Por su propio interés

Ahora que, después de cinco años, PSOE y PP se han vuelto a repartir de forma arbitraria los asientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya podemos ocuparnos de la siguiente prioridad del Gobierno: la financiación autonómica. La de Cataluña, por supuesto, cuya urgencia es máxima porque aquí las prioridades dependen de las necesidades de Pedro Sánchez, ora ser investido presidente, ora que lo sea Salvador Illa en la Generalitat catalana.

Sánchez no ha encontrado un hueco en el último año para recibir en La Moncloa a Carlos Mazón, elegido presidente de la Generalitat valenciana en julio de 2023 –tampoco a la mayoría de pringados de las CCAA de segunda división–, pero corrió el viernes a rendir pleitesía en Vitoria al flamante lehendakari, Ismael Pradales, 48 horas después de visitar en Barcelona, por segunda vez en siete meses, al presidente catalán, Pere Aragonès, que está en funciones.

Esta descortesía le parecerá necesaria para demostrar a los nacionalistas vascos y catalanes que, en la consideración del presidente del Gobierno, están por encima del resto de autonomías. Cree que despreciando a los demás demostrará el aprecio que tiene por Cataluña y País Vasco, aprecio interesado, pero aprecio al fin y al cabo. No es nada personal, son solo votos.

Pero se equivoca. El cariño y los gestos puede que sean correspondidos, pero los votos se compran con dinero. Dinero del Estado, es decir, de todos. Dicen que lo de Begoña Gómez ha eclipsado el caso Koldo, pero lo que de verdad ha tapado informativamente hablando es el trasvase de dinero del Estado a Cataluña que esta semana han estado pactando ERC y PSC, como prolongación a los pactos entre ERC y PSOE que permitieron la investidura de Sánchez. Ahora necesitan la de Illa y el precio es alto.

Las urgencias primero de Sánchez y ahora de Illa cotizan al alza, con un acuerdo de Rodalies leonino para el Estado y la siguiente coletilla para completar unas transferencias de más de 1.500 millones a Cataluña: un fondo anual de 150 millones de euros para investigación y el traspaso de la gestión de las becas universitarias, con una transferencia de 7,9 millones para compensar la deuda acumulada de los últimos tres cursos y un pago anual de dos millones a partir del año que viene. A ver cómo explica Diana Morant a los investigadores valencianos que Cataluña va a recibir un fondo anual, aparte del resto de CCAA, de 150 millones de euros para investigación, y unos dineritos para becas que suenan muy bien.

Luego vendrá lo de la condonación de la deuda, diseñada a medida para Cataluña e injusta para los valencianos si se nos aplica con el mismo criterio. La guinda será un acuerdo de financiación exclusiva con Cataluña, camino intermedio hacia el cupo, ese que la ministra de Hacienda primero negó y luego afirmó que no sabía qué es lo que estaban negociando ERC y PSC, pero que confiaba en lo que hiciera Salvador Illa. Se viene un cambio de sistema por la puerta de atrás, en agosto, al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no afectará al resto, dicen. El resto, que se quede como está, como en el chiste.

A fin de cuentas, los valencianos ya tenemos una financiación singular desde hace dos décadas, la de un sistema que nos sitúa a la cola del reparto de fondos un año sí y al otro también, junto a Murcia, como recordó Fedea el otro día.

Otrosí: València es Capital Verde Europea 2024 y la alcaldesa María José Catalá viene reclamando al Gobierno que declare el evento "acontecimiento de especial interés público", lo que supone beneficios fiscales tanto para empresas como para particulares que colaboren en su desarrollo. María Jesús Montero ha respondido que eso se tiene que aprobar en la ley de Presupuestos Generales del Estado. Y como no hay presupuestos de 2024 ni se sabe si los habrá para 2025, llevamos siete meses de capitalidad sin ventajas fiscales.

Como es habitual, la excusa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda es falsa. Es cierto que esas declaraciones se suelen incluir en las leyes de presupuestos, pero el Gobierno ha aprobado declaraciones de "acontecimiento de especial interés público" mediante decreto-ley cuando le ha apetecido o las ha colado en disposiciones adicionales en leyes de materias random. Así lo hizo, y le dediqué un artículo, con el South Summit de Madrid, declarado "de especial interés" porque le interesaba a Pedro.