PSPV y Compromís abandonan el Consell sin acabar el mapa para agilizar las renovables

CASTELLÓ. Las elecciones del pasado 28 de mayo arrojaron un resultado que apunta a un seguro giro en las políticas de la Generalitat Valenciana, gobernada en los últimos 8 años por el bloque de izquierdas. PSPV y Compromís abandonarán así la gestión en la administración autonómica para dar paso a un gobierno del Partido Popular, si acaba alcanzando un acuerdo con Vox en Les Corts. Y con ello, habrá deberes que la izquierda se habrá dejado a medias.

Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de proyectos de energías renovables, tanto en materia fotovoltaica como eólica, principalmente. Y se trata del mapa de renovables que debía elaborar la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica, en los últimos meses de la legislatura dirigida por Isaura Navarro.

En diciembre, y ante los problemas de tramitación de proyectos de renovables que existían en la administración autonómica, Puig sentó a las Consellerias implicadas, entre ellas la de Transición Ecológica, donde se acordó la creación de este mapa en el plazo de seis meses.  Un mapa de la Comunitat Valenciana sobre zonas preferentes para la instalación de parques solares o fotovoltaicos, atendiendo a criterios paisajísticos, de medio ambiente, patrimoniales, industriales y territoriales. Allí donde las zonas sean declaradas "de preferencia", la autorización sería "inmediata", anunció Puig.

Se trataba, a la postre, "de ver los lugares donde no hay una afección sustancial" y ser "lo más objetivos posibles" en la aplicación de los criterios establecidos. "Cualquier implementación, en cualquier ámbito, puede tener un impacto. Seguro que hay una espacio en el que no pueda ser adecuado, pero en otro sí", explicaba Puig en aquel momento. Una advertencia de antemano tanto a la dirección general de Paisaje como a los municipios que muestran reticencias a las instalaciones de plantas de renovables.

Con ese espíritu se empezó a trabajar en la Generalitat. Durante estos meses, la Conselleria de Transición Ecológica ha estado pilotando la elaboración de este mapeo del territorio valenciano, inicialmente fijando unos criterios objetivos a partir de los cuales diseñar el "plano". Según fuentes de la misma Conselleria, estos objetivos ya se han llegado a definir en colaboración con el resto de departamentos implicados como puede ser Patrimonio y Paisaje, entre muchos otros.

Sin embargo, el compromiso de lanzar este mapa en el período de seis meses no se ha podido cumplir: el mapa de renovables todavía no está finalizado aunque hubiera borradores embrionarios, y sus impulsores -PSPV y Compromís- previsiblemente abandonarán el Consell con este proyecto a medias. Se desconoce si el nuevo Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón seguirá esta línea de trabajo o, si por el contrario, pondrá en marcha otras medidas para la agilización de los proyectos compaginándolo con la protección del territorio.

El gran atasco

Lo cierto es que el atasco en la tramitación de las renovables ha sido uno de los principales caballos de batalla del Consell en los últimos meses. Desde el sector llevaban denunciando la parálisis en la salida de los proyectos y el peligro que esta situación estaba provocando para las empresas, muchas de ellas pymes que se jugaban su viabilidad. 

Según datos de Red Eléctrica, a cierre de 2022 solo se habían desarrollado 11 MW en el último año. Desde 2018, es decir, en los últimos cinco años han sido 59 MW, un dato que contratas con los 2.700 MW instalados en Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe y con similar radiación solar; 918 MW en Murcia; o 3.000 MW en Andalucía en el mismo periodo de tiempo.

Las discrepancias en el seno del propio Consell han sido la principal causa del atasco. Durante semanas, cada Conselleria a la que le compete la tramitación de renovables comunicaba su criterio de manera independiente, con visibles desacuerdos y declaraciones públicas cruzadas. La disputa llegó a tales niveles por los diferentes modelos que cada socio del Botànic defendía que desencadenaron en el cese del director de Transición Ecológica. 

Una situación, y la posibilidad de acabar en los tribunales, que llevó al propio Puig a poner orden y dirigir la posición del Ejecutivo autonómico hacia el acuerdo para acelerar los plazos. Y ese toque de atención finalmente ha tenido sus frutos liberando poco a poco la tramitación de proyectos. De hecho, desde el sector se nota un cambio positivo en la tramitación, reconocen a este diario. Aunque sin embargo, no haya dado tiempo a acabar el mapa de renovables.

Dos de los factores que han tenido mucho que ver han sido han sido, por un lado, el aumento de los recursos humanos implicados en esta materia, y, por otro, el informe de la Abogacía de la Generalitat, que fijó la hoja de ruta a seguir y permitió desatascar la situación al evitar interpretaciones sobre cómo proceder con los expedientes.

Fue la propia consellera de Territorio, Rebeca Torró, del PSPV, quien, consciente de que parte del 'tapón' estaba en la dirección general de Paisaje, dependiente de su Conselleria, pero dirigida por Rosa Pardo (Compromís), consultó a los letrados de la Administración para clarificar dudas. En su informe la Abogacía fijó unas pautas con el criterio a seguir para evitar la parálisis y el bloqueo. Una hoja de ruta que se plasmó en una instrucción con las disposiciones a considerar en la elaboración de informes durante la tramitación de proyectos de renovables. Dos hechos que han permitido salvar la situación.

"En la Comunitat Valenciana siempre hemos ido súper retrasados en materia de renovables y nunca hemos puesto el foco en fomentar esta energía", aseguraba en una entrevista con este diario Bernardo Luis, delegado de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en la Comunidad Valenciana y CEO de DPV Energy.

Unas palabras que se suman a las exigencias desde la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía (Avaesen), que urgía a la Administración valenciana a ofrecer seguridad jurídica para no perder la oportunidad de generar 5.000 nuevos empleos y retener los cerca de 7.500 millones de euros de inversiones que hay previstas en la Comunitat Valenciana. "No solo las renovables son importantes por los millones de euros y empleos que hay en juego, sino para coser el territorio porque todo ello revertirá en las zonas más despobladas”, aseguraba hace meses su presidente, Marcos Lacruz.

De hecho, la Generalitat llegó in extremis a resolver los 107 proyectos de renovables (tanto de energía fotovoltaica como eólica) que debía valorar el Consell antes del 25 de enero. Ese día era el plazo máximo que había fijado el Ministerio de Transición Energética para que los expedientes recibieran la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para continuar con la construcción y no perder los avales ni puntos de conexión. Se llegó a contrarreloj, pero no sin antes  evidencias las discrepancias públicas en el seno del propio gobierno autonómico.