Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Podemos)VALÈNCIA. Los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril (Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) incluyen como un compromiso en sus respectivos programas la reforma del sistema de financiación autonómica, pero con diferencias notables en el grado de concreción y, obviamente, en el sentido de la reforma.
De la comparativa entre las respectivas propuestas destaca a primera vista que PP y PSOE, las formaciones teóricamente llamadas a liderar ese proceso en un eventual gobierno de coalición con otras formaciones, son los que menos profundizan en ese compromiso, mientras que los partidos que carecen de experiencia de gobierno a nivel nacional, Ciudadanos y Podemos, son más precisos en sus respectivos planteamientos al respecto.
Socialistas y populares, que en su paso por la Moncloa no han sido capaces de culminar la confección de un nuevo modelo para sustituir al actual –caducado desde 2014–, plantean fórmulas que transitan entre el Pacto de Estado que propone la formación que lidera Pedro Sánchez o el "impulso" de la reforma que promete el partido de Pablo Casado.
Por su parte, Podemos es quien más detalla su propuesta y, además, es el único de los cuatro grandes partidos que entra en la solución a la deuda de las comunidades autónomas, una de las reivindicaciones principales de la Comunitat Valenciana de los últimos años desde su posición de comunidad peor tratada con el actual sistema de financiación. La propuesta de Ciudadanos, por su parte, gira en torno a la fijación de una cartera de servicios comunes garantizados por el Estado y abre la puerta a recalcular las aportaciones al sistema común de las comunidades forales –País Vasco y Navarra– para "evitar desigualdades entre ciudadanos".
Desde el mismo debate de la moción de censura que le aupó al Gobierno, Pedro Sánchez ya optó por el realismo al reconocer que iba a ser muy difícil culminar una remodelación al frente de un Gobierno sustentado por 84 diputados y con un parlamento muy fragmentado. El líder de los socialistas ha prometido en varias ocasiones que la cuestión se resolverá en próxima legislatura.
La promesa se plasma en el punto 21 del documento 110 compromisos con la España que quieres, en el que el PSOE dice que impulsará un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales. Para ello modificará la regla de gasto –el mecanismo encaminado a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de de las Comunidades Autónomas– con el fin de "adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio".
El PP de Casado, por su parte, considera la regla de gasto un instrumento acertado "para conseguir la solidez financiera del conjunto de Administraciones", pero también propone reformarla "de acuerdo a los estándares europeos y para garantizar la financiación adecuada de todos los servicios públicos y la sostenibilidad del sistema de pensiones".
Sobre la financiación autonómica, la formación conservadora asegura que impulsara su reforma en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre los principios de "igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal". Sin embargo, en otro punto de su programa en el que aborda cuestiones relacionadas con el medio rural, el PP promete que se tendrá en cuenta en la ponderación de la reforma un criterio que ya forma parte del sistema vigente y que, además, va en contra de los intereses de la Comunitat en el reparto de los recursos: los factores de envejecimiento o despoblación.
La propuesta de la formación de Albert Rivera se basa en un "mejor sistema" de financiación autonómico, "más equitativo, transparente y eficaz". Para ello, considera preciso fijar "una cartera de servicios comunes a todos los españoles garantizados por el Estado".
A partir de ahí, la formación naranja abre la puerta a que las diferentes Comunidades Autónomas puedan incrementar esos servicios, pero haciéndolas corresponsables de su financiación "de modo que los ciudadanos de dichas Comunidades Autónomas valoren su conveniencia".
Se recalculará de manera razonable la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal para evitar desigualdades en el acceso de los ciudadanos a los servicios.
Podemos es el partido que más detalla su propuesta: un diseño sobre la base del diálogo con todas las comunidades autónomas y vinculada a una reforma fiscal "y a la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación".
La formación de Pablo Iglesias es la única que refleja este asunto como un compromiso en su programa. Se trata de una cuestión reclamada con insistencia desde la Comunitat con el consenso de todos los partidos representados en Les Corts. La factura de la infrafinanciación valenciana alcanza, según los expertos que han participado en el diseño del nuevo sistema, los 16.000 millones de euros en forma de deuda acumulada.
Además, Podemos asegura que el nuevo sistema "garantizará que se alcancen, al menos, tres condiciones". En lugar de estar basado en un techo de gasto, una regla que "impide que los derechos de la ciudadanía sean efectivos por la vía de limitar los recursos de las Autonomías" para prestar servicios públicos, propone que se asiente en un "suelo de ingresos", que permitirá financiar "servicios públicos dignos en toda España".
Además, aunque no profundiza en detalles como el equilibrio vertical del sistema –el reparto de recursos entre la Administración Central y los que se ponen a disposición de las Comunidades– el partido morado plantea que todas las comunidades autónomas recibirían "más financiación que la que reciben en la actualidad". "Hay que tener en cuenta que, aparte de su tradicional infrafinanciación, los recortes posteriores a 2009 se hicieron recaer de manera desproporcionada sobre ellas", argumenta.
Como tercera condición, propone que el futuro modelo deberá "reducir la desigualdad territorial en cuanto a financiación".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
