VALÈNCIA (EP). El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha anunciado este viernes que presentará una moción en el consistorio para que "de manera urgente" se declare la ciudad "zona tensionada" por el alquiler y para que el consistorio comience a aplicar las herramientas de la Ley de Vivienda.
Los socialistas han señalado que esta ley ya se aplica en otras ciudades como Barcelona y han subrayado que incluye, entre otras medidas, la limitación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas. Además, han criticado que los valencianos "pagan 572 euros de más cada mes en alquiler porque -la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP)- no aplica" esa norma estatal.
Así lo han indicado el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio valenciano, Borja Sanjuán, y la edil de esta formación Elisa Valía en la rueda de prensa que han ofrecido para anunciar su moción y reclamar la aplicación de la Ley de Vivienda en la capital valenciana.
Los concejales han manifestado que atender lo recogido en esa norma reduciría los precios del alquiler entre 248 y 1.214 euros, una media de 572 euros. "Catalá tiene que elegir la única de las opciones que tiene encima de la mesa, que es la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda", ha afirmado el portavoz socialista.
Borja Sanjuán ha considerado que la primera edil está descartando aplicar esa normativa nacional "exclusivamente por su sectarismo ideológico en contra de los intereses de los vecinos y vecinas de València" y por "oposición" al presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez.
"Catalá no puede hacer que en un barrio como Patraix, cada inquilino esté pagando 780 euros de más todos los meses solo porque no le gusta que la ley la haya hecho Pedro Sánchez. No puede ser que la oposición a Catalá, le cueste, por ejemplo, 404 euros al mes a una personas que vive en el barrio de Benicalap", ha agregado el edil.
Sanjuán ha comentado que la trasposición de la Ley de Vivienda a la ciudad de València "permitiría que los alquileres se redujeran, por ejemplo, 420 euros en Saïdia, 780 euros en Patraix, 476 euros en Jesús, 520 euros en l'Olivereta, 620 euros en Quatre Carreres o 881 euros en Poblats Marítims".
"No puede ser que se estén pagando 500, 600, 700 o 800 euros más de lo que establecen los límites del precio del alquiler de la Ley de Vivienda porque Catalá esté obcecada en que no tiene que aplicar" esa norma, ha insistido el portavoz del PSPV-PSOE.
Sanjuán y Valía han asegurado que se ha demostrado en otros lugares, como Barcelona, que esa norma "funciona". El edil ha añadido que "la resistencia" de la alcaldesa a atender lo recogido en esta normativa está contribuyendo también a expulsar "a miles de valencianos de sus barrios porque no se pueden permitir pagar unos alquileres desbordados".
"Miles de familias que viven de alquiler en València, especialmente de parejas jóvenes, saben que el día que se les acabe el contrato de alquiler les echarán de su ciudad. Pero si se aplicara la Ley de Vivienda, esas personas tendrían garantizado que el día que se les acaba el contrato de alquiler se puedan quedar a vivir a Valencia", ha expuesto Sanjuán.
El portavoz socialista ha manifestado que esta es una cuestión "suficientemente importante" que debería hacer que "todos los partidos políticos dejen al lado" sus "diferencias absurdas" y el "juego de trincheras" para aprobar "juntos, como se hizo con la moratoria de apartamentos turísticos aunque que fuera tarde, la declaración de zona tensionada".
Borja Sanjuán ha añadido que pueda pasar como con esa moratoria, que tras pedirla "mes tras mes sin que Catalá aceptará llegó un momento en el que la ola se hizo tan grande que acabó pasándole por encima" a la alcaldesa y "tuvo que rectificar y aprobarla".
Elisa Valía ha afirmado que la única política en materia de vivienda que ha desarrollado el gobierno -de PP y Vox- que lidera María José Catalá en su primer año y medio de mandato ha sido "convertirse en un especulador más".
"Las propuestas del PP en materia de vivienda han sido regalar suelo a los promotores, subir el módulo de venta y alquiler de la vivienda protegida, la que debe garantizar el acceso de las personas que más difícil lo tienen; disparar el alquiler a los inquilinos de -la empresa municipal- Aumsa y no adjudicar ni una sola vivienda disponible de Aumsa en un año y medio a pesar de disponer de varias decenas de viviendas vacías", ha expuesto.
Elisa Valía ha aseverado que esta situación se suma "a la decisión del gobierno de Catalá de no utilizar la figura del tanteo y retracto, un sistema que permitió, por ejemplo, adquirir el edificio -de Safranar- donde se realojó a los afectados del incendio de Campanar, en inmuebles de menos de diez viviendas".
"Catalá está renunciando a incorporar viviendas por un sistema que se ha demostrado especialmente útil simplemente por la incapacidad de su gobierno a la hora de gestionar los recursos públicos. Esta ciudad no puede permitirse perder ni una sola vivienda pública que ayude a combatir la enorme crisis que atraviesa actualmente" este ámbito, ha declarado la concejala.