CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado, para su aprobación en el pleno ordinario del jueves 31 de octubre, una propuesta de declaración institucional para reprobar a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat, por el comportamiento "impropio e indigno de quien ostentaba la más alta magistratura del gobierno autonómico tras ser condenado a prisión por corrupción tras conocerse recientemente una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia".
Patricia Puerta, portavoz socialista, ha señalado que, "ante hechos tan graves como los recogidos en el citado fallo judicial, considerábamos fundamental que el ayuntamiento se posicionase, pero ya hemos visto que el gobierno de PPVox liderado por Begoña Carrasco ha decidido vetar el texto, para vergüenza de todos los y las castellonenses".
En la declaración institucional el PSPV, en la que se pedía la reprobación tanto por parte del consistorio municipal como del pleno de les Corts Valencia y del Consell, se instaba a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Castelló a la "imprescindible retirada de todo tipo de galardón, distinción o reconocimiento concedido por la Generalitat al expresidente Eduardo Zaplana, así como de cualquier placa conmemorativa u honorífica, de obras y/o inauguraciones, en su favor, al igual que las otorgadas a cualquier otro responsable público condenado por delitos vinculados con la corrupción". Todo ello "para contribuir al restablecimiento de la confianza en los poderes públicos y para mantener la necesaria dignificación de los máximos galardones de la Generalitat".
La Audiencia Provincial de Valencia, en una sentencia unánime de los miembros del tribunal hecha pública el pasado 15 de octubre, condenó a Eduardo Zaplana a 10 años y cinco meses de cárcel y al pago de una multa de 25 millones de euros como “criminalmente responsable” de los delitos de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales, al considerar probado que percibió millonarias comisiones ilegales, que ocultó en cuentas opacas en el extranjero, por amañar la adjudicación en 1997 de uno de los lotes del servicio privatizado de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana.
Esta adjudicación, junto con los derechos sobre el Plan Eólico, permitió a las empresas beneficiarias embolsarse unas plusvalías de 86,5 millones, de los que 38 millones correspondieron a las ITV, materializados con la venta de las acciones en noviembre de 2004. Unos beneficios que nutrieron el pago de las mencionadas comisiones ilegales y que fueron posibles porque los valencianos y las valencianas soportaron el servicio de ITV más caro de España.
"Estamos -en consecuencia- ante unos hechos de extraordinaria gravedad, cometidos durante el ejercicio del cargo por quien en esos años ejercía la más alta magistratura en la Generalitat y que han sido reconocidos abiertamente por los principales procesados, incluidos aquellos que formaban parte del núcleo de confianza en la Presidencia de la Generalitat y quienes tenían estrechos lazos de amistad con el expresidente".
Tal y como recoge el texto de la propuesta de declaración institucional, se trata de "un comportamiento indigno de cualquier responsable público, más aún si se trata del presidente de la Generalitat, ante el que Les Corts Valencianes no pueden más que expresar su condena y su repulsa, ya que mina la necesaria confianza de la ciudadanía sobre las instituciones, la democracia y sus representantes públicos, al tiempo que socava el desarrollo económico y perpetúa injusticias y desigualdades sociales".
A estas circunstancias se añade el hecho de que el expresidente Eduardo Zaplana recibió en 2002 el mayor galardón que concede anualmente la Generalitat con ocasión de la conmemoración del 9 d'Octubre, la Alta Distinción. Un reconocimiento que, en virtud del Decreto 28/1986, de 10 de marzo, del Consell, sirve para "premiar a personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido en su actividad al servicio de los intereses generales y peculiares de la Comunidad Valenciana".
En estos mismos años, sin embargo, “el expresidente mantenía un entramado corrupto para hacer efectivo el cobro de las comisiones ilegales por una adjudicación que amañó siendo el máximo mandatario autonómico”. De este modo, la vigencia de esta distinción “inflige un daño a la imagen y prestigio de la Generalitat, al tiempo que constituye una ofensa para el resto de personas galardonadas a lo largo de todos estos años y para el conjunto de los valencianos y las valencianas”. Una circunstancia que, lamentablemente, “afecta a otros representantes públicos galardonados por la Generalitat en el marco de la celebración del 9 d’Octubre”.
Ante los hechos descritos, como explica Patricia Puerta, "considerábamos que el Ayuntamiento de Castelló no podía permanecer impasible, de manera que procedía un pronunciamiento explícito y contundente con el fin de manifestar nítidamente el compromiso de los valencianos y las valencianas contra la corrupción, pero ya hemos visto que a Begoña Carrasco no le parece lo suficientemente grave y ha vetado esta iniciativa junto a sus socios de la ultraderecha".
