VALÈNCIA (EFE). El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València ha ampliado la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por la estafa de 4 millones en la Empresa Municipal de Transporte (EMT) con más de 500 páginas que recogen informes de diferentes organismos auditores.
Entre esa nueva documentación está la auditoría de ciberseguridad de la Sindicatura de Comptes, que detecta graves carencias en la empresa pública, y el informe de la memoria de la Agencia Valenciana Antifraude, ha informado la formación popular en un comunicado.
El concejal del PP Carlos Mundina ha señalado que "resulta manifiesta y reiterada la falta de diligencia en la gestión de la entidad, que sigue haciendo caso omiso a los informes de entidades como la Sindicatura de Comptes, la Agencia Valenciana Antifraude, la Intervención General Municipal, el Síndic de Greuges o el Consejo de Transparencia, así como las propias auditoras privadas".
Además, ha acusado a la empresa de "ocultación a los miembros del Consejo de Administración de documentación relevante para el ejercicio de sus funciones" al menos en lo que refiere a su experiencia en el consejo de administración de la EMT.
Entre los documentos que se aportan esta la memoria anual de la Agencia Valenciana Antifraude que expone resumidamente la ausencia de protocolos y el incorrecto funcionamiento de los sistemas de control.
"Los informes de control posterior realizados por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana (en relación con el ejercicio 2016) y por la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Valencia (en relación con la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2018), pusieron de manifiesto deficiencias que, de haberse corregido, podrían haber detectado o minimizado el incidente", ha apuntado.
Entre ellas, recuerda la Agencia "la ausencia de instrucciones internas de contratación, de procedimientos de aprobación de facturas, de evidencia documental en operativa contable, del cumplimiento del propio plan-programa de armonización, deficiencias en aspectos de la gestión del área de tesorería, entre otras".
"Parece plausible pensar que estos procedimientos internos concretos hubiesen dado la voz de alarma en alguno de los distintos niveles organizativos existentes, antes de efectuar unos 5 pagos por montante de 4 millones, con las verificaciones por sus responsables y los acuerdos requeridos al efecto", ha apuntado.
También se adjunta el extracto con las Recomendaciones de la Sindicatura de Comptes del Informe de Fiscalización de EMT del año 2016, en que ya se ponía de manifiesto graves deficiencias que de haberse implementado por los gestores de EMT, tal y como señala la Agencia Valenciana Antifraude, "habrían detectado o minimizado el incidente".
Igualmente incorporan la auditoría de ciberseguridad de la Sindicatura de Comptes del ejercicio 2020 (año posterior al fraude) y que se hizo público por parte de dicho organismo el pasado 4 de febrero de 2021.
Este nuevo informe vuelve a remarcar los deficientes controles de ciberseguridad que no cubren el mínimo legalmente exigible todavía un año después del fraude y apunta "un bajo índice de madurez de los controles de ciberseguridad, cuantificado en un 51,5 %, siendo el objetivo del 80 %".
