Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. En la Conselleria de Hacienda trabajan a marchas forzadas para cuadrar los Presupuestos de 2018, tarea ya de por sí costosa que este año se la complicado tras dar mayor participación a Podemos en su elaboración. Si en los años anteriores a la formación entonces dirigida por Antonio Montiel se le presentaban los Presupuestos hechos, sujetos a pequeños cambios que solicitara la formación morada, este año el partido que ahora dirige Antonio Estañ ha podido presentar propuestas en cada conselleria.
El resultado es un Presupuesto más participativo, pero más complicado de cuadrar, ya que las propuestas de Podemos suman unos 300 millones de euros, que se tienen que acoplar bien restando otras partidas o bien rebajando las pretensiones del socio de tripartito, que de las dos cosas hay.
Fuentes cercanas a la negociación señalan que el presupuesto no financiero de la Generalitat aumentará un 2,4%, hasta superar los 14.500 millones de euros. El presupuesto total aumentará bastante más, debido al fuerte incremento de cerca del 10% en el capítulo financiero, de manera que la cifra final superará ampliamente los 19.000 millones, frente a los 17.725 millones del presente ejercicio.
No obstante el vencimiento de deudas se cubrirá con nuevo endeudamiento con el Estado –el único que presta a la Generalitat–, por lo que la cifra importante es la de más de 14.500 millones de presupuesto no financiero, el que se destina a personal, gastos corrientes, transferencias e inversiones. Y a los intereses de la deuda, que aumentarán en 2018 debido al aumento del endeudamiento de la Generalitat.
El Consell tendrá, desde el punto de vista del déficit autorizado, unos 200 millones menos para gastar, ya que el límite de déficit público baja del 0,6% de 2017 al 0,4% del PIB regional este año. El aumento del gasto tiene su contrapartida en los ingresos gracias sobre todo al aumento de la recaudación de los tributos propios, ya que los del Estado se liquidan con dos años de retraso. Las entregas a cuenta y la liquidación de 2016 solo supondrán 84 millones más de transferencias del Estado.
Antes de que el Gobierno esbozara un borrador del anteproyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2018, Podemos ya puso unas líneas rojas sobre la mesa para respaldarlos. Conscientes de que no "hay políticas sin línea presupuestaria" –en palabras de la diputada Fabiola Meco–, los morados quisieron estar desde el inicio en el diseño de estas cuentas autonómicas, pues, según el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, iban a ser "las últimas que se ejecutaran en su totalidad antes de las elecciones de 2019".
Así, el pasado mes de septiembre anunciaron que entregarían al Consell un paquete de 12 exigencias centradas en tres ejes fundamentales: política social, cambio de modelo productivo y regeneración democrática. Este martes, sin embargo, tras mantener una reunión en la Conselleria de Hacienda, la formación morada anunciaba que en las condiciones actuales no apoyaría las cuentas del Ejecutivo valenciano. ¿La razón? No veían recogidas algunas de sus exigencias.
Los morados pedían en torno a 300 millones de inversión en Vivienda, Educación, Justicia, Sanidad y Medioambiente. La primera, no obstante, era una de sus prioridades al concentrar un tercio del presupuesto de las demandas que reclama la formación. Así, piden cerca de 100 millones de euros para aumentar el parque público de viviendas de alquiler social.
En el departamento de Vicent Marzà solicitaban 40 millones de euros para destinar a tres cuestiones básicas, entre ellas incrementar el número de personal para agilizar los trámites burocráticos y conseguir con ello eliminar los barracones. Ante la falta de medios humanos en la administración valenciana y su consecuencia en la ralentización de las políticas, Podemos pone el foco en esta cuestión para que la palabra barracón desaparezca definitivamente. La gratuidad de las aulas de 2 años y hora y media de las actividades extraescolares son las otras dos peticiones en este ámbito. Las propuestas fueron bien acogidas, pero a la hora de cuantificarlas resultaban excesivamente costosas, por lo que todavía no hay acuerdo.
Además, como ya contemplaron en los presupuestos de este año, piden también una línea para combatir la pobreza farmacológica. Si el año pasado esta cuestión supuso 8 millones de euros finalmente en el total de las cuentas, este año se incrementaba por 10. Es decir: este año Podemos pedía que el Consell destinara 80 millones de euros.
En el capítulo de Justicia, Podemos reclama un aumento del número de procuradores y abogados para la justicia gratuita. Así como un refuerzo de los juzgados que trabajan en los casos de cláusulas suelo, como también aquellos que lo hacen contra el fraude y la corrupción.
A pesar de este escenario y de que la dirección del partido reconocía que en los últimos días se habían producido avances en algunas materias, Estañ alentó a que en la última semana se pueda llegar a acuerdos. No en vano, la aprobación del anteproyecto de presupuestos se ha retrasado hasta el próximo 31 de octubre, a pesar de que estaba previsto que se hiciera en el pleno del Consell de este viernes, para terminar de perfilar algunas discrepancias. De lo contrario, el socio crítico parlamentario del Botànic amenaza con prorrogar la votación de las cuentas autonómicas, si bien otras fuentes de Podemos albergan ciertas dudas de que pueda llegarse a tal situación.
