El PSPV se retira de la nueva causa de Carlos Fabra tres meses después de personarse 

VALÈNCIA. El PSPV ha decidido retirarse como acusación popular de la nueva causa que afecta al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra tres meses después de comenzar a ejercerla. Los socialistas solicitaron su personación el pasado enero al juzgado de Instrucción número 4 de Castellón. En febrero, Jacobo Pin, actualmente en funciones de sustitución, la aceptó condicionada a la prestación de una fianza de 3.000 euros.

El magistrado razonó que se puede admitir que el interés del partido es "la salvaguarda de los intereses generales que se ven afectados por la indubitada trascendencia social de los hechos investigados, que atentan a parámetros fundamentales que conforman la línea de flotación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y a la dignidad de los ciudadanos". 

Pero pasado este tiempo, con la finalización de la instrucción y llegado el momento de presentar los escritos de acusación contra el expolítico, su familia y diversos empresarios, los socialistas han considerado que su labor en la causa ya no tiene que seguir adelante. Desde el partido señalan que dan por cumplido su trabajo y su objetivo y que éste ha quedado recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía en el que pide una pena de 12 años de prisión para Fabra. Igualmente, lamentan que la manera de concebir la política por parte del que fuera presidente de la Diputación de Castellón "haya sido aplaudida por personas del PP que siguen ocupando cargos públicos". 

"Una vez más, y a diferencia otros partidos, el socialista ha sido el único que ha estado en las causas judiciales porque entendemos que, para acabar con la impunidad, necesitamos justicia, y así nos hemos asegurado que el juicio llegaba a buen término. Y si hay que volver, volveremos", aseguran. 

Solo la Fiscalía presentó escrito de acusación 

La semana pasada, Anticorrupción solicitó 12 años de cárcel para Fabra por el presunto entramado elaborado para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según considera el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros. Así, el fiscal le atribuye los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.

Otras de las penas van dirigidas contra dos de sus hijos, su exmujer y su yerno, y a las cuales se suma la petición de una multa de 3 millones a cada uno de ellos por blanqueo de capitales, lo que da una cantidad total de 18 millones de euros. 

Tras el procesamiento de los acusados y el escrito de la Fiscalía, el siguiente paso –después de la presentación de recursos por parte de los acusados– será el de la apertura de juicio oral.