El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Nadie dijo que gobernar fuera fácil. Apenas traspasado el ecuador de la legislatura varios referentes socialistas ya conocen -por unas u otras causas- los sinsabores de la gestión. "Hemos aprendido mucho de Compromís y del PSPV". Esta frase la repiten con asiduidad varios altos cargos del PPCV cuando se refieren a la tarea de oposición que vienen llevando a cabo y que, en ocasiones, se traslada a los tribunales sin remilgos.
Desde peticiones de documentación que terminan en los juzgados hasta advertencias en pleno debate parlamentario de recurrir a la justicia por rifirrafes en el hemiciclo. El PP lo tiene claro. El último caso, este mismo jueves, cuando los populares avisaron a las conselleras Carmen Montón y Gabriela Bravo con ejercer acciones legales si volvían "a acusar de delitos" a alguno de los miembros del grupo popular.
No es una bravata. La concejal del PP en el Ayuntamiento de València Beatriz Simón se querelló por "calumnias e injurias" meses atrás contra la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez por una pregunta realizada al asesor popular Luis Salom durante una comisión de investigación relacionada con el caso Taula. La jueza ha decidido esta misma semana avanzar con la petición de procesamiento y la apertura de juicio oral podría producirse en los próximos días. Así, aunque Gómez no se arrugó y manifestó a Valencia Plaza posteriormente: "Lo volvería hacer mil veces", este tipo de causas comienzan a incomodar al PSPV.
Más aún tras la imputación hecha pública este viernes al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, así como del jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor del área de Comercio, Pedro De Gea. En este caso, las diligencias abiertas corresponden a un presunto delito de prevaricación administrativa a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos del llamado 'Caso Comercio', relacionado con 25 encargos directos por un importe global de 189.000 euros durante los meses de noviembre y diciembre de 2016. El PP, que denunció el caso en primer lugar seguido de Ciudadanos, ha decidido personarse en el caso, mostrando así su interés por desarrollar una oposición con un fuerte marcaje en los tribunales.
No son los únicos referentes socialistas que son llamados al juzgado. En el Consell, el director general del IVF, Manuel Illueca, se encuentra investigado -está citado este martes a declarar- por un contrato heredado que prorrogó mientras sacaba adelante el concurso. Una cuestión administrativa en la que también se encuentra su predecesora, Mariona Roger.
Fuentes de la dirección del PSPV, preguntados en concreto por el caso de Alicante, aseguraron a Valencia Plaza que se toma con "normalidad" y "tranquilidad" porque "no hay ningún informe técnico que avale una posible irregularidad" en la situación que afecta a Echávarri. No obstante, desde la formación socialista admiten que, aunque no son casos "graves", no son situaciones agradables para la el PSPV. "Surgen del deseo de desacreditar por parte del PPCV", comentan las citadas fuentes.
En este sentido, la preocupación dentro del partido del puño y la rosa se centra en el temor a que el PPCV se lance a optar por los tribunales masivamente al considerarlo una estrategia de "distorsión" de la realidad. Una situación que permitiría a los populares, en cuanto se produjera alguna condena, nivelar fuerzas -aunque fuera en apariencia- en un apartado que resulta posiblemente su principal punto débil, dado que las imputaciones, casos abiertas y condenas a cargos del PPCV en los últimos años han sido constantes.
