Presidencia y Hacienda controlarán una Agencia Valenciana de la Innovación con amplias competencias

VALENCIA. Un ente para diseñar y coordinar toda la estrategia de innovación de la Comunitat, controlado por el Presidente de la Generalitat y la Conselleria de Hacienda y con amplias competencias para ejecutar programas, capacidad para endeudarse y la potestad de conceder créditos, subvenciones o avales. Así es, a grandes trazos, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) prevista en el borrador de la ley de creación de este ente, una de las promesas estrella del jefe del Consell, Ximo Puig.

Ese borrador fue sometido este viernes a la consideración del Alto Consejo Consultivo en I+D+i  en un acto institucional de gran formato presidido por Puig como paso previo a su remisión a Les Corts. El texto es el resultado de seis meses de trabajo del Consejo Valenciano de la Innovación (CVI), creado el pasado septiembre para, bajo la dirección del profesor Andrés García Reche, desarrollar el proyecto de la agencia.

La Agencia Valenciana de la Innovación, que Puig confía en que pueda estar operativa en 2017, operará como un ente de derecho público adscrito a la Presidencia de la Generalitat, que se regirá por derecho privado pero que se someterá a las normas de contratación del sector público. Según refleja el borrador de la ley al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el presidente de la Generalitat se reserva la potestad de proponer al vicepresidente ejecutivo de la AVI, una figura de acreditada experiencia en estrategias de innovación en la Comunitat cuyo nombramiento deberá aprobarse en Les Corts por mayoría cualificada de dos tercios y un periodo de cinco años. Salvo cambio de parecer, García Reche será el candidato propuesto. 

El texto, que aún podría sufrir modificaciones, prevé que los trabajadores de la AVI sean funcionarios de la Generalitat. Las actividades de la agencia estarán recogidas en un contrato plurianual de gestión aprobado por el Consell previo informe favorable de la Conselleria de Hacienda, a la que también se le reserva la potestad de velar por el cumplimiento del mismo.

Entre sus principales funciones estará dar subvenciones que no colisionen con competencias de otros organismos

Entre sus principales funciones estará la de conceder subvenciones corrientes y de capital a los agentes del Sistema Valenciano de la Innovación (SVI) por concurrencia competitiva, siempre que no colisionen con competencias de otros organismos. Pero también la de conceder avales y préstamos en colaboración con el IVF o entindades financieras, así como crear nuevos agentes dentro del SVI de cualquier naturaleza jurídica y finalidad.

Esa amplitud de competencias y el recorrido de los objetivos previstos para la Agencia Valenciana de la Innovación contrasta con las intenciones manifestadas públicamente por el titular de la Conselleria de Economía, Rafael Climent (Compromís), cuyo departamento ostenta actualmente la mayor parte de las competencias en materia de innovación, control de los institutos tecnológicos y una parte de los créditos al sector privado, entre otras, a través del Ivace.

Esta misma semana, Climent, con el borrador ya en circulación, lanzó una advertencia pública sobre las que, en su opinión, deberían ser las atribuciones de la AVI. Según manifestó, "debería de ser un ente estrictamente coordinador de toda la innovación" porque, a su juicio, la Generalitat ya tiene "suficientes entes que se están dedicando a la innovación". Tras expresar sus dudas sobre la conveniencia de dotarla de presupuesto e insistir en que debería limitarse a tareas de "coordinación y nada más", Climent remachó: "Cualquier otra cosa me defraudaría".

La realidad prevista en el borrador de la ley de creación de la AVI está muy alejada de ese deseo. No sólo obtendrá financiación a través de las transferencias consignadas en los presupuestos de la Generalitat, sino que la agencia podrá captar ingresos con la realización de actividades previstas en encomiendas de gestión, contratos o convenios para otras entidades públicas, privadas o personas físicas.

Además, está previsto que pueda contratar créditos y préstamos en colaboración con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), así como pólizas de crédito o préstamo para atender situaciones puntuales de falta de liquidez, con el límite de que no superen el 10% de su presupuesto. También está previsto que pueda recibir donaciones o obtener fondos mediante patrocinios.

La agencia tendrá patrimonio propio y la capacidad de adquirir toda clase de bienes y derechos

La agencia contará, además, con patrimonio propio adecuado para sus fines y la capacidad de adquirir toda clase de bienes y derechos, así como para enajenarlos con el fin de captar recursos. Al vicepresidente ejecutivo se le reserva la potestad de adquirir inmuebles o celebrar contratos de arrendamiento previo acuerdo del consejo de dirección.

En el momento en el que el Consejo Valenciano de la Innovación echó a andar, García Reche ya advirtió de que, si quería cumplir con sus ambiciosos objetivos de partida, la futura agencia "deberá movilizar más muchos más recursos de los que ahora se destinan a innovación". "Si se quiere hacer política industrial, hace falta dinero público", subrayó el exconseller de Industria e impulsor en su día de los institutos tecnológicos valencianos.

Tras perder en favor del IVF gran parte de las competencias que el Ivace tenía para dar créditos al sector privado, las reticencias de Economía sobre el papel que acabaría asumiendo la Agencia Valenciana de la Innovación surgieron desde el inicio mismo de su recorrido y obligaron a retrasar la puesta en marcha del CVI.

El motivo era que, si la Agencia Valenciana de la Innovación quedaba finalmente adscrita a Presidencia, tal y como ha sucedido, en lugar de la Conselleria de Economía gestionada por Compromís, podría reabririse el debate sobre el sentido de mantener al Ivace despojado de buena parte de sus cometidos.

Economía tendrá dos de los catorce vocales del consejo de dirección

Tras cumplir el mandato de diseñar la AVI, el Consejo Valenciano de la Innovación, integrado por diferentes expertos, continuará existiendo como órgano de gobierno del ente. No obstante, el máximo órgano colegiado de decisión será el consejo de dirección, integrado por catorce vocales.

Dos de ellos corresponderán a la conselleria con competencias en materia de Industria, hoy por hoy integradas en el departamento que dirige Rafael Climent; uno a Hacienda y otro al IVF; dos vocales tendrán también los institutos tecnológicos a través de Redit, las organizaciones empresariales (uno de ellos designado por el Consejo de Cámaras de Comercio), dos más para las universidades (a propuesta del Consejo de Rectores) y otros dos para los sindicatos más representativos.

Completarán el consejo, con un vocal cada una, la conselleria competente en universidades, fundaciones públicas de investigación adscritas a la Generalitat, y el coordinador institucional del CSIC en la Comunitat.

El borrador incide en la necesaria colaboración entre los agentes implicados en la innovación, independientemente de si son públicos o privados. A la AVI le corresponde el papel de articular todos los agentes del SVI, entre los cuales están las universidades, centros de investigación públicos, institutos tecnológicos o centros del CSIC, con el propósito de evitar duplicidades con el resto de organismos de la Generalitat.

En su intervención de este viernes con motivo de la sesión plenaria del Alto Consejo Consultivo de Innovación, Ximo Puig destacó las seis características del anteproyecto de ley de la AVI que a su juicio son "muy relevantes" y "marcarán un antes y un después en la forma de ejecutar las políticas públicas".

Entre ellos, subrayó "el consenso en la estrategia y línea de acción con los agentes implicados en el sistema de innovación", que se garantizará también en la "composición de los órganos operativos"; la estabilidad en el tiempo, "garantizando con el consenso y con un periodo de elección de personas en la Agencia superior al de un ciclo legislativo"; la profesionalidad e independencia técnica; la transversalidad en las actuaciones y la transparencia en la evaluación de impactos; así como la igualdad de género y la asunción del criterio de responsabilidad social.