Concentración de Escola Valenciana. Foto: EPVALÈNCIA. El Consell del Botànic II que integran PSPV, Compromís y Unides Podem celebrará este viernes el último pleno de la legislatura. Una cita en la que no podrán aprobar el requisito lingüístico para acceder a un puesto en la Función Pública valenciana, dado que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) no aprobó en su pleno de este miércoles el dictamen preceptivo del decreto que lo regula.
La semana pasada los consejeros decidieron por unanimidad dejar sobre la mesa este decreto por la "complejidad" del texto y la falta de tiempo que tuvieron para estudiarlo en profundidad. No se trataba de cualquier normativa: esta regularía un requisito de acceso al empleo público. Por lo que se emplazaron a volver a estudiarlo en el pleno de esta semana, pero de nuevo el decreto quedó sin validar ayer miércoles, lo que impide al Consell en la práctica aprobarlo de forma definitiva para que este entrase en vigor.
Sin entrar en detalles ni especificar el motivo por el que no superó el filtro del Jurídic, fuentes consultadas por este diario apuntan que en los últimos días, varias asociaciones de letrados habían registrado alegaciones al decreto.
Pero más allá del motivo por el que no fue validado en el pleno, lo que resulta relevante es que tras ocho años de negociaciones entre Compromís y PSPV para aprobar la norma y acordar un diseño que contentó a ambas partes, este no se aprobará. Tras ocho años, el Botànic acabará la actual legislatura sin dar luz verde al requisito. Y se da por hecho que tampoco lo hará cuando entre en funciones hasta que se constituya el siguiente Consell, dada la trascendencia de la normativa que se trata.
Los inicios de las negociaciones se remontan a 2016. PSPV y Compromís mantenían diferencias sobre el grado de conocimiento que debería acreditar cualquiera que quisiera convertirse en funcionario. Los primeros creían que debía ser considerado un mérito en las oposiciones, pero los segundos quisieron elevarlo al grado de requisito. Las diferencias en la legislatura pasada ralentizaron su periplo burocrático hasta casi la parálisis y, de hecho, la norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell.
Cabe recordar que la reforma de la Ley de Función Pública y la introducción en ella del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario en la Administración pública era uno de los grandes compromisos legislativos del primer mandato del Botànic en la Generalitat.
La exigencia del conocimiento del valenciano estaba incluida en el borrador de la ley de Función Pública que comenzó a redactarse en 2016, pero la lenta tramitación del texto legal hizo que Compromís desconfiara en los últimos meses de la legislatura de que esta normativa finalmente fuera a aprobarse antes de que se convocaran las elecciones. Por lo que llegaron a plantear que el requisito se introdujera vía enmienda en Ley de Acompañamiento de 2019. Pero la propuesta no caló en el PSPV y el adelanto electoral enterró la tramitación de la norma.
Con el inicio de la legislatura actual, Compromís fijó el requisito lingüístico entre las prioridades a abordar por el Consell del Botànic II. En febrero de 2020, antes de la pandemia, los socios del tripartito acordaron el redactado de la nueva Ley de Función Pública.
En ella fijaron, en su disposición final tercera que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, el Ejecutivo valenciano aprobaría "a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública -la que dirige Gabriela Bravo (PSPV)-, la disposición reglamentaria" que regulara "la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana". Eso sí, previamente debería contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano (Compromís).
El plazo de un año que se dieron se superó con creces y no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando acordaron el diseño del requisito que contentó a ambas partes. Por un lado, la Conselleria de Educación que lidera Raquel Tamarit (Compromís) redactaría el decreto de homologación. Y, por otro, la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo (PSPV) se encargaría del decreto del requisito, donde quedaría recogido el nivel de valenciano a acreditar en función de la categoría funcionarial a la que se pretendiera acceder.
El primero, fue aprobado por el pleno del Jurídic la semana pasada. De hecho, Educación remitió el texto al órgano consultivo que preside Margarita Soler el 19 de abril. El segundo, sin embargo, tardó más en remitirse al CJC: no llegó al registro de entrada del órgano hasta el 12 de mayo. Un retraso que desde Justicia aseguran que se produce porque en el departamento gestionado por los socialistas tuvieron que esperar al informe favorable de Política Lingüística y más adelante, el de Abogacía de la Generalitat. Desde Educación, sin embargo, defienden que Política Lingüística envió su informe en tiempo y forma, por lo que con el paso de los días y la cercanía de las elecciones, el retraso ha despertado todo tipo de suspicacias en Compromís.
Con todo, y a pesar de que el decreto de homologación ya cuenta con el visto bueno del Jurídic, el requisito no podría aprobarse en el pleno de este viernes porque el dictamen del Jurídic es preceptivo. A esto se suma que Compromís y PSPV acordaron que los dos decretos irían a la vez a un pleno del Consell, puesto que eran normativas que iban "de la mano". Al no hacerlo este viernes 26 de mayo, el requisito volverá a quedar en un cajón por segunda legislatura consecutiva.
El redactado fija un periodo transitorio desde la actualidad hasta 2025. Durante ese periodo de dos años, el conocimiento de valenciano que se les exigiría a los funcionarios y aspirantes a serlo sería de un B2 o B1. En concreto, aquellos que optasen a una categoría C2 de la Administración tendrían que probar que tienen un nivel de valenciano B1 -Grado elemental-, mientras que los aspirasen a escalas superiores tendrían que acreditar que tienen un nivel B2, un tramo intermedio entre el elemental y el antiguo Grau Mitjà.
Para ello, no deberían superar ningún examen concreto de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Sino que sería la propia Conselleria de Educación la que acreditase el nivel que tendría cada aspirante. ¿Cómo? A través del expediente académico de cada uno, la homologación sería automática. Si han cursado Bachillerato obtendrán un B2. Si solo han cursado la ESO y han superado la asignatura de valenciano, tendrán el B1.
Pero a partir de 2025, en caso de aprobarse finalmente la normativa, la situación cambiaría. A partir de la OPE que se convoque en ese ejercicio, la Generalitat exigiría otros niveles: el conocimiento de valenciano C1 -el antiguo Grau Mitjà- para todo aquel que desease acceder mediante un proceso selectivo a los grupos más altos de la Administración, A1 y A2; es decir, los altos funcionarios con estudios universitarios. Mientras tanto, a aquellos que optaran al grupo B o C1 les valdría con acreditar un conocimiento del idioma B2; y los que se presentaran a una oposición de C2, deberían probar que tienen un nivel de valenciano B1.
Una de las consecuencias inmediatas del bloqueo del requisito será que la Oferta Pública de Empleo de 2023 pasará a no estar afectada por el requisito. O lo que es lo mismo, el conocimiento del valenciano no será exigido en estas oposiciones.
