Fran Ferri y Manuel Mata, síndics de Compromís y PSPVVALÈNCIA. El pasado mes de diciembre Les Corts aprobaron una enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018 para que en este ejercicio se implantara un nuevo impuesto sobre la incineración de residuos y se ampliara el de vertidos industriales. El nuevo tributo afectaba principalmente a las industrias cementeras y azulejeras, que no tardaron en manifestar sus críticas al mismo. Y al parecer funcionaron, puesto que apenas 20 días después el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció, tras visitar a la patronal de la cerámica Ascer, que se estudiarían bonificaciones para que no afectara a la competitividad de las empresas.
Ahora, a nueve días de que el impuesto entre en vigor, PSPV y Compromís -que anunciaron que querían bonificar la tasa un mes después de aprobarla- trabajan en una Proposición de Ley que quieren llevar al pleno del próximo 4 de julio para modificar la ley de Acompañamiento con el objetivo de rebajar los tramos de este impuesto durante su primer año de vida.
La reforma propuesta es que del próximo 1 de julio al 1 de julio de 2019 la tasa que deban pagar estas industrias sea menor a la aprobada, y que pasados estos doce meses ya se abonen las cantidades previstas en la enmienda original. Una manera, especifican, de introducir el impuesto de forma progresiva.
Las nuevas cuantías, no obstante, todavía están por definir, ya que los socialistas y valencianistas siguen negociando con Podemos -autor original de esta medida- las cantidades que quieren hacer pagar a las empresas durante este primer año de implantación.
Los del puño y la rosa hablan de "precio simbólico" -Puig prometió bonificaciones de hasta un 90%- para que las industrias cumplan con la normativa europea, mientras que los morados, que están dispuestos a aceptar este periodo de adaptación, no aprobarán que las cuantías sean "irrisorias". Si lo son, advierten, no votarán a favor de esta ley que tanto PSPV como Compromís quieren presentar por lectura única -es decir, sin posibilidad de ser enmendada- para sacarla adelante cuanto antes ante la inmediata entrada en vigor del impuesto.
Si finalmente no hay acuerdo y los grupos que integran el Botànic no cuentan con el favor del grupo que lidera Antonio Estañ, los socialistas no descartan negociar con el PPCV, que hace unos días propuso una moratoria de un año para que las empresas comenzaran a pagar este impuesto. Sin llegar a este extremo de permitir que se aplace el pago hasta el próximo año, los socialistas creen que podrían llegar a un acuerdo con los populares. Con sus votos, sería suficiente para que PSPV y Compromís sacaran adelante la PL, ya que sumarían 73 escaños, aunque no podría registrarse por lectura única.
Como viene informando este diario, las principales compañías afectadas por el nuevo gravamen a la incineración de residuos serán las cementeras Cemex -en Buñol- y Lafarge -en Sagunto-, a quienes afectará en gran medida por contar con un alto porcentaje de valorización (la incineración de residuos a modo de combustible, que supone actualmente entre el 30% y el 40% del total de su consumo). También afectará a las empresas del sector azulejero que utilicen los denominados CDR (Combustibles Derivados de Residuos), y a las empresas gestoras de vertederos.
Por lo que respecta a los vertidos industriales, el nuevo impuesto -si no se modifica- disparará entre un 320% y un 730% las cuotas en la Comunitat, que serán repercutidas a las empresas que hagan uso de las instalaciones. La mayor de todas las subidas previstases la de los 'Residuos No Peligrosos No Susceptibles de Valorización excepto RCDs', cuya cuota pasa de 3 euros por tonelada a un total de 25, lo que supone un 730% más.
Por su parte, los 'Residuos Peligrosos Susceptibles de Valorización' pasan de un coste de 10 euros por tonelada a un total de 42, un 320% más; y los 'Residuos Peligrosos No Susceptibles de Valorización' se modifican de 7 euros a 35, un 400% más. La autoliquidación de estos importes corre a cargo de "el titular de la exploración del vertedero en sustitución del contribuyente, trasladando el coste del tributo íntegramente sobre las personas que realicen el depósito", según recoge el texto original de 2013.
Cabe subrayar que el impuesto de vertidos también impacta en la industria azulejera. El secretario de Ascer, Pedro Riaza, advirtió hace unos meses que el aumento de la tasa de depósito de residuos en vertederos aprobada por Les Corts supondría para el sector cerámico unos costes de 1,5 millones de euros anuales.
