Presupuestos, negociaciones y trincheras

Vivimos los últimos coletazos de este aciago y triste 2020. Un año que será recordado como el más nefasto de nuestra historia moderna, con una pandemia mundial que nos deja la friolera cuenta de más de 50.000 muertes (oficiales y reconocidas, aunque ya sabemos que algunos institutos y organismos la elevan a 70.000) y sumidos en la mayor crisis económica conocida en tiempos de paz.

Ante este panorama desolador, a lo largo del verano se pusieron en marcha diferentes comisiones para la “reconstrucción” de España. Comisiones que se celebraron tanto en los parlamentos regionales como en el Congreso de los Diputados y que alcanzaron una serie de acuerdos tanto en materia económica y fiscal como en medidas sanitarias y ayudas sociales. Una respuesta de consenso para una sociedad golpeada por un virus mortal y una economía congelada que supuso la ruina de empresarios y autónomos, que dio al traste con el esfuerzo y los sueños de miles de trabajadores y familias.

La gran mayoría de esos acuerdos han conseguido incluirse en los Presupuestos de algunas Comunidades Autónomas para hacer que las cuentas del próximo ejercicio se conviertan en las más expansivas, sin perder de vista la disciplina fiscal y el reequilibrio financiero, y a la vez sin incluir subidas de impuestos para garantizar la competitividad de las empresas y relanzar la economía.

Así nos encontramos cómo en Andalucía (con un gobierno en coalición de Ciudadanos con el Partido Popular) los recursos para sanidad, educación y dependencia alcanzan el 56% del presupuesto total para 2021. Más recursos que nunca para atender las necesidades de los andaluces con la bajada del tramo autonómico del IRPF. También en Castilla y León la responsabilidad y la buena gestión del gobierno de coalición entre Cs y el PP permiten, un año más, presentar unas cuentas al alza con más recursos para sanidad, educación y protección social y que, a su vez, incluyen bajadas de impuestos y beneficios fiscales para dinamizar la economía y potenciar el mundo rural.

En Ciudadanos somos conscientes de la importancia del momento que estamos viviendo. Así que, además de ser responsables en los lugares donde gobernamos, nos reafirmamos en la intención de practicar una oposición útil y constructiva, alejada de la crispación. La oposición no es una sala de espera hasta que llegue el turno de entrar en Gobierno, la oposición es ese sitio donde los españoles te pagan un sueldo para que trabajes defendiendo sus intereses.

Por eso, en Cs seguiremos con nuestra política de mano tendida y exigente. Por eso, ratificamos nuestro compromiso para garantizar la estabilidad política necesaria para que exista, a su vez, la estabilidad social y económica que nos demandan los ciudadanos.

En estos momentos excepcionales es necesario recuperar el espíritu de consenso y alejarnos de los extremos. Somos el centro político y hemos demostrado nuestra capacidad de diálogo para pactar también con determinados Gobiernos desde la oposición. Así ha ocurrido con los Presupuestos de Castilla La Mancha donde, a pesar de que los votos de Cs no eran necesarios, se han apoyado las cuentas para 2021 porque conseguimos negociar con el gobierno de García-Page e incluir en los Presupuestos ayudas para los autónomos manchegos, más recursos para la atención primaria, ayudas para la conciliación con una partida presupuestaria de dos millones de euros y vetar la subida de sueldo a los políticos. Esto último es todo un logro teniendo en cuenta que García-Page es el cuarto presidente autonómico que más cobra de España y, aun así, quería subirse el sueldo para llegar a los 100.000 euros al año.

Pero hoy me quiero detener en el caso de la Comunidad Valenciana, donde no ha sido posible un acuerdo total. En nuestra comunidad, Cs ha logrado incorporar a los Presupuestos las principales líneas naranjas que había planteado en esta negociación presupuestaria. Medidas que mejorarán la vida de todos los valencianos, especialmente de aquellos más vulnerables. Propuestas dirigidas a mejorar la sanidad y la atención a las personas mayores, a modernizar la educación, a ayudar a los sectores económicos más afectados por esta crisis causada por la pandemia y recortar el gasto innecesario en la administración pública.

Hemos logrado incorporar nuestras principales exigencias, pero el Gobierno del Botànic ha sucumbido a las presiones de Compromís y Podemos y finalmente han decidido votar en contra de la bajada de impuestos a todos los valencianos que proponíamos desde Cs.

En esta negociación, Cs había logrado un preacuerdo con Ximo Puig para una bajada fiscal del tramo autonómico del IRPF que beneficiaría al 99,2% de los valencianos, todos aquellos con ingresos de menos de 80.000 euros al año.

Sin embargo, Compromís y Podemos rechazaron que Cs pudiese llevar a término este acuerdo: votaron en contra de la enmienda de Cs que lo incluía y el PSOE, finalmente, se sumó a sus socios de gobierno votando también en contra. En consecuencia, en Cs nos abstuvimos en la votación de las cuentas y votamos en contra de la ley de acompañamiento que no incluía nuestra reforma fiscal.

Esto es hacer política útil desde el centro: pactar con distintos Gobiernos, pactar con distintas formaciones, medidas buenas para todos los españoles vivan donde vivan. Y los que quedan retratados, los que tienen que dar explicaciones, son los que se dedican a reventar esos consensos. Partidos como Podemos o Compromís, cuyo máximo interés ha sido sacar a Ciudadanos del acuerdo para hacer más honda su trinchera ideológica. Ellos sabrán. Nosotros seguiremos trabajando.