Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Foto: CARLOS LUJÁN/EPVALÈNCIA (EP). PSOE y Sumar encaran la recta final de octubre, mes en el que se conjuraron para tratar de tener listo un acuerdo de coalición, inmersos en la negociación para fraguar ese pacto y con la reducción de la jornada laboral como uno de los principal puntos que les mantienen distanciados
También ha transcendido que otros asuntos en liza son el mantenimiento de los actuales impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, como reclamó durante esta semana la líder de Sumar y vicepresidenta, Yolanda Díaz. Además, el reconocimiento del Estado palestino de forma incondicional y urgente es otra de las peticiones de Sumar.
El pasado día 4 el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y Díaz se reunieron en la nueva ronda de contactos para la investidura y ambas partes acordaron intensificar las conversaciones, con la voluntad de poder conseguir un acuerdo de Gobierno en octubre. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas ambos partidos evitan hablar de fechas concretas.
En el caso de Sumar, el equipo negociador está compuesto por los secretarios de Estado Nacho Álvarez y Joaquín Pérez Rey, así como la eurodiputada Maria Eugenia Rodríguez Palop en calidad de coordinadora del programa electoral de la coalición.
Mientras, el PSOE designó una comisión negociadora con los grupos parlamentarios de la que forman parte la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños y la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, entre otros.
No obstante, ambas partes recalcan que el mes de octubre no implica una fecha límite y el viernes, por ejemplo, el ministro de Consumo Alberto Garzón ha desgranado que el 'deadline' lo marca noviembre, dado que el tope está fijado el 27 de noviembre de ese mes, cuando se disolverían las Cortes Generales si nadie logra ser investido y se convocarían nuevas elecciones generales.
Diversos cargos de Sumar han trasladado en las últimas fechas optimismo en unas negociaciones que se entablan con discreción y avanzan, pero ponen el acento en la necesidad de lograr un acuerdo ambicioso.
Así, tanto Nacho Álvarez como el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, como su homóloga en el Congreso, Marta Lois, han apuntado que no puede haber Gobierno a "cualquier precio", que la legislatura no puede ser de mera "continuidad" o al "ralentí" y que para ello es necesario lograr avances concretos y nítidos en la agenda social, como aprecian que se ha hecho en el plano territorial con el debate sobre la posible ley de amnistía.
No obstante, esta semana ambos portavoces de Sumar han puesto el foco en que un asunto que mantiene "encallado" las negociaciones y donde están alejados es la reducción de la jornada laboral, que pedirán hasta el final porque es una materia fundamental y desvelando así las reticencias del PSOE para incluir esta propuesta.
Desde las filas de Díaz ya dejaron claro que esa disminución del tiempo de trabajo era una pata esencial de su aspiración de impulsar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, unido a otras propuestas como el endurecimiento del despido, una ley de cuidados con permisos remunerados y más iniciativas en materia de vivienda.
También Díaz señaló que otro elemento es mantener el impuesto a la banca y las energéticas, dado que Sumar presiona para que se incluya en el acuerdo y ya desde la campaña electoral enfatizó que la reforma fiscal debía ser un elemento esencial del futuro Gobierno.
Los socialistas insisten en la necesidad de reeditar un Gobierno de coalición con Sumar para seguir adelante con la agenda social que desplegaron durante la pasada legislatura, y señalan que el acceso a la vivienda será una de las prioridades de los próximos años.
Por el momento no han concretado detalles sobre el pacto con Sumar, conscientes de que el principal escollo para que haya Gobierno pasa por atraer los votos de Junts y en esa negociación están concentrando buena parte de sus esfuerzos.
Después de la reunión entre Díaz y Sánchez de principios de octubre, se fijaron el mes que tenían por delante para sellar un acuerdo de Gobierno, sin embargo, según han ido avanzando las semanas, los socialistas han optado por dejar de hablar de fechas.
De hecho en el PSOE han enfriado posibilidad de una investidura rápida y cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que la votación se acerque a la fecha límite del 27 de noviembre.
En Moncloa y en Ferraz sostienen que no están preocupados, creen que finalmente habrá acuerdo y aseguran que las negociaciones se van desarrollando tal como habían pensado en un principio, sin complicaciones de última hora, aunque admiten que son complejas y por tanto es difícil solventarlas en unas pocas semanas.
Aunque el gran obstáculo para la reelección de Sánchez pasa por Junts y sus exigencias de amnistía, referéndum y mediador internacional, hay otra negociación paralela para reeditar la coalición con Sumar.
En todo caso, los socialistas han decidido dejar de hablar de fechas y no ponerse límites temporales, y eso afecta tanto a las negociaciones con el independentismo como a las conversaciones con Sumar. Se ciñen por tanto a la consigna de la "discreción absoluta" para poder alcanzar acuerdos "cuanto antes", pero evitan concretar si la fecha fijada con Sumar para tener un acuerdo de Gobierno sigue vigente.
Por otro lado, Podemos se ha desmarcado de las conversaciones con Sumar y plantea negociar de forma diferenciada con el PSOE sus cinco propuestas clave para la legislatura, como es subir el salario mínimo a 1.500 euros, congelar los precios de los alquileres durante la legislatura, derogar la Ley 'Mordaza' o renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Y también han puesto sobre la mesa estar presentes dentro del Ejecutivo y que resulta imprescindible para ello que la ministra de Igualdad, Irene Montero, repita en el cargo el próximo mandado.
Los morados han defendido que estos requisitos son la mejor fórmula para tener un Gobierno estable, dado que ya han reafirmado que quieren actuar con autonomía política dentro de Sumar, pero también han reconocido que tanto los socialistas como la formación de Díaz no han respondido a su solicitud.
También IU ha manifestado sus propuestas para la legislatura donde también figura la congelación del alquiler, la reforma de la financiación local y un plan de empleo garantizado para crear un millón de puestos de empleo, unido a su petición de estar también dentro del Ejecutivo.
Por otro lado, las fuerzas regionalistas de la coalición han esbozado requisitos de cara a esta legislatura para desplegar una agenda en sus respectivos territorios, como es el caso de la financiación autonómica (compartido por Compromís y Sumar), el traspaso de la gestión de 'rodalies' a Cataluña (los 'comunes') y el desarrollo del Régimen Especial Balear (Més per Mallorca).
