, que los aún más grandes agujeros denunciados hace meses por este periódico se referían a subvención de 2021, que fue de 1,5 millones– o, como publicamos este domingo, que Presidencia contratara por vía de emergencia hasta la campaña de publicidad contra incendios, que siempre se contrata en verano.

La Sindicatura informa de lo que conoce, pero hay un hecho que no se debe pasar por alto y que viene resumido en este párrafo: "La Administración de la Generalitat no ha atendido a lo dispuesto en el Acuerdo de 7 de diciembre de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática de convenios y de las relaciones anuales de los convenios suscritos por las entidades del sector público valenciano. En particular, no se ha remitido la información relativa a 32 convenios que constan en la nota 2.1 de la memoria, por un importe conjunto de 227,0 millones de euros, sujetos a la obligación de información. En cuanto a las relaciones anuales de los convenios suscritos, únicamente la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha presentado dicha relación".

Otosí: también el día 30 de diciembre, Presidencia de la Generalitat publicó el documento que recoge cómo repartió Ximo Puig la publicidad institucional a los medios de comunicación en 2020. Se conoce que no había tenido tiempo de darle al botón para descargar los datos en los 363 días anteriores. Aquí está la información, por si estabas de vacaciones.

El precio de mi luz

Pedro Sánchez enfrió la polémica sobre la subida de la luz en España con una hábil maniobra no exenta de riesgo, como fue prometer que los hogares pagaríamos en todo el año 2021 aproximadamente la misma cantidad que en 2018, cuando ya se disparó el precio de la electricidad pero no hubo tanta polémica. En lo que a mí respecta (contrato de mercado libre con Naturgy), se cumplió el pronóstico con creces –pague un 22% menos– gracias a la reducción del consumo de un 10% y del precio aminorado por la rebaja de impuestos, como se puede ver en el cuadro: