VALÈNCIA. La renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana fue uno de los asuntos que dejó pendiente el Botànic –conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem–. Tras posponerse en numerosas ocasiones a lo largo de la pasada legislatura, en la recta final los partidos que conformaban el Consell trataron de llegar a un acuerdo con la oposición. Pero finalmente no lograron concitar los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Ahora, el PP ha decidido retomar el asunto desde Les Corts con la búsqueda del consenso.
En estos momentos, hay cuatro entes que se encuentran en funciones: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura. Algunos de estos órganos resultan clave para el correcto funcionamiento de la administración valenciana, pero los partidos han sido incapaces de desbloquearlos en los últimos años.
Las negociaciones entre el tripartito y los populares encallaron especialmente a la hora de establecer el reparto de nombramientos del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En el resto, a priori, había acuerdo. A la situación, desde luego, no ayudó mucho que se abordara el tema en los últimos meses antes de las elecciones autonómicas de mayo.
Con la nueva ley, el Ejecutivo valenciano debía proponer a dos de los seis miembros del CJC, por lo que los otros cuatro deberían designarlos Les Corts Valencianes. Sobre estos cuatro candidatos, la propuesta era que el PP, Podem, Compromís y Ciudadanos elevaran cada uno un nombre. El PSPV se encargaría de nombrar a los del Consell (designaron a Javier de Lucas y Fernanda Lapresta en marzo).
Sin embargo, según los populares, el diseño inicial era que PP, Podem y Ciudadanos propusieran candidatos y, además, se reservara el cuarto para un candidato de consenso entre el bloque de izquierdas y derechas, y no para Compromís, que podría designar a su aspirante desde el Consell. Una versión que desmentían desde el tripartito.
Tras semanas de desencuentros, no hubo manera de que los partidos lograran entenderse. El Botànic acusó al Partido Popular de estar replicando en la autonomía el bloqueo que a nivel estatal se estaba produciendo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y buscaba con ello posponer la renovación de los nombramientos más allá del 28 de mayo por si las urnas les otorgaban una mayor representación y, por tanto, disponer de una posición de fuerza de cara a una futura negociación. Algo que acabó ocurriendo.
En Ciudadanos hubo un intento a la desesperada por dar sus votos a la izquierda y conseguir pactar la renovación, pero su desintegración interna ni siquiera permitió que todo el grupo fuera a una.
Ahora han cambiado, por tanto, las tornas. Y son los populares los que tienen que liderar las negociaciones. Aunque éstas no se han iniciado de manera oficial, ya ha habido algunos contactos, según admiten fuentes de los grupos. Para sacar adelante los nuevos nombramientos de estos órganos, el PP necesita a la oposición. Al menos, a un partido, ya sea PSPV o Compromís. Los populares y Vox suman un total de 53 diputados, cuando se requiere un apoyo de las tres quintas partes del parlamento (60 diputados).
El PP ya se encuentra tanteando el terreno, si bien no ha trasladado una propuesta definitiva de acuerdo. Algunas fuentes señalan que ha planteado a Compromís cederle la presidencia de alguno de los órganos, de manera que los otros tres se los repartirían entre los populares y Vox. Eso supondría dejar al PSPV fuera en el caso de que no quisieran entrar en el acuerdo, algo que desde la coalición preferirían que no ocurriera.
Compromís ya cuenta con el antecedente de pactar con los populares la composición de la Mesa de Les Corts después de que los socialistas se negaran a cederle un puesto a los que fueran sus socios de Gobierno. Otro acuerdo con el PP –aunque siempre negaron que lo hubiera en la Mesa– creen que no daría demasiada buena imagen entre sus votantes. Por lo pronto, prefieren que el PSPV entre en la ecuación de los órganos estatutarios y se logre un consenso entre todas las fuerzas. Y si los socialistas se niegan... ya se verá.
Desde el PSPV señalan que por el momento nadie se ha dirigido oficialmente a ellos con una propuesta y que cuando les llegue la estudiarán y lo abordarán "con responsabilidad". La posición respecto a ellos que circula en Les Corts por los contactos informales mantenidos es que no tienen excesiva prisa. Así que ahora habrá que esperar a que comiencen las negociaciones oficiales, donde tendrán que dejar clara su postura. La estrategia dentro del grupo tiende a una oposición dura contra el Consell del PP y Vox, pero sin capacidad de bloquear la renovación de los órganos deberán decidir si entran a pactar o se quedan fuera, lo que elimina la posibilidad de proponer nombres.
Las decisiones que se tomen tienen su relevancia. El Consell Jurídic Consultiu es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración autonómica, y de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica. Se encarga de ejercer un control de legalidad sobre las normas que parten del Ejecutivo autonómico. La actual presidenta es Margarita Soler, quien fue nombrada por el PSPV. Ahora, su puesto queda en el aire. Junto a ella tendrán que nombrarse los miembros a propuesta de la Generalitat y de Les Corts.
Algo similar ocurre con la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat, los organismos que de ella dependen y las entidades locales. En esta institución tienen que cambiar todos sus miembros. Entre ellos, el Síndic Major, que actualmente es Vicent Cucarella y el cual ya lleva 6 años en el cargo.
En cuanto al Consell Transparencia, lleva sin renovarse desde diciembre de 2020 y es el más tiempo se mantiene en funciones. De los cinco miembros que hay (aunque ahora son cuatro tras la renuncia del diputado de Vox Carlos Flores Juberías por incompatibilidad), los grupos han de elegir a tres nuevos, que tendrán rango de director general y pasarán a contar con dedicación exclusiva.