Los promotores valoran el nuevo decreto de VPO y piden "no hacer batalla política con la necesidad de vivienda"

VALÈNCIA. La Asociación de Promotores de Valencia (APROVA) valora positivamente el nuevo Decreto de Vivienda Protegida de la Comunitat Valenciana, ya que estiman que su entrada en vigor desbloqueará proyectos y suelo para alrededor de 1.500 inmuebles en Valencia y su área metropolitana. Se trata de una normativa muy esperada y demandada por el sector, que contempla una subida del precio máximo a 2.400 euros el metro cuadrado útil y un sistema variable, que adaptará el precio en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste de la construcción y el de vivienda libre. La normativa se encuentra en exposición pública y los promotores estudian realizar propuestas adicionales al texto. 

Desde APROVA se ha pedido reiteradamente cambios en la legislación actualmente vigente, considerando que suponía un freno para la promoción de viviendas. “La derogación del anterior decreto de VPO es una buena noticia, ya que es necesario un marco jurídico que nos permita producir viviendas y atender a la gran necesidad y demanda de los jóvenes”, señalan. El sector venía denunciando que era inviable construir viviendas para jóvenes por debajo de su coste de producción y  reclamaban el desbloqueo de una “situación crítica” que impedía aportar soluciones a la crisis habitacional que sufre Valencia.

Por todo ello, desde la patronal demandan “respeto” por el sector a todos los partidos y piden “que no se intente hacer batalla política con un asunto tan importante como la necesidad de vivienda”. En este sentido, rechazan las acusaciones de “especuladores” que se lanzan sobre el sector promotor, que es “una pieza clave para reducir o minimizar el problema nacional de vivienda” y que ha estado abierto a colaborar con las administraciones públicas, realizando propuestas para aportar soluciones para paliar la falta de vivienda. La patronal de los promotores lamenta especialmente las descalificaciones realizadas hacia el sector por la portavoz adjunta del PSPV en las Cortes Valencianas y exconsellera de Vivienda. Pero reitera su predisposición a dialogar con todos los agentes políticos para buscar consenso en esta materia.

APROVA señala en que, para bajar el precio de la vivienda, cabe también la posibilidad de reducir los impuestos. En este sentido, hay estudios recientes que cifran entre el 25 y el 28% el peso de los impuestos y tasas en el precio final de una vivienda. Por ello, insisten en apuntar que actualmente los jóvenes españoles se ven obligados a abonar el 10% en concepto de IVA de su vivienda. 

Por otro lado, y tal como ha apuntado recientemente la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), APROVA incide en que el nivel de exigencias técnicas energéticas para una vivienda digna para jóvenes debería ser más “flexible”. Además, defienden que la simplificación de los trámites administrativos es favorable para el sector. “Si reducimos el tiempo necesario para producir las viviendas, necesitaremos menos tiempo la financiación correspondiente y en consecuencia se produciría un notable ahorro en gastos financieros que repercutiría en una bajada del precio”. 

Los promotores destacan también que el valor del suelo supone un importante peso específico en el escandallo de costes de una vivienda. “Son necesarias políticas respetuosas socialmente y medioambientalmente, que pongan en circulación suelos aptos para viviendas para jóvenes, porque eso se traduciría en una importante reducción del precio”, concluyen.