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La propuesta valenciana de financiación incluye que las cCAA puedan subir el iva o el alcohol

Puig ofrece someterse a controles del Estado a cambio de la condonación de deuda

Foto: EVA MÁÑEZ
9/01/2018 - 

VALÈNCIA. La condonación parcial de la deuda de la Comunitat Valenciana es uno de los grandes retos de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Con la mayoría de los expertos de las CCAA de acuerdo en las líneas básicas del nuevo modelo –no así los del Gobierno central–, el representante valenciano, Francisco Pérez, se encontró con la mayoría en contra de una quita o condonación parcial de la deuda, por lo que emitió un voto particular al Informe del Comité de Expertos.

Por ello, la Generalitat vuelve a la carga en su propuesta definitiva pero con nuevos argumentos para convencer a la mayoría. La propuesta fue entregada en noviembre al Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que debe elaborar una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. El documento competo fue hecho público este lunes (ver documento completo .pdf) en la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación autonómica, convocada por Ximo Puig en el Palau de la Generalitat.

Al ya conocido argumento de que la quita solo afectaría a la deuda que sea consecuencia directa de la infrafinanciación de las CCAA –de todas, no solo beneficiaría a la Comunitat Valenciana–, la propuesta añade mecanismos para tranquilizar a quienes temen el "riesgo moral" de tal medida. La más destacada es la vigilancia a la que estaría sometida la Generalitat: "El procedimiento propuesto permitiría que el Estado o una Autoridad independiente verificara que el proceso de ajuste y normalización se ponen en marcha de manera efectiva. En el caso de la Comunitat Valenciana, independientemente de la condicionalidad que tuviera esta medida" considera que "deberían desarrollarse iniciativas de programación presupuestaria a medio plazo y de control del gasto público" para "evitar activamente el riesgo moral que de la compensación se pueda derivar y reforzar su reputación ante los mercados.

Entre las medidas que se podrían tomar, el documento sugiere las siguientes: "gestión presupuestaria en términos de contabilidad nacional; compromisos de gasto plurianuales en firme; evaluación de las políticas de gasto y elaboración de programas ex ante con establecimiento de objetivos, prioridades e indicadores de cumplimiento; eliminación de la dinámica inercial del gasto público; evaluación de las alternativas de gasto ex ante y ex post con rigor, y creación de una oficina elaboración de presupuestos por programas".

La fórmula de condonación

La propuesta de compensación de la deuda de la Comunitat se inspira, explica el documento, en la fórmula puesta en marcha en otros países europeos como Alemania y Austria. Se trata de que el Estado transfiera fondos adicionales durante los años que se acuerde cuyo uso exclusivo sea la reducción del stock de deuda de las CCAA afectadas, preferentemente con cargo a los préstamos adquiridos con el Estado. Es decir, no sería una quita al uso sino una sobrefinanciación paulatina y temporal destinada a amortizar.

Clara Ferrando y María José Mira, en la reunión. Foto: EVA MÁÑEZ

Según esta idea, en el momento inicial el importe a recibir debería situar el stock deuda/ingresos corrientes por debajo de 270%, que es el límite aproximado para tener rating de inversión de las agencias de rating más relevantes.

En cuanto al importe a transferir, la propuesta diferencia dos circunstancias. Por un lado, sería un porcentaje por determinar de los 191.000 millones de euros a que asciende, según afirma, la insuficiencia de recursos para financiar los servicios públicos fundamentales de las CCAA entre 2009 y 2016. Por otro, cubriría en su totalidad la deuda derivada de las insuficiencias relativas de financiación padecidas por algunas comunidades en el pasado, "que en el periodo 2002-2016 representan 31.500 millones de euros y se concentran en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid, Illes Balears, Murciay Castilla La Mancha".

La Comunitat, 20.245 millones

El documento afirma que "la condonación de deuda debería concentrarse en las CCAA con niveles de financiación por población ajustada por debajo de la media y con un gasto per cápita por debajo de la media".

En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra global de infrafinanciación acumulada desde 2002 asciende, según el informe, a 14.791 millones, pero la propuesta no se queda ahí. Según afirma, a esa cifra "deberían añadirse las insuficiencias de financiación anteriores a 2002. En este sentido, un trabajo realizado por De la Fuente (Fedea, 2001) calcula una insuficiencia de 5.454,2 millones para la Comunitat Valenciana entre los años 1990 y 1997. Es decir, en total, 20245 millones de euros.

Foto: EVA MÁÑEZ

Un recambio para el FLA

Respecto a los mecanismos de apoyo del Estado, centrados ahora en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la propuesta valenciana rechaza que desaparezcan tan radicalmente como proponen los expertos. En su lugar, sugiere "su transformación y adaptación a la realidad". Argumenta que"la retirada de los mecanismos podría ser visto por los inversores de forma muy negativa, ya que incluso antes de la existencia de los mismos, los inversores compraban bonos de las comunidades porque pensaban que había una garantía implícita del Estado, al igual que ocurre con la deuda de los Länder alemanes y austríacos".

Los mecanismos de apoyo actualizados tendrían una doble ventanilla: una línea de crédito sin condicionalidad, tal y como tiene establecido el Tesoro austriaco, y una segunda ventanilla con fuerte condicionalidad como línea de último recurso. 

Más participación en los impuestos

Las grandes líneas de la propuesta valenciana ya fueron adelantadas por Valencia Plaza en noviembre, y lo que ahora se conoce es el detalle. Así, considera que debería producirse una ampliación de los recursos del modelo en el entorno de los 13.000 millones de euros. Para ello, los recursos procederán de las siguientes fuentes: 

a) Incremento de la participación de las CCAA en el IVA y los impuestos especiales. Este incremento no supondrá mayores recursos al actual modelo, ya que con ello se eliminan las actuales transferencias estatales asociadas al Fondo de Garantía, Fondo de Suficiencia y Fondos de Convergencia Autonómica. Además del incremento en la participación, se propone que en prácticamente todos las CCAA tengan capacidad normativa (ver cuadro).

b) Incorporación de figuras tributarias de carácter estatal con la incorporación de nuevos tributos (impuestos medioambientales, primas de seguro...) y de la transferencia estatal que sea necesaria para cubrir los gastos en servicios públicos fundamentales que no se cubran con la correspondiente cesión de IRPF, IVA e IIEE.

c) Incorporación de figuras tributarias de carácter autonómico que en la actualidad no forman parte del modelo (Impuesto sobre actividades del juego, Impuesto sobre depósito de entidades de crédito e Impuesto sobre hidrocarburos de las CCAA en términos normativos).

d) Aportación de las Comunidades Forales (País Vasco y Navarra) al nuevo modelo de financiación autonómica, "como contribución a un despliegue territorial equitativo en Servicios Públicos Fundamentales".

No supone más déficit

Según el informe valenciano, "esta reordenación de los recursos entre administraciones públicas supondrá una variación de los objetivos de déficit de cada una de ellas, pero tendrá un efecto neutral sobre el objetivo del conjunto de las Administraciones Públicas".

En cuanto a la subida o bajada de impuestos cedidos, la Generalitat comparte la propuesta de los expertos gestionar de manera colegiada tramos autonómicos del IVA y los impuestos especiales, para mantener la unidad de mercado que impone la UE. Sin embargo, añade que "las posibilidades de avanzar por este camino serían bastante limitadas si se exigiera unanimidad de todas las CCAA para adoptar acuerdos en este sentido, dada la capacidad de bloqueo de la dispondría cualquier comunidad", por lo que pide sistemas de toma de decisión por mayorías cualificadas en el CPFF.

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