VALÈNCIA. La campaña de las elecciones europeas arranca este jueves, aunque las distintas formaciones políticas tanto en España como en la Comunitat Valenciana tienen puesta la mirada en las urnas desde hace varias semanas. Así, la ofensiva de PP y Vox (tanto en el Consell como en Les Corts Valencianes) se ha recrudecido en los últimos días, dirigida hacia la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que además es la cabeza de lista del PSOE para los comicios, acusándola de ser la responsable de la falta de 18 hectómetros cúbicos de agua para l'Albufera. Ésta ha provocado los correspondientes contraataques de la oposición, especialmente del PSPV-PSOE, cuyo objetivo es defender a capa y espada la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero la inminente llegada de las elecciones, que se celebrarán el 9 de junio, no sólo se aprecia en las declaraciones o reivindicaciones, sino también en otros movimientos estratégicos. Uno de ellos se produjo este martes en el hemiciclo valenciano: el pleno de Les Corts debatirá la próxima semana las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís a las proposiciones de ley de PP y Vox de libertad educativa y À Punt, así como la de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) registradas en solitario por Vox. En cambio, la enmiendas de la oposición a las proposiciones de ley de concordia y de transparencia se debatirán "muy probablemente" en el siguiente pleno, según explicaron PP y Vox tras la junta de síndics.
Un pleno que, salvo sorpresa, se celebrará con posterioridad a las europeas, lo que permitirá evitar un debate en la Cámara donde los 'populares' no han terminado de encontrarse cómodos desde que se presentó la ley acordada con Vox (pese a que lograron rebajar sus pretensiones). Sobre esto, la oposición señaló que el orden elegido se debe a la intención de retrasar el debate de la citada ley, algo que negaron los grupos que sustentan al Consell.
Así, el síndic 'popular', Miguel Barrachina, defendió que el calendario fijado permitirá que en el próximo pleno se debatan otras iniciativas de la oposición. Además, justificó la "urgencia" de avanzar con la ley de libertad educativa para que haya "paz lingüística" y con la de À Punt para dar "seguridad jurídica" a la radiotelevisión pública valenciana. "Estamos muy felices con la ley de concordia", añadió al ser preguntado por si se retrasa su debate por las europeas. En la misma línea se expresó el portavoz de Vox, José María Llanos, quien rechazó las críticas de eludir la campaña electoral para la aprobación de la ley de Concordia. "Una semana o 15 días no cambia la celeridad, pero siempre hay prioridades", comentó.
Sin embargo, este aplazamiento sobre la citada ley contrastó con la aceleración de otra iniciativa que sí interesa más debatir a las fuerzas del Consell. Así, en la sesión de la próxima semana se pondrá sobre la mesa la propuesta del PP de reprobar a Teresa Ribera por "mentir" sobre las aportaciones de agua extraordinarias para el lago de l'Albufera de València. Una iniciativa que se aprobará en mitad de la campaña de las elecciones europeas a las que concurre como cabeza de lista del PSOE.
La iniciativa del PP saldrá adelante dado que este martes Vox -que no había aclarado su postura- anunció que apoyaría la reprobación. Por su parte, Compromís señaló ayer que presentarán una enmienda "en positivo" para convocar una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat sobre las aportaciones a l'Albufera. Sobre esto, el PP no determinó si la aceptaría, por lo que todavía no quedan definitivamente resueltas las posiciones, si bien con los votos de los dos partidos que componen el Consell, PP y Vox, suman los diputados suficientes para culminar la reprobación a la ministra.
Por su parte, los socialistas reiteraron, tal y como vienen haciendo estos días, que la maniobra del PP contra Ribera se debe a que encabeza la lista del PSOE en las europeas. En esta línea, el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, subrayó que los 'populares' se "ensañan" con la ministra como ya hicieron en 2010 con Leire Pajín, cuando la sometieron a un "examen de valencianía" en Les Corts cuando fue propuesta a senadora territorial, además de insistir en que el Gobierno ha aportado 50hm3 de agua al Parque Natural.
En la otra orilla, también en la oposición recibieron este martes acusaciones sobre la uso de asuntos de gestión para influir en el electorado de cara a las europeas. Así, el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), preguntado por la movilización convocada por los sindicatos educativos para este jueves, rechazó que la elección de la fecha, la víspera del inicio de campaña, fuera "casual" y la calificó de "huelga política": "En las casualidades dejé ya hace años de creer", zanjó.
En todo caso, lo ocurrido con las enmiendas a la ley de Libertad Educativa, a la de À Punt y a la de Antifraude tiene su interés. En total, son alrededor de 60 en lo que supone una autocorrección a los textos iniciales. Algunas enmiendas son conjuntas y otras han sido presentadas en solitario tanto por parte del PP como de Vox. Algunas son más técnicas y otras aportan mayor concreción sobre determinados asuntos.
Las de Libertad Educativa han sido presentadas por separado, aunque los 'populares' han anticipado que aceptarán las de sus socios y esperan que ellos hagan lo mismo. El PP plantea, por ejemplo, que los libros de texto y materiales curriculares respeten la denominación lingüística del Estatut d'Autonomia y la normativa lingüística oficial de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Una entidad, esta última, que ha recibido importantes criticas de Vox.
También proponen que los alumnos puedan elegir si realizar los exámenes de las materias no lingüísticas en valenciano o en castellano en todas las etapas educativas, tanto en pruebas parciales como finales; y que en las pruebas de admisión a la universidad, el alumnado que no haya sido evaluado en la asignatura de Valenciano durante alguno de los tres últimos cursos escolares pueda solicitar la exención en esta materia.
Vox plantea que el sistema de elección de la lengua base en las enseñanzas de primer ciclo entre en vigor en el curso 2024-2025, así como que las áreas de Matemáticas o Conocimiento del Medio se cursen durante toda la misma etapa en la lengua base elegida por los padres de los alumnos.
Por otra parte, las conjuntas a la ley de À Punt recogen, respecto a los informativos, que no se podrán externalizar, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades. También que el Consell se convertirá en la Junta General de la nueva Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) o que ésta última "se financiará a través de un sistema mixto, con la percepción de las compensaciones por el cumplimiento de la misión de servicio público con cargo al presupuesto de la Generalitat, y de los ingresos y rendimientos de las actividades que realice".
Otra enmienda indica el desarrollo del nuevo contrato-programa: "Corresponderá también al contrato-programa contemplar el alcance, los términos y porcentajes de contratación y emisión, de obras europeas, los porcentajes que determinen los contenidos propios y propios externalizados, los relativos a las obras de productores valencianos independientes, los correspondientes a contenidos de información, entretenimiento y ficción, la programación infantil y juvenil, así como los contenidos con criterios de accesibilidad en todos sus aspectos, además de los criterios contemplados en las normativas que regulan el sector".
Vox ha presentado igualmente en solitario otros tantos textos para modificar la ley de la Agencia Antifraude y vaciarla de competencias y contenido dado que este partido abogaba por su cierre. El PP, en principio, no las apoyará salvo cambio en las negociaciones.
Una de las enmiendas de los voxistas incluye que la entidad pase a estar adscrita a la Sindicatura de Comptes en lugar de a Les Corts como hasta ahora. Además, elimina una parte de su objeto recogido en la norma. Otro texto establece que la agencia tendrá un plazo de 4 meses desde la entrada en vigor de la ley para presentar una nueva Relación de Puestos de Trabajos (RPT).