Foto: THISISENGINEERINGVALÈNCIA (EP). El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts (GPP) ha reclamado al Gobierno de España que "pague" y "asuma" el coste de 35 millones de euros para la adaptación de las plantillas docentes a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en las cinco universidades públicas valencianas.
La propuesta, presentada en forma de una proposición no de ley (PNL) en Les Corts, ha solicitado también que el Gobierno destine "como mínimo" el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, según ha informado el PPCV en un comunicado.
La portavoz de universidades del GPP, Lola Roch, ha señalado que la nueva ley "modifica las condiciones laborales del profesorado asociado y convierte las plazas temporales en indefinidas con la idea de reducir la temporalidad". "Las universidades valencianas han realizado todas las tareas necesarias para adecuar sus plantillas docentes a la estructura impuesta por la LOSU, pero ahora son penalizadas por la ministra Diana Morant, al no facilitarles el dinero que ha supuesto su adaptación a la ley", ha argumentado.
Por ello, ha defendido que las universidades "han cumplido y acatado la LOSU" y ha criticado que ahora el Gobierno "ni siquiera es capaz de facilitarles el dinero que requiere ejecutar o las medidas implantadas para cumplir la ley".
La diputada 'popular' ha afeado a Morant que "establece obligaciones que pagarán los demás": "La LOSU impone nuevas estructuras, nuevos servicios y nuevas funciones añadidas para las universidades, pero no revela de dónde saldrá el dinero para sostenerlas".
"La ley no solo no resuelve los problemas de la universidad sino que los agrava al no contar con la financiación suficiente, lo complica todo y lo encarece, haciéndola en la práctica una norma inaplicable", ha criticado Roch, que ha hecho hincapié en que es "obligación" del Gobierno "asumir los costes que conlleva aplicar una normal estatal y, sin embargo, la ministra mira hacia otro lado para tratar de escurrir el bulto sobre su incompetencia".
Respecto a la propuesta de flexibilización o calendarización de la LOSU que ha propuesto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Roch ha considerado que resulta "insuficiente" y "parcial", al ceñirse "solo a determinados aspectos de la ley" que "afectan a la contratación del profesor asociado". "La propuesta no plantea soluciones al resto de cuestiones que exige la norma estatal como es la dedicación horaria del resto del personal docente e investigador que integran la plantilla universitaria, entre otras cuestiones", ha concluido.
