Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel. VPVALENCIA. La sesión plenaria de Les Corts sobre la ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2017 celebrada este lunes dejó una división de voto entre los dos socios del Consell, PSPV y Compromís, a cuenta de la modificación que solicitaba Podemos en la Ley 5/2014 de la Generalitat, en concreto del artículo 197 apartado c, referido a la explotación de canteras.
Así, la formación morada proponía que a 10 kilómetros de la franja litoral, específicamente en la "infraestructura verde catalogada como monte público, prevalezca la clasificación y ordenación urbanística que preserve sus valores forestales y ambientales". Una condición que afecta a alguna cantera concreta como la explotación de Lafarge en Sagunto. No obstante, el propio portavoz de la formación morada, Antonio Montiel, recalcó a este diario que la aplicación se llevaría a cabo "conforme fueran caducando los permisos de explotación".
En este caso, Lafarge se encuentra según el dirigente en la primera prórroga de 30 años desde 2012, por lo que no se vería afectada inmediatamente. "Eso sí, no podrían realizar una ampliación del ámbito en el que se encuentran ahora si ese fuera su objetivo", puntualizó, algo que se venía planteando desde la cementera. En este sentido, cabe recordar que en 2013 se firmó, con Alfredo Castelló (PP) como alcalde, un convenio por el que la Administración se comprometía a facilitar la reubicación de la citada industria en la zona del Piñal.
Esta enmienda de Podemos fue apoyada por Compromís en virtud, según fuentes de la coalición, de la posición que mantiene esta formación procedente de la anterior legislatura, cuando enmendaron en este sentido en las alegaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de 2014. A todo ello, hay que sumar que el alcalde de la citada localidad, Quico Fernández, es miembro de Compromís.
No obstante, la iniciativa fue tumbada este lunes por los votos alineados de PP y PSPV, algo que ya había ocurrido en comisión. Así, fuentes socialistas consultadas por este diario defendieron que el criterio de la Conselleria de Economía -precisamente liderada por Compromís- era desfavorable a la enmienda, recomendando su rechazo.
En ese sentido, y aunque subrayando que su "tenor no es la prohibición" la enmienda llevaría en su "aplicación práctica" a la "expulsión de la actividad minera en la franja definida por el litoral y su paralela interior a 10km". Por otro lado, el criterio de la conselleria, con influencia de cargos socialistas como Blanca Marín y Diego Maciá, advierte además que enviar las explotaciones mineras al interior "también encuentra sus limitaciones pues es donde radican las principales masas forestales de la CV y otras figuras de protección medioambiental, cuyo resultado, en no pocos casos, resulta incompatible con la actividad minera".
Además, fuentes del grupo socialista señalaron que este cambio en la legislación también afectaría de forma "decisiva" y "directa" a media docena de canteras en la provincia de Alicante, lo que inclinó el voto negativo por parte del PSPV frente a sus socios del Botánico.
Curiosamente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de PSPV y Compromís respectivamente, no votaron la enmienda pese a encontrarse en el pleno. Fuentes parlamentarias apuntaron a que los máximos responsables autonómicos no pulsaron el botón por haber perdido en ese momento el hilo de la votación.
En cambio, otros diputados consideraron que ambos prefirieron no posicionarse con sus respectivos grupos para no votar enfrentados. El conseller de Educación, Vicent Marzà, sí tomó partido a favor de lo marcado por su grupo parlamentario, Compromís.
