la oposición lo ve "una factoría de titulares"
PP y Vox aprueban su plan para investigar el sector público del Botànic
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VALÈNCIA. La cita que este miércoles mantuvieron el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sirvió para poner punto y aparte a una de las semanas más duras de convivencia del Botànic. Días antes el líder de Podemos, Antonio Estañ, se ofreció a los dos dirigentes para concertar una reunión que sirviera para que ambos se reconciliaran y pudieran establecer una hoja de ruta legislativa conjunta hasta el final de la legislatura. Esto es, ante el atasco normativo que existe en Les Corts –más de una veintena de leyes están por validar–, marcar cuáles de las que están en trámite no deberían quedar en un cajón.
El ofrecimiento fue rechazado, pero aunque las aguas han vuelto a su cauce y se ha sellado una paz temporal, los meses que vienen serán una prueba para medir la salud del Gobierno valenciano. Por delante queda aprobar unos presupuestos –con las prioridades que cada uno de los tres partidos marque– y toda una oleada de leyes por sacar adelante que se encuentran en distintas fases de tramitación sobre las que cabrá establecer un orden de prioridad si se quieren aprobar las máximas posibles.
Esto es, al calendario parlamentario le quedan pocos meses -Les Corts se disolverán en marzo para la convocatoria de elecciones, por lo que apenas quedan escasos seis meses de trabajo en la cámara de los cuales uno es inhábil y otros dos se dedican casi enteramente a Presupuestos- y el resultado de cuántas conseguirán luz verde resulta incierto, ya que todo depende de la celeridad del trabajo de sus señorías en comisión, la cantidad de plenos que se convoquen y los acuerdos a los que sean capaces de llegar PSPV, Compromís y Podemos.
Así, ante la imposibilidad de poder aprobar todas las leyes pendientes, Valencia Plaza ha consultado a cada uno de los tres partidos cuáles son las cinco leyes que "sí o sí" creen que deberían salir adelante en esta legislatura. Aunque los tres grupos señalan que todas son importantes, cada uno ha hecho su ranking y las tres formaciones solo coinciden en una: la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup).
Las enmiendas a esta norma fueron presentadas en agosto por cada formación y ya hay roces sobre varios aspectos. Compromís y Podemos quieren trasladar competencias de Urbanismo al parlamento, mientras el PSPV se ha quedado fuera de esta enmienda que busca dar a Les Corts la capacidad para aprobar la Estrategia Territorial de la Comunitat, un instrumento fundamental en la ordenación del urbanismo y el control de su crecimiento.
La negociación de socialistas, valencianistas y morados para marcar unas prioridades y poner a sus correspondientes equipos a centrarse en un número determinado de leyes avanzan un otoño entretenido. Estas son las preferencias legislativas de cada formación -a cada una se le ha restado la Lotup, ya que todas han coincidido en su prioridad-:
-Ley de Gobiernos Locales. Se ha convertido en una de las leyes más importantes para Podemos tras el estallido de la Operación Alquería. El propósito de esta norma es ir dotando de mayor protagonismo a los ayuntamientos en detrimento de las corporaciones provinciales para, poco a poco, ir vaciándolas de competencias. Con este proyecto de ley, se pretende sortear los varapalos judiciales que terminaron de enterrar la ley de coordinación de las diputaciones que empezó a desarrollarse al inicio de la legislatura. Ya en 2017 se anunció que el Gobierno valenciano trabajaba en ella, pero a día de hoy sigue sin conocerse el contenido, por lo que se da por sentado que no se aprobará antes de las elecciones autonómicas de mayo. No obstante, la formación de Estañ no renuncia a ella. Es una manera de marcar su perfil y diferenciarse de sus socios de cara a la próxima cita en las urnas.
-Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular. Esta proposición de ley, obra de Podemos, fue presentada la semana pasada, por lo que todavía le queda por atravesar todos los trámites parlamentarios para ser aprobada: toma en consideración en un pleno; introducción en una comisión para que los partidos presenten sus enmiendas; enfrentarse a las enmiendas a la totalidad que, con toda seguridad, planteará el PP; y finalmente el debate de nuevo en un pleno de Les Corts que incluya las enmiendas rechazadas y la totalidad de la norma. Un largo proceso que podría durar aproximadamente cuatro meses, pero que sin lugar a dudas terminará alargándose. ¿Los motivos? En esta ley, los morados incluyen el SDDR que ni socialistas ni valencianistas quieren aprobar, por lo que las negociaciones entre los tres socios sobre su contenido se prevén largas y complejas.
-Ley de Función Pública. En numerosas ocasiones, la Generalitat ha aquejado la falta de funcionarios en las administración pública valenciana. Responsabilidad de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, esta norma comenzó a redactarse en 2016. No obstante, las diferencias entre PSPV y Compromís a cuenta del requisito lingüístico han ralentizado su periplo burocrático hasta casi la parálisis. No en vano, el anteproyecto todavía está por aprobar y, por lo tanto, la norma ni siquiera ha entrado en Les Corts. Una coyuntura que dificulta que sea validada antes de los comicios de 2019. Conviene señalar que, desde que se aprueba un anteproyecto de ley hasta que se valida en el parlamento valenciano, transcurre una media de seis meses. Por norma, desde que una ley entra en el parlamento valenciano, se abre un período de participación ciudadana. Un modelo de exposición pública que sirve para que asociaciones y organismos remitan propuestas de modificación al texto. Solo después de esto, los diputados de la cámara pueden comenzar a trabajar en las enmiendas.
-Ley de Expresidentes. Después de que se bloqueara la primera vez, Podemos volvió a plantear en enero la reforma de esta norma para que los Molt Honorables cuenten con menos "privilegios" de los tienen: coche oficial, oficina, conductor, así como que pasen a ser miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En este punto existe sintonía con Compromís, pero no con el PSPV. Si los socialistas no cambian de postura, modificarla será complicado ante la minoría parlamentaria en la que se encuentran.
-Ley Electoral Valenciana. La punta de lanza de la reforma de esta ley es la rebaja del listón electoral del 5 al 3%. Para Compromís es "prioritario" aprobarla, pero al requerir un apoyo de dos tercios de la cámara, si Ciudadanos no cambia su posicionamiento, será imposible verla nacer en esta legislatura. El tiempo para que las negociaciones lleguen a buen puerto corre en su contra.
-Ley LGTBI. Después de que el movimiento #MeQueer haya destapado las agresiones que sufre este colectivo, la Generalitat toma partido con esta ley "luchando contra todo tipo de discriminación y garantizando la igualdad entre las personas". El pasado mes de julio se inició la fase de participación ciudadana en la comisión de Les Corts. Por delante queda la elaboración y debate de enmiendas y su validación en un pleno de la cámara. Su viabilidad para obtener luz verde en esta legislatura es alta si los grupos ponen a rodar toda la maquinaria a su favor.
-Ley de Infancia y Adolescencia. También desarrollada en la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra, la norma pretende convertir a los menores en sujetos de derecho. Elimina la edad mínima para que los niños sean escuchados en tratamientos médicos y establece el acceso al ocio educativo como un derecho; es decir, que no estén saturados de deberes. El proyecto fue aprobado en junio, y comenzará su trámite al inicio de periodo de sesiones en septiembre.
-Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Llegó al parlamento valenciano hace tan solo día. Esta norma cuyo objetivo principal es equiparar los Servicios Sociales a los tres pilares del Estado del Bienestar -Educación, Sanidad y Dependencia-, deberá esperar a ser incluida en el orden del día de la comisión correspondiente para que los grupos parlamentarios comiencen a trabajar sobre ella.
Además de coincidir con sus socios parlamentarios en la Lotup, el PSPV también cree como Compromís que antes de finalizar la legislatura debería salir adelante la ley de LGTBI por su "indudable transcendencia social".
-Ley de Estructuras Agrarias. En febrero el Consell aprobó el proyecto de ley. El objetivo es mejorar la competitividad en la Comunitat actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad, la falta de herramientas que faciliten la planificación a profesionales del sector y la deficiencia de inversión pública y privada en beneficio de una actividad que genere empleo.
-Ley de Mediación. También este proyecto legislativo fue aprobado en marzo. Ahora bien, su trámite en Les Corts acaba de iniciarse. La ley diseña un procedimiento caracterizado por la intervención de un mediador profesional, que facilita el acercamiento de posturas entre las personas en conflicto para alcanzar un acuerdo y evitar llegar a los tribunales. Para que salga adelante, todavía queda aproximadamente un trimestre. De la misma manera que la Lotup, para los socialistas esta ley "incrementa los derechos pero también apuesta por una nueva actividad económica, ya que creará empleos".
-Ley de Información de Préstamos Hipotecarias. Obra de Podemos, esta ley pretende obligar a los bancos a informar a sus clientes si venden su préstamo hipotecario a fondos de inversión para que pasen a ser gestionados por estos. La entidad que no lo haga incurrirá en una infracción grave y si la falta de información impide al afectado defenderse en un proceso de ejecución hipotecaria, la infracción pasará a ser muy grave. "Asegura el derecho a la información, una cuestión determinante si se tienen en cuenta todos los desmanes financieros", resaltan desde el PSPV.