PPCV, carne de gestora

VALÈNCIA. La transición tranquila que Isabel Bonig quería amarrar en el PP de la Comunitat Valenciana se ha empezado a disolver tras los acontecimientos que han ido atormentando a la formación popular en esta región. Una importante gestora constituida, la de València ciudad; una anunciada, la de la provincia y, otra, que sería de una intensa gravedad, la de la propia dirección autonómica si los tribunales así lo decidieran respecto a la invalidación del congreso regional solicitada por José Luis Bayo y cuyo juicio se celebra este 22 de junio.

El problema que había estado sobre la mesa en estos días era el de acometer una gestora para la provincia de Valencia, donde el conflicto entre el actual presidente, Vicente Betoret, y la principal aspirante al puesto, Mari Carmen Contelles, se había enquistado de tal manera que, tratando de evitar unas primarias a cara de perro, Génova optó por designar una gestora presidida por el diputado nacional Rubén Moreno. 

Los nombres que venían manejándose eran variados. Finalmente, la decisión de Madrid -en consonancia con el PPCV- se ha dirigido a un miembro del partido con ascendencia en Madrid -fue secretario general en Sanidad de Alfonso Alonso- que posee un perfil cómodo que a buen seguro cumplirá con las órdenes de la dirección estatal.

Por otro lado, en esta urgencia de dar movimiento al proceso provincial también influye en la situación de interinidad que se vive en València ciudad. La designación de una gestora presidida por el diputado Luis Santamaria vino a colación de la imputación de nueve de diez concejales –la mayoría de ellos con cargos orgánicos- en el caso del ‘pitufeo’. 

Una decisión después de la cual Génova no avanzó en mayores medidas disciplinarias sobre los implicados a la espera de la labor de la justicia: ahora bien, las circunstancias han permitido que los ediles imputados se hayan rehecho en parte y, apoyando a Betoret, hayan generado un frente de agraviados frente a la citada gestora y a la propia dirección regional de Bonig. Con este escenario, el retraso del congreso provincial también puede postergar el cónclave local y dificultar la recuperación en el Cap i Casal.

Además de todo ello, a estos problemas para Bonig hay que sumarle uno que todavía no ha tomado forma pero que podría convertirse en el de principal gravedad. El 22 de junio se celebrará el juicio oral tras la denuncia del candidato rival, José Luis Bayo, que finalmente se retiró del proceso, en el que protestó por posibles irregularidades en la convocatoria de la Junta Directiva Regional, que a su juicio se convocó fuera de plazo. Si se invalidara el proceso, la situación llevaría a la anulación del congreso y la obligación de implantar una gestora.