Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. "No hay políticas sin línea presupuestaria". Con esta frase breve, pero concisa, justificaron en Podemos todas las exigencias que quieren que el Consell contemple en las próximas cuentas autonómicas de 2018. En la formación morada quieren que las expectativas proyectadas hace dos años en el Acord del Botànic, que fue un "acuerdo de mínimos" -recordó la diputada Fabiola Meco en la rueda de prensa de este miércoles-, se cumplan. Piensan que es un año clave -las elecciones de 2019 no quedan lejos- en el que deben materializarse las promesas que en su día concretaron y que el president de la Generalitat, Ximo Puig, amplió el pasado miércoles en el Debate de Política General.
Sin esconder que tienen "dudas" sobre alguna de estas 21 medidas -concretamente del Plan de construcción y mejora de centros escolares en colaboración con los ayuntamientos dotado de 700 millones de euros- por "cuestiones técnicas" como la "coordinación con los consistorios" que aún "nadie" les ha explicado, el partido que lidera el secretario general en la Comunitat, Antonio Estañ, ha recogido todas sus exigencias en 11 medidas "prioritarias" divididas en tres ejes fundamentales: política social, cambio de modelo productivo y regeneración democrática.
El debate más intenso y que más ampollas levantará entre los socios de Gobierno por la disparidad de criterios en el cómo, cuándo, a quienes, y un largo etcétera de preguntas y aristas al respecto, se centra en el segundo eje y tiene nombres y apellidos: tasa turística. Como ya advirtió el jueves pasado, Podemos quiere que se incluya al menos en la Ley de Acompañamiento de 2018. "Quedan tres meses" -hasta que los presupuestos se aprueben a finales de diciembre, tras el proceso de enmiendas- señaló el diputado, David Torres. "Hay margen suficientemente amplio" para que así sea, añadió. "Pero no queremos cualquier tipo de tasa", apuntó Estañ.
Por ello, en Podemos ya trabajan en su diseño. Para ello, además de tener la mirada puesta en el modelo balear, pero "sobre todo en el catalán", la formación ya mantiene reuniones formales con diversos agentes del sector: la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (Fotur) esta semana y, este jueves, lo harán con Hosbec. La primera, según los morados, ha pasado de rechazarla a estudiarla por ser finalista, es decir, que revertiría en el propio sector que supone un 13% del PIB. Lo recaudado iría destinado, entre otras cuestiones, a "luchar contra los apartamentos ilegales que están perjudicando a la calidad del turismo" y que el Consell "debería haber afrontado con más contundencia", criticó Torres.
Aunque todavía no manejan ninguna cifra -sí utilizaron, a modo de ejemplo, una horquilla aproximada que iría de los 0,5 hasta los 5 euros en función del precio de estancia en hoteles (por número de estrellas), apartamentos turísticos o caravanas-, sí matizaron que esta tasa debería ser de gestión mixta entre Generalitat y ayuntamientos para evitar el dumping fiscal. En el boceto que idea Podemos, no se gravarían las pernoctaciones más de un 2%; de gravar las estancias de larga duración, sería aplicando descuentos o sólo los primeros días. También podría haber descuentos en temporada baja para desestacionalizar el turismo y exenciones para pensionistas, menores de 16 años o familias numerosas.
No será, sin embargo, el único frente que quiere encarar la formación en este segundo eje. La reforma del Servef, la lucha contra la economía sumergida, el cambio del modelo industrial y del modelo de residuos -con la implantación del sistema SDDR-, tampoco se quedan fuera de las exigencias del partido de Estañ. No obstante, no realizaron ninguna cuantificación para poder llevar a cabo estas políticas, ya que primero quieren "hablar con las distintas consellerias".
Siendo la política social uno de los baluartes de los que han presumido los morados, la secretaria de Políticas Públicas de Podemos, Rocío Segura, detalló que en el primer eje las prioridades de su partido se centrarán en exigir que se eliminen los barracones y se reformen los centros antes de 2019, se creen más escuelas infantiles de 0 a 3 años. Todo un toque de atención a la conselleria que dirige Vicent Marzà, de Compromís. Segura, sin embargo, también incluyó cuestiones como que aumente el parque de viviendas sociales, que la renta de inclusión sea más ambiciosa y se concrete la ejecución presupuestaria para el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Las dos últimas medidas como leve crítica a la vicepresidenta, Mónica Oltra.
Ademas, si el año anterior Podemos consiguió vía enmienda que los niños, pensionistas y discapacitados con salarios por debajo de los 18.000 euros estuvieran exentos de pagar medicamentos, este año quieren que se amplíe el número de personas a los que llegue esta medida. Para ello, ya negocian con el Consell que las personas que cobren una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional estén exentas de pagar medicamentos, una iniciativa que podría suponer un impacto de unos 80 millones de euros para las arcas públicas, según calcula la formación.
Como responsable del área de Justicia, Transparencia y Democracia de Podemos, la portavoz adjunta de este partido en Les Corts, Fabiola Meco, señaló que en el área de regeneración democrática pedirán más medios para la lucha contra la corrupción, además de mayor apoyo e inversiones en Justicia. Y más, después del incendio en la Ciudad de la Justicia de la semana pasada que ha provocado que ésta permanezca inhábil desde hace ya 10 días. Con lo que Gabriela Bravo, la consellera competente, tampoco se libró de ser señalada por los morados.
Meco también defendió la necesidad de avanzar en mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos y el control de su ejecución, así como de continuar con el "desmantelamiento de las diputaciones" y la descentralización a favor de la gestión directa de los municipios. Podemos no cesa en sus presiones a sus socios del Botnic.