El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Foto: KIKE TABERNEREl pleno de la Diputación nombra a los nuevos consejeros de la empresa pública tras las dimisiones e incluye nombres vinculados a PSPV y Compromís. La coalición y el partido de Jorge Rodríguez se ponen del lado de los socialistas para evitar hablar de la polémica de Recursos Humanos durante la sesión.
VALÈNCIA. La Junta General de Divalterra, el pleno de la Diputación de Valencia que preside Toni Gaspar, aprobó este martes los nombres de los nuevos consejeros de la empresa pública. Lo hizo en mitad de la crisis desatada por la polémica del proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos, que se ha visto agudizada por las dimisiones de cinco miembros de la cúpula de la firma en los últimos diez días.
El orden del día incluía únicamente la votación sobre el relevo de la mayoría de los que han presentado su renuncia, alguno por ocupar un nuevo puesto en la Generalitat y otros por motivos personales o con la especulación de un posible hartazgo y una marcha acelerada por la última controversia. No se puso encima de la mesa, sin embargo, la posibilidad de que el pleno pudiera pasar a asumir el mando de Divalterra –al tener potestad para, por ejemplo, cesar a todo el Consejo–. Una opción que el propio Gaspar se planteaba la semana pasada pero en la que finalmente ha reculado por el momento.
De hecho, según informaron fuentes de la propia Diputación, el presidente de la empresa, el diputado socialista Ramiro Rivera, tenía previsto instar de manera urgente a convocar la Junta General para que adoptara medidas que permitieran la "adecuada operatividad" de la firma ante "la imposibilidad por parte del Consejo de Administración de resolver aspectos importantes". La cita de ayer no trató nada acerca de este asunto más allá del relevo de los nuevos consejeros, un trámite que se presume habitual dado que los estatutos establecen que para funcionar ha de contar con un mínimo de 9 y un máximo de 14.
Pese a que Gaspar renunció a ese golpe de mando de manera efectiva, las nuevas personas que ahora entran sí pueden facilitar que la mayoría dentro del Consejo de Divalterra se decante hacia el equipo de Gobierno de PSPV y Compromís, lo que resulta de importancia en la toma de decisiones.
Dos de los sustituidos fueron los representantes del PP y Ciudadanos. En el caso de los populares, Pepe Morgan releva a Carlos Gil, que pasó recientemente al grupo de no adscritos. En el de los naranjas, Ignacio Sánchez Amorós se situará en el lugar de Jorge Ochando, también denunciante del caso Alquería y que optó hace pocos días por apartarse. En Compromís, aunque su consejero, Emili Altur, también dimitió, todavía no se ha propuesto a un sustituto –en la nota de prensa oficial de la Diputación enviada sobre estos cambios sí se afirma que se le ha relevado, aunque no ha sido así aún–.
Al margen de los elegidos por los grupos, lo llamativo del asunto se encuentra en los perfiles de los "técnicos". Así se les denomina puesto que todos ellos son funcionarios, pero sus vinculaciones también son políticas debido a que han ocupado cargos con PSPV y Compromís. Así sucede con Luis Felipe Martínez, que se incorpora como nuevo consejero sin sustituir a ningún dimitido, lo que supondría que la empresa pasara de tener 9 a contar con 10 si Compromís acaba incluyendo al suyo. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha estado ligado a los socialistas en varios cargos. El más destacado es el de subdelegado del Gobierno en Valencia entre 2004 y 2011, donde trabajó con tres delegados: Antonio Bernabé, Ricardo Peralta y Ana Botella.
En la pasada legislatura fue subsecretario de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo (nombrado en 2015 y destituido en 2017) y secretario general de la Autoridad Portuaria hasta 2019. Otros de los puestos que ha desempeñado han sido los de subdirector General de Ordenación y Política de Personal en el Ministerio de Sanidad y Consumo, secretario general de la Conselleria de Administración Pública y director general del Servicio Valenciano de Salud. En el PSPV, fue secretario de estudios y programas en la ejecutiva comarcal de Valencia.
Tras dejar la Conselleria de Justicia, volvió a la Delegación del Gobierno, en este momento controlada por el sector del ministro José Luis Ábalos.
Relacionado con los socialistas se encuentra igualmente José Luis Aragón, que releva a Javier Cuenca después de que desde diciembre éste ocupe la jefatura de la Inspección General de Servicios de la Generalitat tras ser fichado por Bravo. Jefe de Gabinete del área de Administración General de la Diputación, Aragón fue jefe de Gabinete del exdiputado del PSPV José Ruiz, responsable del área de Personal de la corporación la pasada legislatura y considerado de la corriente del 'abalismo'. Ambos fueron centro de ataques de Intersindical, que denunció en 2019 que el actual concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, llevaba más de tres años trabajando para el PSPV gracias a que encadenaba comisiones de servicio en la corporación, según publicó eldiario.es.
Una de las plazas en las que se propuso al ahora edil fue la de Gestión de Programas en el centro de Gestión de Personal, la cual dependía orgánicamente tanto de José Luis Aragón como de José Ruiz. El sindicato interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que se les dio la razón y anuló la resolución de la Diputación al considerar que no existió la publicidad requerida del puesto.
Por último, se encuentra Pau Martínez Gómez, elegido en el Consejo de Divalterra en sustitución de la hasta ahora tesorera, Beatriz Moreno. Coordinador del área económica de la corporación provincial, ha sido concejal de Compromís en el municipio de Manuel, según confirman fuentes del Bloc, aunque la coalición de manera oficial evitó hacerlo a preguntas de este periódico.
Durante el desarrollo de la Junta General, tanto PP como Ciudadanos manifestaron su descontento por el hecho de que los tres últimos nombres, propuestos por Gaspar, hubieran sido comunicados a los grupos pocos minutos antes de que tuvieran que dar luz verde, de manera que no habían podido estudiarlos. La portavoz de la formación naranja, Rocío Gil, pidió que la votación de esos consejeros se produjera de forma separada a la de los representantes de los partidos, a lo que se le unió el del PP, Vicente Mompó.
El secretario de la Diputación indicó que es algo que se puede hacer en la Junta, aunque no en el pleno, pero que en todo caso es decisión del presidente. Gaspar se negó, posición respaldada por Compromís y por la Vall Ens Uneix (el partido que lidera el expresidente de la corporación Jorge Rodríguez, a quien recientemente el juez ha abierto juicio oral por posibles contrataciones ilegales en Divalterra).
Se procedió, por tanto, a una votación conjunta y PP y Ciudadanos acabaron dando su apoyo. La Vall, Vox y el diputado no adscrito Carlos Gil se abstuvieron.
Gaspar, en su intervención previa, señaló que se decidió que el Consejo de Administración de la empresa pública tenía que estar integrado por representantes de los partidos, pero con mayoría de técnicos. Una máxima que, aseguró, se ha seguido y se seguirá tras los nuevos nombramientos pese a las vinculaciones políticas con las que cuentan aunque, eso sí, sean funcionarios. En cuanto a los planes futuros, comentó que esperaba que la próxima Junta General fuera ya para tratar la transformación de Divalterra con los informes que ha pedido y en los que llevan meses trabajando.
Tras el pronunciamiento, la oposición solicitó que pudiera abordarse la polémica del proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos, a lo cual el presidente de la Diputación respondió que los únicos puntos del orden del día eran los relativos a los nombramientos. En el turno de palabra que les otorgó a los diputados, el portavoz de Compromís, Xavier Rius, también se mostró partidario de impedir el debate y apuntó que "si la oposición ha estado filtrando" a la prensa el asunto "ya tiene su espectáculo en otro lugar".
Mientras, Rocío Gil remarcó que estaba en juego el puesto de trabajo de una persona y Vicente Mompó replicó que el que quiere hacer un espectáculo "no es precisamente el PP", pero que parece que a Compromís "no le apetezca hablar del tema"de un proceso de selección "que no ha salido como parece que algunos esperaban". Así, cuestionó que, si el jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, ha detectado más de una decena de irregularidades, "por qué no han ido a un juzgado de guardia" a denunciarlo.
Por último, desde La Vall, Joan Sanchis, defendió que tampoco se debatiera la polémica y defendió la actuación de Jorge Rodríguez porque lo único que quiso la anterior corporación, afirmó, fue "poner orden" en Imelsa –antigua Divalterra– por los casos de corrupción en los que estaba involucrada, como Taula. "Habrá que ver quiénes son los denunciantes del caso Alquería y por qué lo hicieron", añadió.
Una postura que, más allá de amparar las actuaciones que un juez ve como posibles delitos y atacar a los denunciantes y testigos de la causa, resulta curiosa puesto que esta misma semana el propio Gaspar consideró durante una entrevista en À Punt que no se había respetado la presunción de inocencia de Rodríguez, cuestionando así decisiones de su partido cuando lo apartó.
Después de lo ocurrido, PP y Ciudadanos registrarán estos próximos días una petición para que se celebre una Junta General extraordinaria de Divalterra en la que se trate el asunto de RRHH.
