VALÈNCIA (EP). El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el "desmantelamiento" por parte del equipo de gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa María José Catalá y formado por PP y Vox, "de las políticas de cooperación e inmigración en el consistorio.
La concejala socialista y extitular de Cooperación al Desarrollo y Migración en esta administración, Maite Ibáñez, ha señalado, en un comunicado, que esa denuncia se ha formulado, "en especial, por el recorte de los plazos de estancia en los centros municipales para las familias" de acogida, fijado en 14 días prorrogable a otros 14. La edil ha considerado que esa medida "pone en riesgo la protección de niños y niñas".
Ibáñez ha censurado que en "tan solo seis meses" al frente del ejecutivo local "Catalá ha suprimido concejalías --de Cooperación y Migración--, presupuestos y ayudas" y ha lamentado que haya "recortado plazos de acogida".
La representante del grupo municipal socialista ha afirmado que "ante la vulneración de derechos" el PSPV-PSOE ha tenido que dirigirse al Defensor del Pueblo.
"El acuerdo de gobierno de María José Catalá es insostenible", ha afirmado Maite Ibáñez, que ha asegurado que se trata de "una vulneración de los derechos fundamentales de personas vulnerables". La concejala ha apuntado que esas personas están "en una situación social que requiere la ayuda y colaboración de las administraciones, que no pueden darles la espalda cuando llegan a nuestra ciudad".
La edil del PSPV ha agregado que "para el equipo de gobierno de Catalá existen inmigrantes de primera y de segunda, en función de su país de procedencia". "Eso se llama racismo institucional y aporofobia", ha aseverado.
Ibáñez ha considerado "alarmante" que el ejecutivo municipal haya "delimitado la atención a las personas" y ha reiterado que eso "está llevando a un aumento del número de asentamientos" en la capital valenciana.
"Ante esta situación, hemos tenido que hacer este llamamiento al Defensor del Pueblo, para que se dé una respuesta social que cumpla las garantías de atención y de respeto a los derechos humanos que desde luego toda administración debe proteger pero que Catalá no cumple", ha expuesto.