VALÈNCIA. La Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) ha elaborado un documento en el que emplaza a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas, generales y locales a adoptar una serie de medidas para el impulso de la actividad económica y el empleo en el sector.
La asociación, que inició su andadura en 1969 y encara la celebración de su 50 aniversario, dirige sus propuestas tanto a la administración local, autonómico y central en las que reivindica un incremento en el presupuesto para las ayudas al alquiler y la compra de una vivienda, así como agilizar la tramitación de las licencias.
En concreto, en el ámbito local incide en la necesidad de agilizar la concesión de licencias porque advierte que "no están cumpliendo los plazos legales". Así, la patronal reclama que asuman la intervención de las entidades de certificación, que limiten los controles a los estrictamente exigibles legalmente, implanten la transparencia y la digitalización completa en todo el proceso de concesión de licencia y potencien las Declaraciones Responsables.
También pone el foco sobre "el deber de edificar los solares existentes" ya que recuerda que las corporaciones municipales son las máximas detentadoras de suelo vinculado a la promoción de Viviendas de Protección Pública y, sin embargo, "están incumpliendo sistemáticamente el deber de edificar". Por ello, Aprova urge a que saquen ese suelo al mercado con la ayuda de la iniciativa privada para "facilitar el acceso a la vivienda".
Por otro lado, en el ámbito autonómico reclama la "urgente" revisión del Régimen de Viviendas Protegidas cuya regulación, a su juicio, ha quedado "obsoleta tras 10 años de inactividad" y un incremento del presupuesto para las ayudas a la vivienda tanto para el primer acceso a la vivienda como al alquiler ya que considera que la dotación actual "es la vigésima parte de la existente antes de la crisis".
Para Aprova, "la ausencia de oferta, tanto privada como pública y durante muchos años, ha generado una notable demanda retenida necesitada de ayuda para arrendar y/o comprar su primera vivienda".
Asimismo, incide en la necesidad de "remediar la tardanza en la concesión de las licencias" que producen "un encarecimiento significativo de los costes y en consecuencia del precio de la vivienda". "La Administración incumple sistemáticamente los plazos, carece de estímulos suficientes para cumplirlos y eso hay que remediarlo", subraya.
También pide a las formaciones políticas "mayor transparencia e información, la digitalización completa de los expedientes, con accesibilidad “online” de todos los interesados, acceso público a todos los expedientes (salvando la Ley de Protección de Datos) y regular un régimen sancionador por demora en la tramitación y concesión".
Por otro lado y en clave nacional, exige a los partidos que concurren a las generales del 28 de abril la revisión de la Ley del Suelo (TRLS) para adaptarla a las actuales políticas de vivienda y suelo. Según Aprova, esta adecuación de la normativa permitiría que los inmuebles destinados al arrendamiento y/o venta, acogidas a cualquier Programa del Plan de Vivienda, puedan ser consideradas como Viviendas de Protección Pública a todos los efectos.
Asimismo, reclama la recuperación del silencio positivo y efectivo en las licencias, que se favorezca el acceso a la primera vivienda para jóvenes y además, no solo el arrendamiento, sino también el arrendamiento con opción de compra. Concluye la asociación que se debería recuperar la dotación presupuestaria de ayudas a la VPP a niveles más próximos al año 2006 y establecer bonificaciones fiscales al ahorro/vivienda.