VALÈNCIA. La última sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, antes de las vacaciones navideñas fue igual de espinosa para el jefe del Consell que la que dio inicio a la legislatura. La oposición atacó este jueves por tierra, mar y aire al número uno del Ejecutivo valenciano en el último pleno ordinario de 2019 -los próximos se dedicarán a Presupuestos- con cuestiones como las subvenciones concedidas a las empresas de su hermano que actualmente investigan los juzgados, la sentencia de los ERE de Andalucía o la resolución de la Inspección de Trabajo sobre las becas de la Generalitat.
La primera en intervenir fue la síndica del PPCV, Isabel Bonig, que le recriminó que una ex trabajadora de la empresa de comunicación Canal Maestrat -propiedad de los hermanos Juan y Enrique Adell Bover- denunciara ante la Fiscalía que en las fiestas que celebraba la empresa "ya se oía que cuando Ximo Puig ganase las elecciones se iban a forrar". Un reproche tras el que le aseguró que ella no haría con él lo mismo que hicieron algunos socios de su Gobierno del Botànic con algunas "familias y cargos del PP" en la legislatura pasada.
Un día antes, el Parlamento valenciano tuvo que reformar la ley de senadores en la que, a instancias de Podemos, el Botànic incluyó en la normativa en la legislatura pasada la posibilidad de revocar a un senador territorial si éste actuaba de forma poco ejemplar. La justificación para poder revocarlos era que incurrieran en comportamientos que suscitaran pérdida de confianza o provocaran el desprestigio de las instituciones. Artículo que fue utilizado para apartar a Rita Barberá de la Cámara Alta y que tiempo después tumbó el Tribunal Constitucional.
La también presidenta regional del Partido Popular le reclamó a Puig que no siguiera escondiéndose tras las investigaciones a las subvenciones a empresas de comunicación de su hermano, Francis Puig. A lo que el president de la Generalitat replicó que la que va "por los juzgados de momento" era ella y no él, en relación a su declaración como testigo la semana pasada en el caso sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI en 2006 a València.
Después de este cruce de reproches judiciales, la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, volvió a insistir sobre las subvenciones para el fomento del valenciano concedidas a las empresas del hermano del president de la Generalitat. La popular cuestionó si podía asegurar que su familiar no habría presentado "facturas duplicadas" en distintas administraciones. Un envite al que respondió el conseller Vicent Marzà, que ostenta la cartera responsable de la concesión de este tipo de ayudas.
La sesión de control no había hecho más que empezar. Tras el turno de los populares, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, le preguntó al jefe del Consell desde su escaño con cierta ironía si sabía qué era un becario. Una breve interpelación dirigida a poner en un aprieto al president de la Generalitat después de que Inspección de Trabajo detectara "fraude de ley y abuso de derecho" en la situación de 28 becarios de Presidencia y resolviera que estas personas debían cotizar a la Seguridad Social como trabajadores de la Administración.
Con la misma ironía empleada por Cantó, Puig le agradeció que por "primera vez en meses" el portavoz de Ciudadanos preguntara por cuestiones relacionadas con la Comunitat Valenciana y no con otra autonomía -véase Cataluña-. "Espero que este sea un síntoma de recolocación al centro", le espetó al líder de los naranjas, quienes el pasado 10 de noviembre sufrieron un batacazo electoral (perdieron 47 escaños) que los expertos atribuyen a su viraje a la derecha.
"Repita conmigo señor Puig, un becario no es mano de obra barata; un hombre de 37 años no puede ser becario, es un trabajador precario; alguien que encadena becas cuatro años no es un becario, es un contratado que encadena trabajos precarios", censuró Cantó. "Dejen de explotar a la gente, trátenles igual que a los enchufados que llevan el carnet de partido, que no les contratan como becarios. No es un presidente digno el que permite esto, que lo que hace cuando le pillan es decir que va a acabar con los becarios", zanjó el portavoz de Cs.
Una amonestación a la que el jefe del Consell respondió que su departamento está estudiando el contenido del informe de Inspección de Trabajo para "actuar en consecuencia y formular, si es necesario, las distintas alegaciones", así como que se ha instado a las direcciones generales a que "ajusten de manera inmediata los planes de formación y de tutorización de los becarios actuales". "La formación de los jóvenes para mejorar su acceso al mercado laboral es una de las prioridades de la Generalitat", subrayó Puig.
No parecieron satisfechos en Ciudadanos, ya que el diputado Carlos Gracia intervino después de su síndic para volver de nuevo sobre esta cuestión. "¿Alguien puede contestar de una vez a lo que se le pregunta?", inquirió en relación a la política de becarios del Gobierno valenciano. Un guante que se encargó de recoger la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, quien echó mano de hemeroteca para golpear a Cantó. "Yo no sé si cuando el BOE publica en 2014 el acuerdo sobre las condiciones de los becarios del Congreso de los Diputados -por las que percibían en torno a 1.000 euros mensuales- y el señor Cantó era diputado iba a preguntarles: Chavales, ¿cómo os va? ¿os tratan bien? ¿encadenáis contratos? No sé si pasaba, pero lo que sí sé es que cuando en 2017 Podemos presenta una Proposición de Ley para que no se encadenaran los contratos de prácticas al graduarse, Compromís y el PSOE votaron a favor. Usted se abstuvo", recriminó Oltra.
Una incómoda sesión de control para Puig que zanjó Vox pidiéndole al president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos que dimitiera y convocara elecciones tras la sentencia de los ERE y la investigación a su hermano por las ayudas concedidas desde Educación para el fomento del valenciano. "No y no", zanjó el jefe del Consell tras recriminarles que en la sesión plenaria del miércoles el partido de ultraderecha se "atreviera" a llevar una fotografía con una esvástica (tachada) a Les Corts. "El respeto a la historia y a las personas que han muerto por la libertad debería hacerles bajar la cabeza", espetó a los diputados de esa formación.
