VALÈNCIA. (EP) El PP y Cs en la Diputación de Valencia han anunciado que llevarán a Fiscalía el proceso de selección de la Jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, tras la Junta General extraordinaria celebrada este martes para tratar de la situación de la empresa pública, y donde el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, ha anunciado la extinción de esta empresa.
Divalterra es la sucesora de la que en su día fue Imelsa y el anuncio del cierre se produce en el mismo día en que se ha hecho público que un juzgado ha procesado al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio y a otras 24 personas más por las contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
El portavoz del PP en la institución, Vicente Mompó, ha avanzado que entre la documentación que remitirán al ministerio público se encuentran las "presiones" sufridas por el exgerente Antonio Mas, "que él mismo desveló", según ha informado en un comunicado.
Los 'populares' han pedido en la junta el cese del presidente del Consejo de Administración de Divalterra, Ramiro Rivera, y del jefe de los Servicios Jurídicos, José Luis Vera, y acusan a Gaspar de haber impedido la votación de esta destitución, con el argumento de que no estaba en el orden del día.
Por su parte, la portavoz de Cs, Rocío Gil, ha pedido que no haya políticos al frente del Consejo de la empresa pública y ha propuesto a la Junta realizar un mandato para destituir a Vera, al tiempo que ha anunciado que también se pone el caso del proceso de selección la jefa de RRHH en manos de la Fiscalía.
Mompó ha expresado su "malestar" por la forma en la que se está gestionando por parte de Ramiro Rivera el expediente de contratación de la jefatura de RRHH y la actuación "poco garantista" tanto de este último como de Vera, cuya propuesta de revocación del proceso de selección ha sido "reiteradamente rechazada", hasta en cuatro ocasiones, por el Consejo de Administración, según ha indicado en un comunicado.
Por ello, ha pedido el cese de ambos en la Junta al entender que "han agravado las sombras de sospecha sobre la actuación de la empresa pública en este asunto" y han generado "incertidumbre a las familias de los trabajadores que ven como un nuevo escándalo azota Divalterra".
A juicio de Mompó, es necesario nombrar un nuevo presidente del Consejo "porque el actual ha perdido la confianza del órgano de gestión" y, además, "acumula más poder" y también sostenía la necesidad de nombrar un nuevo jefe de los servicios jurídicos porque el actual "no ha sido respaldado por el Consejo en sus denuncias de presuntas irregularidades".
"No es que no se pueda votar es que no se quiere votar", ha reprochado Mompó a Gaspar, al que le ha advertido de que la gravedad de los hechos que denuncia Vera en sus escritos --"que le han llevado incluso a solicitar la responsabilidad patrimonial a los directivos en caso de tener que hacerse cargo la empresa de daños y perjuicios", ha recordado-- "habrían justificado que acudiera a los tribunales, cuestión que no ha hecho".
Además, ha añadido que el gerente denunció en el último Consejo "presiones hacia su persona, los miembros del tribunal de selección y la candidata que finalmente ganó el concurso".
Por su parte, Rocío Gil ha lamentado que los trabajadores de Divalterra "estén siempre en el punto de mira por culpa de los políticos que nos gobiernan", y se ha preguntado si "el presidente del Consejo hubiese puesto tanto ímpetu en el proceso de selección de cualquier otro puesto de la empresa".
En esta línea, ha defendido que el cierre de la empresa anunciado por Gaspar "ha de contar con todos los informes favorables". "Si ya los tienen, no entendemos que estuviéramos trabajando en la transformación" de la empresa pública y "llevan tiempo barajando esta posibilidad sin haber informado" al respecto, ha reprochado y se ha mostrado "sorprendida" por el anuncio.
A su juicio, "no basta con mantener sus puestos de trabajo, hay que garantizar sus antigüedades y el resto de derechos adquiridos de los casi 600 trabajadores" y ha añadido en un comunicado que Cs "no se puede pronunciar" sobre el cierre "sin conocer los informes que, por supuesto, han de ser todos favorables para que se pueda acometer".
En todo caso, ha destacado, "Divalterra ha traído muchos disgustos a esta casa" --en referencia a los casos Taula, Alquería o Cical-- "por la mala gestión de los políticos, no por sus trabajadores, que siempre han estado a la altura".
En esta línea, ha apuntado que el procesamiento de Rus es "un ejemplo más de la corrupción política en Imelsa y Divalterra". "Primero el PP, en Imelsa, y luego PSPV y Compromís en Divalterra, han manchado el nombre de la empresa y la Diputación con su gestión, que dista mucho de la transparencia y la honestidad", ha sostenido.
Además, ha subrayado, "el cierre de la empresa no evitará que se depuren responsabilidades en el proceso de selección de la directora de RRHH, el último bochorno de Divalterra". "Cs seguirá trabajando, como ya hizo en el caso Alquería, para que se aclare si ha habido alguna irregularidad", ha concluido.
El portavoz de La Vall Ens Uneix, Joan Sanchis, ha indicado por su parte que "ya era hora" de cerrar Divalterra y traspasar las brigadas a Bomberos, una decisión que considera que "evitará que la empresa siga haciendo daño a quienes han querido gestionarla de manera honrada". Al respecto, ha avisado de que estará "vigilante" para que no se conviertan en funcionarios los "enchufados que han acabado con la empresa".
Joan Sanchis ha apuntado que esta es la propuesta que él mismo defendió en el pleno del pasado 18 de febrero de 2020, y ha recordado que el traspaso de las brigadas a Bomberos ya se llegó a plantear en el anterior mandato por el anterior presidente, Jorge Rodríguez, "pero no se le permitió".
A su juicio, este anuncio "viene a confirmar que la contratación de altos cargos era la única manera de poner orden en una empresa corroída por la corrupción del PP y que, como se ve, la alternativa es su cierre justo tres años después", en alusión al caso Alquería, en el que está procesado Jorge Rodríguez.
Desde Vox, el diputado Joaquín Alés ha mostrado su "profunda preocupación" por el relevo del jefe de personal de la empresa pública que ha acabado derivando en este proceso y ha acusado al PSOE de "tejer durante su historia redes clientelares a través de este mecanismo para poder perpetuarse en el poder".
Según Arlés, de momento, "tenemos una primera resolución de la
Agencia Valenciana Antifraude que contradice el informe del director de los Servicios Jurídicos de Divalterra y que sitúa en una posición muy incómoda al diputado presidente del Consejo de Administración de la empresa".
Según la corporación provincial, el último en intervenir en la Junta ha sido Ramiro Rivera, quien ha repasado la actividad y el estado actual de una empresa "solvente que cuenta con la implicación y la profesionalidad de sus 589 trabajadores" y ha detallado que ordenó "suspender de forma cautelar el proceso de selección en Recursos Humanos con la prudencia con la que siempre actúo, velando por evitar irregularidades".
Rivera ha insistido en la "transparencia" de su actuación "tratando de resolver un recurso que llegó al Consejo y que, por tanto, era mi deber resolverlo por el bien de la empresa". Además, ha reclamado "respeto para los trabajadores de la empresa que cumplen con sus obligaciones", como el caso de José Luis Vera, y ha dicho a la oposición que, para ir a la justicia, "tendrán que ver primero a quién acusan y de qué", según ha informado la corporación.